De Vido dijo ser víctima de una persecución.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, confirmó hoy el pedido de desafuero y detención del ex funcionario y actual diputado nacional Julio De Vido, por considerar que está «protegido por sus fueros»
y «en condición de privilegio» respecto al resto de los imputados en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en el manejo de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
«De Vido está protegido por sus fueros, en una situación de privilegio», dijo Moldes en diálogo con radio Mitre, en el que insistió con la metáfora de que no se puede tener «el medio mundo lleno de monjarritas y el tiburón nadando en aguas abiertas».
El fiscal explicó que «el único de los que están imputados en la causa que mantienen vinculaciones con el poder político y la capacidad de aprovechar sus influencias se llama Julio De Vido», al fundamentar las razones de su
dictamen ante la Cámara Federal porteña, que debe expedirse en relación al pedido de desafuero y posterior detención de De Vido, que fue rechazado en primera instancia por el juez federal Luis Rodríguez, a cargo del
expediente por irregularidades en los fondos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En este sentido, Moldes indicó que existen seis pedidos de exención de prisión en la causa -no figura De Vido entre ellos- y también que esa medida se concedió «con algunas garantías y resguardos» como «el retiro del pasaporte, el llamado a indagatoria, la presentación ante el juzgado cada mes, y una caución real».
En este marco, el fiscal Moldes resaltó que «el caso de De Vido es diferente», porque tiene «una condición de privilegio por los fueros» a raíz de su función como diputado nacional.
Moldes citó un fallo de la Cámara Federal de principios de mes en el que considera que las detenciones de los imputados se debían valorar analizando el entorpecimiento de la causa «derivadas del mantenimiento del poder
público y/o sus influencias», y afirmó: «De Vido se encuentra en esa situación; es el único que mantiene vinculaciones con el poder político».
El jueves pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la decisión del juez federal Luis Rodríguez de no solicitar la detención del ex ministro y actual diputado nacional Julio De Vido, en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
La apelación, junto con otras planteadas por las defensas de los imputados en el caso, será tratada el 3 de octubre próximo en una audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña.
El fiscal, que ya había solicitado la detención de De Vido a principios de julio, insistió en que por la «gravedad del hecho» investigado y su trascendencia pública, el ex ministro de Planificación Federal debería ser detenido en prisión preventiva.
Stornelli solicitaba la detención para evitar que se conforme «una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias», según consta en el expediente.
Como el ex funcionario es en la actualidad diputado nacional, si algún juez hiciera lugar a la solicitud del fiscal, debería reclamar el desafuero a la cámara baja del Congreso antes de ordenar un eventual arresto.
Hace tres semanas, el juez Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro De Vido y a otras 36 personas a las que les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su resolución de 30 páginas.
En el expediente se investiga la presunta malversación de 26.000 millones de pesos que el desaparecido Ministerio de Planificación destinó a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los fondos estaban relacionados con los planes de modernización de la mina de Río Turbio y con la construcción de la Usina Térmica, ambos investigados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).