MenúEl Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de San Martín, integrado por los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro, condenó ayer a la tarde al ex policía Gustavo Vega por el intento de homicidio de Joaquín Romero, al tiempo que decidió absolver al ex policía Gustavo Rey, acusado de haber asesinado a Mauricio Ramos y Franco Almirón.
«En el juicio quedó probada la responsabilidad de la Policía Bonaerense en las dos muertes y las gravísimas heridas ocurridas durante la represión violenta que tuvo lugar el 3 de febrero de 2011 en el barrio La Carcova, de José León Suárez», informó el CELS en un comunicado.
Luego de 14 jornadas de audiencia, el Tribunal consideró que las pruebas expuestas por la fiscalía y por los abogados Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Juan Carlos García Dietze, dejaron en claro la responsabilidad de Vega por tentativa de homicidio agravado.
En el caso de Rey, si bien varios testigos lo reconocieron como autor de los disparos que terminaron con la vida de Mauricio y Franco y a pesar de los elementos probatorios presentados, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda al ex integrante de la Policía Buenos Aires 2.
«Las dificultades de la justicia para investigar los casos de violencia policial y los intentos de encubrimiento que se verificaron en los comienzos de la investigación nuevamente funcionaron como una forma de garantizar la impunidad del asesino de Mauricio y Franco. En el juicio quedó probado que la Policía Bonaerense utilizó balas de plomo para reprimir a personas indefensas. Por ello, es necesario que la Justicia avance en la investigación de los funcionarios policiales que diseñaron e implementaron este operativo violento y descontrolado y establezca las responsabilidades de los superiores jerárquicos en el intento de encubrir los hechos», agregó el CELS.
«Asesinatos como los de Ramos y Almirón son hechos tristemente frecuentes. Muestran que el uso abusivo y letal de la fuerza por parte de las policías (el fenómeno conocido como “gatillo fácil”) es un problema persistente, que no ha encontrado soluciones efectivas por parte del Estado. Por el contrario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires parece profundizar cada vez más un modelo de seguridad que garantiza a la policía amplios márgenes de arbitrariedad e impunidad. Modificar las condiciones institucionales que posibilitan la persistencia de altos niveles de letalidad policial no es una tarea fácil ni instantánea ya que, tanto las rutinas de uso de la fuerza como los argumentos que las justifican, se encuentran enraizadas en una cultura policial autoritaria y violenta. De allí que su disminución sólo puede conseguirse a través de una política sostenida de democratización de las fuerzas de seguridad y de un fuerte compromiso del sistema judicial provincial de investigar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos», agregó el organismo.
