Por Rafael Saralegui
Por primera vez desde que se denunció la desaparición de Santiago Maldonado, el 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia en el departamento Cushamen, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, recibió hoy declaración como testigos a tres gendarmes que participaron de la represión en el predio que la comunidad mapuche ocupa desde marzo de 2015, en una estancia del grupo Benetton.
Pero además el juez recibió de manos de funcionarios del Gobierno los informes de los sumarios internos que se realizaron en el Ministerio de Seguridad con los efectivos de la Gendarmería involucrados en la represión y que ponen en duda las declaraciones de la propia ministra Bullrich, cuando un par de semanas atrás defendía en público a los efectivos involucrados y esos mismos efectivos reconocían en privado que habían participado de la represión, aunque ninguno llegó a admitir que el joven fue detenido.
Los gendarmes que declararon esta mañana ante el juez Otranto fueron el sargento primero César Alberto Peralta, sargento ayudante Walter Domingo Ruíz Díaz y sargento Juan Peloso, según dijeron fuentes de la causa. Los tres son integrantes del Escuadrón 35 de El Bolsón, de la Gendarmería Nacional y participaron del violento desalojo de la ruta 40 e ingresaron en el predio de los mapuches, situado a unos 80 kilómetros de Esquel.
Los tres efectivos fueron citados a declarar entre las 10 y las 12, a la misma hora en que iban a declarar otros tres integrantes de la comunidad mapuche, que fueron testigos de la represión de Gendarmería. Esas declaraciones fueron entonces postergadas.
Otranto recibió la declaración de los gendarmes luego de que el gobierno diera una giro respecto de sus posiciones iniciales, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en el Congreso, que no iba a “tirar a ningún gendarme” por la ventana, cuando se la interrogó sobre la responsabilidad de la fuerza de seguridad en la desaparición del joven artesano.
El cambio de estrategia del oficialismo comenzó la semana pasada, cuando el gobierno envió hasta Esquel al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al número dos del Ministerio de Justicia, Santiago Otamendi, luego de que Bullrich hubiera sido convocada a hacer silencio. Los dos se entrevistaron con el juez y les dijeron que se ponían a su disposición. Durante el fin de semana, llegó hasta el despacho de Otranto, Gerardo Millman, secretario de Seguridad Interior. Y hoy siguieron las visitas al juzgado de los funcionarios del gobierno, interesados en despejar la figura de la desaparición forzada.
«Quisimos traer en forma urgente estas declaraciones tomadas en el marco de las actuaciones administrativas que hizo la Gendarmería y que son muy importantes para la investigación», dijo Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, ministerios públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad. Cané llegó al juzgado acompañado por Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional del Ministerio.
Lo más llamativo es que esas declaraciones ponen en duda las declaraciones de Bullrich, que ya no dijo la verdad cuando aseguró que su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, estaba en la región de paso, cuando se produjo la desaparición de Maldonado. Dos testigos dijeron que Noceti estaba en la ruta cuando desapareció el joven.
“En líneas generales las declaraciones de los gendarmes no fueron significativas, lo que es más significativo son los distintos informes que le presentaron entre el domingo y ayer las autoridades del Ministerio de Seguridad al juez con las declaraciones de los gendarmes en los sumarios internos”, dijo una fuente con acceso al expediente.
“Luego de la teoría de los siete gendarmes que fue presentado el lunes por Clarín, ahora los informes dicen que los gendarmes declaran que algunos llegaron al río.Uno dice que con un escopetazo le pegó a un árbol, otro dice que le tiró un piedrazo a un mapuche que cruzaba el río, otro dice que se había quedado en la orilla. Dan a entender no lo que lo detienen, pero la descripción de los hechos se acerca más a la realidad”, agregó la fuente.
Sin embargo, lo más llamativo y grave, según quiénes tienen acceso al expediente, “es que estas declaraciones tienen fecha del 16 de agosto. Es decir, es el mismo día en el Bullrich se presenta en el Congreso y niega cualquier tipo de responsabilidad de la Gendarmería, dos días antes de que el Estado argentino le conteste a las Naciones Unidas, negando cualquier tipo de actuación irregular de la Gendarmería, y recién ahora lo presentan al juzgado. Eso es extremadamente grave porque el Ministerio le mintió al Senado, a la sociedad y le mintió a Naciones Unidas. El Ministerio pretende administrar el ritmo de la investigación después de haber negado siquiera la hipótesis de que Gendarmería podría haber estado involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado”.
En su áspera presentación en el Senado, el 16 de agosto, la ministra dijo que «no vamos a dar por hecho una hipótesis, mientras un juez no la dé como tal» y aseguró: «Sería una gran injusticia tirar un gendarme o un policía por la ventana, esa es la fácil, cuando nada está absolutamente probado», añadió. Los voceros de la ministra no quisieron hacer comentarios hoy cuando fueron consultados.
En los informes del Ministerio, presentados en el juzgado, el sargento Peloso, que declaró hoy ante el juez Otranto, admitió al declarar el 16 de agosto en el Escuadrón 36 (Esquel) que llega hasta el río, que la escopeta no le funcionaba, que fue el primero que llegó a la «costa», que visualizó a uno con la cara tapada y digo «acá están, acá están», aunque asegura que no no atrapó a nadie.
Los testimonios de los mapuches dijeron desde un primer momento en que Santiago había ingresado en el río, aunque no llegó a cruzar. El mapuche Matías Santana declaró la semana pasada ante el juez que vio como tres gendarmes golpeaban a uno hombre y luego lo subían a un camión. Pero el juez da la impresión de no creerle. Por eso ordenó un exhaustivo rastrillaje del río Chubut.
Su idea sería que Maldonado pudo haber sido herido o golpeado en la orilla y que el cuerpo pudo haber quedado en el lugar y luego fue arrastrado por la corriente. De todos modos, el 16 de agosto hubo un rastrillaje que se extendió varios kilómetros por el río sin ningún resultado.
La clave por estas horas para el Gobierno es intentar despegarse de la figura de la desaparición forzada, por eso la predisposición ahora a llevar los testimonios de algunos efectivos. El Gobierno rechazó hoy que una comisión de expertos internacionales participe en la causa, cómo había pedido la familia.