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Luciano es todos los pibes pobres de nuestra provincia

Por Alejandro Mosquera*

El 31 de enero de 2013 se cumplen cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, La Matanza. Cuando escribo estas ideas todavía su causa sigue caratulada como averiguación de paradero, cuando las pruebas e indicios vehementes señalan que fue una desaparición forzada de persona a manos de un núcleo corrupto de la Policía Bonaerense.

El estado de la causa y la investigación de la desaparición de este joven pobre de un barrio empobrecido por las políticas neoliberales,  cuando se examinan en profundidad son un acta de acusación contra muchos de los actores  judiciales, policiales, mediáticos  y políticos que tienen injerencia en la provincia de Buenos Aires y también un reclamo de cambio de las políticas estatales no solo de seguridad sino de las dirigidas a la inclusión social.

Luciano denunció que la Policía lo perseguía.

Algunas cuestiones que puede ayudar a perfilar este examen:

La historia reciente muestra diversos hechos donde jóvenes son víctimas del accionar policial ilegal. A los conocidos casos del llamado gatillo fácil se suma que durante los 90 se investigaron escuadrones de la muerte en la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires. En la actual gestión del ministro Casal tomaron estado público y en muchos de ellos el ministro propagandizó la versión policial sobre los hechos. Estos son los casos de violencia extrema sobre niños y adolescentes, pero son una parte de la innumerable cantidad que nunca llegan a las estadísticas, a un tribunal o a un diario. Ni el Poder Judicial, ni el poder político desconocen esta realidad que exige de por si una investigación real sobre la desaparición y no tratar el tema como averiguación de paradero. Aún más cuando Luciano ya había denunciado que policías de Lomas del Mirador lo habían torturado.  La responsabilidad general no disipa la individual de la fiscal Castelli que delegó en la bonaerense la investigación del hecho cuando  ya la familia la señalaba como la responsable de la desaparición.

¿Por qué no fue escuchada la voz de la familia en los primeros tiempos de la desaparición? Estoy convencido que tiene que ver con dos claves que se cruzan en la vida cotidiana: la naturalización de la desigualdad y la violencia como derivación  de esta, y que Luciano era un chico pobre de un barrio empobrecido.  Sin igualdad la justicia es una quimera. El sistema penal está preparado para perseguir y encarcelar a los pibes pobres, pero es incapaz de escuchar la voz de los excluidos, de aquellos que “sobran” para la mentalidad conservadora y reaccionaria de una parte de nuestra sociedad.  El Estado que debería ser quien desnivela a favor de los más débiles juega a proteger los pactos políticos-policiales.

Escuché muchas veces a Vanesa (hermana de Luciano) decirle en la cara a muchos periodistas (que tuvieron la dignidad de escucharla callados) que también son responsables los medios de comunicación cuando estigmatizan a los pibes y barrios pobres. Ser morocho, joven, de familias vulnerables, ya configura la sospecha de ser delincuente, y por lo tanto sin derechos. Los medios fueron y son funcionales a una arquitectura social, a una conciencia media que consolida la desigualdad, “el por algo será” ahora no sobre los opositores a la dictadura, sino sobre niños y niñas, adolescentes. La forma de procesar la inseguridad por las grandes líneas editoriales están enmarcadas en la promoción del miedo, de la “eficiencia” policial y judicial a cualquier costo aun cuando ello arremeta con las mínimas garantías constitucionales.  Forman de hecho una coalición con los políticos oportunistas que ven en la desesperación manipulada de mucha gente la ocasión de juntar votos.

El poder político provincial trató de desconocer la gravedad del secuestro y desaparición de un chico. Algunos no valoraron el impacto que tiene en la democracia que sigan desaparecieron personas,  otros leyeron en clave de proteger sus pactos con la bonaerense. El gobernador Scioli tardó tres años en recibir a la familia Arruga, se comprometió a separar de la fuerza a los ocho policías de la comisaria de Lomas del Mirador sospechados de ser los autores o cómplices, no cumplió.

*Secretario Ejecutivo Comisión Provincial por la Memoria.


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