Cristina tendrá que volver a Comodoro Py.

Fue por goleada: siete a dos. La mayoría de la integrantes de la Cámara de Casación Penal resolvió hoy la integración de las salas para el año próximo a partir de los cargos vacantes, que deben ser cubiertos como subrogantes por los mismos jueces. Todas las expectativas estaban puestas en la Sala I, que es la que debe resolver la mayor parte de los casos en los que la ex presidenta Cristina Kirchner está involucrada.

A partir del año próximo, la Sala I estará integrada por Ana María Figueroa (originaria de esa sala), con la compañía de Eduardo Riggi y Liliana Catucci. Los dos últimos reemplazan a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que la integraron este año junto con Figueroa. Entre los tres nunca hubo química: la mayor parte de las veces Hornos y Borinsky votaban en contra de Figueroa, a quien los diarios hoy oficialistas definen como kirchnerista.

Hornos, Borinsky y Figueroa convocaron a una audiencia para el próximo 19 de diciembre para escuchar a las partes y decidir si debe abrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Kirchner y otros funcionarios. El fiscal Javier De Luca desistió de apelar el cierre de la causa.

Por lo que esa audiencia cobra relevancia sólo en lo que se refiere a la participación de la DAIA como querellante en la causa. En Tribunales se discute si la actual conducción del organismo puede ejercer ese rol querellante, ya que se requiere una poder especial para representar a todos los miembros de la entidad.

Los jueces de Casación, decidieron en el plenario de hoy, que esa audiencia será llevada adelante por los mismos tres jueces que la convocaron. Se desactiva entonces, lo que el diario Clarín definió como una maniobra kirchnerista para evitar que se abra la denuncia de Nisman.  «Se ratificó el consolidado criterio vigente en punto a que el tribunal integrado al momento de fijar la audiencia de informes debe resolver el recursos atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición», dice un comunicado de la Cámara. El texto alude a todas las causas, pero es un tiro por elevación a quienes hablaban de una maniobra k para sacar a Hornos y Borinsky.

Pero la realización de la audiencia está en duda, porque la defensa del ex canciller Héctor Timerman, rechazó la convocatoria con el argumento de que no se respetaron los plazos procesales. Los tres jueces deben decidir si confirman esa fecha o si se posterga y en ese caso, quienes participarán de esa audiencia.

Se informó también que que para nombrar a los jueces subrogantes se designó a los que menos tiempo habían ocupado esas tareas “a los fines de una equitativa distribución de la carga de tareas”. Aunque se diga que es para que todos trabajan parejo, no debe olvidarse que los subrogantes cobran un 30 por ciento más de salario.

Quienes votaron por integración de las salas fueron Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Eduardo Riggi, Liliana Catucci, Angela Ledesma, Pedro David y Juan Carlos Gemignani. Los dos que votaron en contra fueron Hornos y Borinsky, quienes quedaron en una ostensible soledad.

En el acuerdo de hoy los camaristas designaron a la nueva presidenta para el año próximo, que será Catucci, en lugar de Slokar, que deja el cargo. Vicepresidente primero será Riggi y Ledesma, será vicepresidente segunda. En algún momento, se mencionó que la presidencia recayera en Gemignani, pero luego del escándalo que protagonizó durante la feria judicial de invierno, cuando ordenó el arresto de una secretaria que desobedeció una orden, nadie creyó que fuera una buena señal su designación.

Los otros dos jueces que acompañarán a Figueroa en la Sala I, no pueden ser considerados kirchneristas: Catucci y Riggi integran el máximo tribunal penal del país desde su conformación en 1992, cuando la Cámara de Casación se creó tras la reforma que instauró los juicios orales, en lo que se conoció como Código Levene, en referencia al ex presidente de la Corte, Ricardo Levene. Fue el propio Levene quien impulsó a Catucci a la Cámara de Casación. Riggi también llegó a Casación en 1992. Riggi fue acusado de haber cobrado coimas durante la investigación del crimen del militante Mariano Ferreyra, para beneficiar al ferroviario José Pedraza, pero resultó sobreseido.

La Sala I es la que intervino hasta ahora en causas sensibles a la ex presidente. Por ejemplo, tuvo que resolver incidentes en la llamada causa Hotesur (alquiler de habitaciones en hoteles de la familia presidencial al empresario Lázaro Báez), Los Sauces (en este caso alquileres de inmuebles entre los citados) y la del dólar futuro, en la que la ex mandatario se encuentra procesada.