La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal  N° 12 a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta trabajaron conjuntamente para solicitar con éxito a la jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que ordene el embargo con fines de decomiso de una gran cantidad de bienes del grupo Hope Funds (inmuebles, automotores, embarcaciones, entre otros), el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo y la prohibición de innovar respecto de la composición accionaria de una gran cantidad de sociedades.

La Fiscalía y la Procelac  presentaron, con fecha 12 de octubre de 2017, un profundo dictamen ante el Juzgado Federal n°1 de esta ciudad, en el que abordaron integralmente las denuncias que dieron inicio a las causas, los principales ejes de investigación sugeridos para el caso, el encuadre jurídico de los hechos que conforman las tipologías delictivas bajo análisis y las medidas sugeridas para la investigación y cautela de los bienea, estas últimas en el marco de la política criminal que se viene sosteniendo desde la Procuración General de la Nación en materia de recupero de activos de origen ilícito (Resoluciones N° 129/09, N° 914/12 y N° 339/14 de la Procuración General de la Nación) y en sintonía con los compromisos internacionales asumidos en ese campo por el Estado argentino a través de distintas Convenciones Internacionales (Convención contra el Crimen Organizado, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción).

De conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la jueza dispuso, entre otras medidas cautelares, el embargo con fines de decomiso del paquete accionario de una empresa del Grupo por el valor estimado de $ 18.950.000, de un terreno sito en General Rodríguez valuado aproximadamente en u$s 4.600.000, 4 automotores, cuatro vehículos, una embarcación y la cautela de la totalidad de los paquetes accionarios vinculados a las personas físicas y jurídicas investigadas.

«El desfalco habría tenido una cantidad de víctimas que se aproximaría al millar de personas.

En la causa se investigan los hechos en los cuales habrían tomado participación un grupo de personas liderado por Enrique Juan Blaksley Señorans, quienes habrían montado una estructura destinada a captar sumas millonarias en pesos y dólares de numerosas personas, a través de la suscripción de mutuos a plazo con la obligación de restituir la suma aportada más los intereses pautados que superaban ampliamente las tasas de mercado y con garantías no verificadas. Sin embargo, las exorbitantes sumas captadas por el grupo Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes, en su mayoría destinadas a bienes duraderos y no a inversiones puntuales, tanto en el ámbito nacional como internacional a través de sociedades offshore. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que este escenario no habría obedecido al azar ni a imposibilidades netamente contractuales de cumplimiento, sino que habría sido orquestado de manera premeditada con el objetivo de no restituir e impedir el recupero de los fondos propiedad de los aportantes.

El desfalco habría tenido una cantidad de víctimas que se aproximaría al millar de personas. A través de esta mecánica delictiva conocida como “estafa piramidal” Hope Funds habría también evadido el pago de impuestos al fisco y habría llevado a cabo maniobras para reinsertar y poner en circulación en el mercado formal, dando apariencia de licitud, los multimillonarios fondos obtenidos.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Procelac, a través del Área de Fraudes Económicos y Bancarios a cargo de Milton Khaski, y la Dirección General de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, apunta, a su vez, a desentramar un conglomerado societario compuesto por más de 100 sociedades argentinas y extranjeras, muchas de las cuales se encuentran registradas en países considerados “paraísos fiscales”.

Fuente: Fiscales