El debate al interior del macrismo, sin embargo, no es ése sino otro. Los «políticos» y los «CEOs», esos dos bandos en los que se enrolan los coroneles cambiemitas cada vez que se acerca una elección, se hacen otras preguntas. ¿Se puede ganar una elección de la mano del FMI? ¿Es posible administrar las pálidas a las que fuerza un ajuste sin precedentes de modo tal que los 100 días previos a los comicios devuelvan la sensación de calma que imperaba en aquel octubre glorioso en que Cristina mordió el polvo de la derrota ante el peor candidato oficialista posible? ¿Cuánto asusta el fantasma de López Murphy?

Anabólicos

La diferencia central de las que vienen con las elecciones de 2017, que el oficialismo ganó en la provincia de Buenos Aires por menos de cuatro puntos porcentuales (382.000 votos sobre casi 10 millones de válidos emitidos), es que Macri llega sin más cajas a las que apelar para financiar su populismo antipopulista. Lo avisa Nicolás Dujovne en cada reunión de gabinete. El ministro de Hacienda, ungido como primus inter pares desde que consiguió apurar los desembolsos del FMI tras el colapso del plan Lagarde I en agosto, controla a sus anchas la política fiscal y también el torniquete monetario a través de Guido Sandleris. Es el garante del ajuste del 2,7% del PBI que le prometió Macri al G-7, sin precedentes para un año electoral.

¿Qué implican las nuevas estrecheces presupuestarias? Varias debilidades en comparación con 2017. Los tarifazos pueden dosificarse con precisión quirúrgica, pero no suspenderse lisa y llanamente como ocurrió entre marzo y octubre dos años atrás. Pruebas al canto: AySA ya anunció sendos aumentos del 17% para enero y del 27% adicional para mayo. Guillermo Dietrich demoró su partida al Este para anunciar ayer la más impopular de las subas: la del transporte público. Colectivos, trenes y subtes metropolitanos se encarecerán otro 40% durante el próximo trimestre tras haberse más que duplicado durante 2018. El gas trepará en abril un 30% y la luz en febrero casi el 40%. Todo por encima de la inflación que estimó el Presupuesto para 2019: 23%.

Otros anabólicos de campaña también brillarán por su ausencia. El ajuste imposibilitará el festival de pequeñas obras públicas que Rogelio Frigerio desplegó desde marzo de 2017 en todo el país, y especialmente en la provincia de Buenos Aires. La disparada del riesgo país dio por tierra con el mecanismo financiero que Dietrich había propuesto para reemplazar esas partidas: las participaciones público-privadas (PPP). Otro ángulo de la austeridad es la política salarial: las cláusulas gatillo de las paritarias, que en 2017 frenaron temporariamente la caída del salario real, brillaron por su ausencia en las paritarias de este año y Dante Sica ya avisó que tampoco las avalará el que viene.

Por último, aunque quizá más importante que todos los anteriores, el Gobierno tampoco tiene a mano la alternativa de endeudar al soberano como hizo en el raíd preelectoral de 2017. Los más de 5 millones de créditos Argenta que distribuyó entre jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales ya no pueden volver a otorgarse. Sus receptores todavía los están pagando. Y los 200.000 créditos hipotecarios UVA tampoco volverán: la inflación y las supertasas de Sandleris los enterraron para siempre en el olvido.

Rappidísimo

La «pechuguita con calabaza» que auguraba Carlos Melconian apenas se firmó el primer acuerdo con el Fondo luce como un opíparo banquete frente a lo que admiten los propios funcionarios de Hacienda que ocurrirá en los próximos meses. «El objetivo es estabilizar», repitieron dos de ellos, como un mantra, ante la consulta de BAE Negocios. La tasa de interés va a seguir alta, pase lo que pase con la actividad. La nueva señal de alarma a nivel sectorial la dio ayer el comercio, según los datos que difundió el INDEC. Dentro del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en octubre, el movimiento del sector se desplomó un 11,3% interanual. El doble que la industria y que la construcción.

Los datos sobre el empleo que difundió el exMinisterio de Trabajo tampoco son auspiciosos. A la caída interanual de los asalariados registrados del sector privado (- 1,1%) se sumó en octubre un retroceso de los monotributistas (- 0,5%). Sólo crecen los trabajadores de casas particulares (3,3%) y, marginalmente, los del sector público (0,1%). ¿Qué quiere decir? Que dejó incluso de funcionar la muleta de Uber, Rappi y las demás aplicaciones que absorbieron a principios de este año la mano de obra descartada por las empresas para devolverla (precarizada) al mercado en forma de bytes.

Hay algo más. El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Política y Económica (CEPR), lo advierte en el informe que publicó la semana pasada junto a Lara Merling sobre la viabilidad de la «austeridad expansiva». En el plan Lagarde II, plasmado en el segundo acuerdo firmado en octubre, el Fondo subestimó ex profeso los efectos del ajuste que su propio staff recomendó y que Macri y Dujovne se comprometieron a aplicar. Es lo mismo que hizo con Grecia y España en sus respectivos programas tras la crisis global de 2009.

«La idea de que ajustar el presupuesto en 3,7 puntos del PBI entre 2018 y 2020 no va a impactar en el crecimiento no tiene mucho sentido. El razonamiento parece ser que el impacto de la contracción fiscal va a ser contrapesado de manera exacta por el impacto positivo de la confianza que generará en el mercado que vuelva el superávit primario. Esto por supuesto es posible, pero casi nunca ocurrió en el pasado como consecuencia de políticas procíclicas», escribió Weisbrot.

El 3 de enero de 2002, el mismo Weisbrot advirtió que la implosión argentina llevaba «impresas las huellas digitales del FMI». Habrá que alzar las copas por un país que no vuelva a tropezar con las mismas piedras.

Fuente: BAE