| La historia oculta detras de la toma del predio Papa Francisco

Lugano: punteros vendidos y políticos mezquinos

Punteros políticos ocuparon el predio para vender los terrenos a vecinos desesperados. Los tironeos entre la Ciudad y Nación dilataron el desalojo. La muerte que precipitó el desalojo.

Chancalay fue acusado de organizar la toma.

Chancalay fue acusado de organizar la toma.

Por Rafael Saralegui

Punteros barriales que cambian de bando al mejor postor, negocios que surgen al amparo de la pobreza, intereses políticos mezquinos para obtener réditos fugaces, son algunos de los elementos que convergen en la ocupación del predio de Lugano bautizado como Papa Francisco, su demorado desalojo y los cruces verbales y mediáticos entre las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la Nación.

Fuentes que conocen la trama desde adentro, de primera mano, acceden a relatar a Crimen y Razón, cómo se desarrolló todo el proceso, con la condición de conservar el anonimato, para no seguir alimentándo la hoguera de vanidades que se desató en las últimas horas.

La ocupación del predio se inicia el 24 de febrero y es organizado por un grupo de punteros de la villa 20 con un objeto netamente privado: la venta de los terrenos a vecinos desesperados que no tienen donde vivir, según consta en investigaciones judiciales.

Ese mismo día, desde la Secretaría de Seguridad de la Nación se comunican con el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires para advertir que se estaba iniciando la ocupación. En el lugar se encontraba la Gendarmería Nacional, que por un decreto de 2011 se había hecho cargo de la seguridad en la zona sur de la ciudad, desplazando entonces a la Policía Federal.

El fiscal porteño Carlos Rolero habla con la comisaría de la zona y le dicen que se encuentra la Gendarmería. A las tres de la madrugada el fiscal quiere ir al lugar, pero le advierten que no están dadas las condiciones de seguridad.

Llega entonces al predio a las 8 de la mañana y ahí ya se encontraba el secretario Sergio Berni. Los dos conversan normalmente sobre los posibles cursos de acción hasta que se encienden las cámaras, en ese instante el funcionario nacional empieza a acusar a Rolero de haberse quedado durmiendo todo la noche mientras se producía la ocupación.

En las horas siguientes, el fiscal Rolero pide a la Justicia porteña el desalojo del terreno. El juez porteño Gabriel Vega ordena el desalojo, pero dispone que lo realice la Policía Metropolitana y saca a la Gendarmería que hasta entonces estaba a cargo de la seguridad de la zona. “Lo hace para sacarle la responsabilidad a las fuerzas nacionales, que no quieren ir al choque”, sostiene la fuente consultada por CyR.

La orden de desalojo es apelada y llega a Cámara, que la confirma pero ordena que intervenga además una fuerza de seguridad nacional, Policía Federal o Gendarmería. El juez Vega es reemplazado por la jueza María Gabriela López Iñiguez, quien ordena la creación de una mesa técnica, para llevar adelante el procedimiento y para que intervengan otras áreas vinculadas con las necesidades de los vecinos del barrio. De este modo, el desalojo se va dilatando y el predio se puebla con nuevos ocupantes.

Allí aparece un grupo de vecinos, llamados “los paraguayos”, que se ubican en un extremo. Es un grupo muy violento, dedicado al negocio narco, que quiere imponer en el lugar la misma lógica de ocupación territorial que en otras villas y asentamientos de la ciudad.

Mientras la orden de desalojo se posterga, la investigación avanza hacia la identificación de los organizadores de la toma: un grupo de vecinos de las villa 20, que vende los lotes del terreno ocupado por valores que trepan hasta los 40 mil pesos. Algunos vecinos denuncian que les venden una parcela y que después de pagar los expulsan a los tiros. “La toma es organizada por punteros barriales para vender los terrenos, es un negocio privado”, ratifica la fuente. Uno de los imputados es Marcelo Chancalay, ex presidente de la Villa 20, puntero que con el correr de los años militó para Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, el Pro y últimamente Unen. Tienen un corralón de venta de materiales y una cooperativa con la que realiza obras que le contrata el gobierno de la ciudad. “No es un indigente en su cuenta tiene movimientos de dinero en un año por 2,3 millones de pesos”, explica el informante.

Otro de los imputados como organizador de la toma es Emanuel Ríos, quien aparece en grabaciones telefónicas con Marta Yane, una referente en la zona del Movimiento Evita. En esos diálogos le ofrecen dinero, materiales y organizar una choriceada. “No se puede decir que los referentes nacionales del Movimiento Evita organizaron la toma, pero sí que algunos dirigentes querían que se mantuviera”, agrega.

El ministerio público pide la detención de todos los imputados por la toma, pero la jueza López Iñiguez sólo dispone la detención de Chancalay y para el resto de los imputados ordena una restricción de acercarse al predio. Chancalay permanece prófugo, hasta que es detenido. Llega a un acuerdo con la fiscalía y se declara culpable a cambio de una pena de prisión en suspenso. Ese acuerdo aún debe ser convalidado por la jueza.

Melina fue asesinada para robarle la cartera.

Melina fue asesinada para robarle la cartera.

Mientras la orden de desalojo se postergaba y la violencia se adueñaba del predio, se produce la muerte de Melina López, asesinada cuando su novio se resiste a que le roben la cartera, cuando regresaban de un supermercado de la zona. El acusado del homicidio es arrestado en un comedor comunitario de la villa 20.

Y así, casi de sorpresa, después de meses de dilaciones, el 22 de agosto la jueza López Iñiguez ordena que se desaloje el predio usurpado seis meses antes. Berni no quiso usar a la Gendarmería y después accedió, por lo que el operativo se realizó en forma conjunta con la Metropolitana. Las topadoras arrasan con las casillas.

Tras el desalojo, se genera la polémica: un sector, ocupado por “los paraguayos” no fue desalojado. Es la zona que se encuentra sobre la calle Delpini. La discusión anduvo por carriles jurídicos y políticos. La Metropolitana entendió que ese sector no estaba incluido en la orden de la jueza, ya que la calle es un sector público y no puede ser allanado. Se temió que luego todo fuera dado vuelta en una segunda instancia.

El jueves pasado, López Iñiguez ordenó un nuevo procedimiento. Esa noche hubo un tiroteo y al otro día el predio estaba totalmente desocupado. En los seis meses de ocupación hubo negocios privados, al amparo de la pobreza, mientras algunos marginales, aterrorizaban al resto. Y una muerte, como la de Melina, que quizás se podría haber evitado.

 


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