Por Rafael Saralegui

ESQUEL/EL BOLSON (Enviado especial).-

Todo es por la tierra. Por lo que tiene arriba y por lo que puede guardar abajo: oro, plata, litio, petróleo o gas.

La desaparición de Santiago Maldonado esconde una trama mucho más compleja de lo que aparece a simple vista, en la que confluyen intereses económicos de grupos extranjeros, convertidos en los más grandes latifundistas del país, reclamos ancestrales de los pueblos originarios, alianzas políticas impensadas, operaciones de prensa, amenazas, aprietes, espías, policías, gendarmes y protagonistas del Poder Judicial que se encuentran tironeados por sus propias convicciones y las ambiciones personales. Todos estos elementos deben ser considerados al momento de preguntarse: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

Y para buscar una respuesta hay que volver a los últimos momentos en que fue visto con vida el joven tatuador, en la Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, en el norte de la provincia de Chubut, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Esquel, donde están radicadas las causas judiciales que hoy tienen en vilo a buena parte de la sociedad y que preocupan cada vez más al Gobierno, por las imprevisibles reacciones. El presidente Mauricio Macri, ; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron imputados por encubrimiento por el fiscal federal Federico Delgado por las conductas desplegadas ante la desaparición forzada de Maldonado. «Los denunciantes destacaron la existencia de un `pacto de silencio` de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado», sostuvo Delgado en su dictamen.

A las 14.52 del 1° de agosto -el último día en que Santiago fue visto vivo, según los testigos- el defensor federal oficial de Esquel, Fernando Machado, recibió un mensaje en su teléfono celular. Se lo enviaba una militante de un organismo de derechos humanos de esta región patagónica y le advertía que se estaba llevando adelante “una feroz represión” de la Gendarmería Nacional, en el predio ocupado por los mapuches en una estancia del grupo Benetton, en el paraje Leleque, por el que corre el río Chubut. Un día antes, el 31 de julio, los mapuches habían cortado la ruta 40 para reclamar por la liberación de Facundo Jones Huala, el lonko (líder de la comunidad), detenido por un pedido de extradición de Chile, donde se lo acusa de haber cometido supuestos delitos. Los mapuches también reclamaban para que fueran excarcelados otros compañeros que habían sido detenidos dos días antes en Bariloche, cuando protestaban por el mismo motivo. Ese 31 fue un día de tensión en la ruta, que finalmente fue desocupada durante la madrugada.

Cuando a las cuatro de la tarde el defensor oficial se levanta de la siesta -una práctica saludable que trata de mantener todos los días-, responde a la llamada. Del otro lado, le dicen: “La Gendarmería entró con mucha violencia. A nosotros no nos dejan entrar. Tienen retenidos como rehenes a mujeres y niños, en el puesto de guardia de la Lof”.

Machado llama por teléfono a María Silvina Salvare, la secretaria letrada del juez federal de Esquel, Guido Otranto. “No Fernando, está todo tranquilo”, le responde la mujer, cuando Machado le refiere lo que le habían contado desde el terreno. Otranto había ordenado el desalojo de la ruta a la Gendarmería el día 31, aunque no envió a nadie para supervisar cómo se llevaba adelante el operativo. Pero no había ninguna orden firmada para que el 1° de agosto los hombres de verde siguieran con el desalojo de los mapuches. Y entonces, ¿quién dio la orden? ¿Fue Pablo Noceti, el jefe de gabinete de asesores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Noceti estaba en la región desde el día 31 y no de paseo, como dijo la funcionaria. En el corte del 31 aparece filmado Santiago Maldonado, según un video aportado por la familia a la causa y que fue grabado por periodistas del Canal 4 de Esquel.

Machado no se queda conforme con la explicación de la secretaria Salvare, luego de haber recibido otros mensajes desde el lugar, en los que se describía una situación de enorme tensión. La Gendarmería no aceptaba dar explicaciones a los representantes de organismos de derechos humanos que habían llegado hasta la tranquera de ingreso al predio. El defensor decide subirse a su coche y trasladarse hasta la comunidad mapuche. “Decile a la Gendarmería que me deje pasar”, le pidió el defensor a la secretaria del juez. Un pedido al menos llamativo: los gendarmes no deberían impedir el paso de un funcionario del Poder Judicial, pero que revela quién manda fuera del confort y la calefacción de los despachos. Claro que hay un antecedentes  que explica esa prevención. En enero, durante otra violenta represión de la Gendarmería y la policía provincial , un defensor oficial del Poder Judicial de Chubut, casi termina detenido. Le llegaron hasta poner las esposas.

“Hablé con Guido, dice que no tienen porqué no dejarte pasar”, contesta Salvare, unos minutos más tarde. La ruta hacia la zona del conflicto está en pésimo estado: pozos de diversos tamaños, desniveles, falta de asfalto en algunos tramos, y un camino de montaña, con curvas, subidas, bajadas no lo convierten en un paseo placentero, pese a lo atractivo del paisaje. Machado llega hasta la tranquera de la Pu Lof, cerca de las siete de la tarde, con las últimas luces del día. Y se encuentra con un verdadero caos.

Los mapuches y los representantes de los organismos le cuentan que al mediodía los gendarmes habían ingresado a los tiros en el predio, después de haber desalojado la ruta, que había sido cortada nuevamente. Las mujeres y los niños que viven en el lugar habían sido retenidos por los gendarmes en la guardia de la Lof, un ranchito donde siempre hay un fuego prendido, y donde los mapuches vigilan durante las 24 horas para resistir a un posible desalojo desde que ingresaron al terreno el 13 de marzo de 2015. La Gendarmería se fue del predio a media tarde. Entonces los mapuches comenzaron a bajar de los lugares donde se habían escondido para no ser alcanzados por las balas, ni caer detenidos. Ese anochecer, cobra cuerpo la pregunta que desde entonces resuena como un lamento en todos los rincones del país. : ¿Dónde está Santiago? Nadie lo encuentra en el campo. Y cuando comienzan a hacer una reconstrucción de lo que pasó durante la irrupción de los gendarmes, varios de los mapuches dicen haber visto cómo lo subieron a un camión Iveco de la Gendarmería -al que llaman Unimog, como a los viejos vehículos Mercedes que antes usaba el Ejército- y luego lo pasan a una camioneta Amarok de la misma fuerza. Los relatos son coincidentes en que Santiago no había podido sortear el río. Porque no sabía nadar, porque estaba muy crecido, porque los gendarmes disparaban desde arriba y pensó que lo podrían matar. No se sabe con certeza. El mapuche Matías Santana declarará un mes más tarde ante el juez Otranto que vio a tres gendarmes golpear a Maldonado y subirlo en el camión, como si ya fuera un cuerpo inerte.

Esa misma noche, los dirigentes de organismos de derechos humanos se trasladan a todas las comisarías de la región y a los destacamentos de la Gendarmería para pedir que les informen si tienen algún detenido en sus calabozos. En esos primeros momentos se decía que el apellido de Santiago era Belloso o Peloso, que corresponde a su madre. Ya al día siguiente sabían que se llamaba Maldonado.

Defensoría Oficial de Chubut – Presentación Hábeas Corpus by chequeado on Scribd

“Te voy a presentar un hábeas corpus”, le advierte el 2 de agosto Machado a la secretaria Salvare, la misma que le había dicho que todo estaba tranquilo en la Lof, cuando la Gendarmería había salido a la caza de algún mapuche. El defensor oficial presenta esa tarde el hábeas corpus al juez Otranto. “El presente hábeas corpus por la desaparición y/o detención ilegal se interpone contra Gendarmería Nacional – Ministerio de Seguridad de la Nación Poder Ejecutivo Nacional [art. 99 (1) C.N.]. Por ello solicito, se realicen todas las diligencias necesarias a fin de cumplir con el objeto del presente: conocer el paradero de SANTIAGO MALDONADO, a favor del cual se interpone la presente acción, todo, en la audiencia prevista por ley y sin perjuicio de la prueba que se aportará y ofrecerá”, dice el texto.

La Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, un organismo que está a cargo de todos los archivos de espionaje de la policía provincial durante la dictadura, también presenta un hábeas corpus por el joven nacido en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo. Otros organismos también realizan las mismas presentaciones similares. Desde la primera foja de la causa, aparece acusada la Gendarmería. Los hábeas corpus son acciones urgentes para evitar detenciones arbitrarias o ilegales por parte del Estado, que se presentaban durante la dictadura y que la mayor parte de los jueces ni se dignaba en contestar.

Pese a la gravedad de las denuncias, el juez Otranto se toma las cosas con calma. Recién convoca a una audiencia por los hábeas corpus presentados por Santiago Maldonado el viernes 4 de agosto. “La reunión fue un escándalo. La Gendarmería no informó nada. Parecía una tomadura de pelo”, dijo una testigo del encuentro. El juez pide a Gendarmería que informe el personal y los vehículos que habían participado en el procedimiento en la ruta y en el allanamiento sin orden en el predio ocupado (o recuperado) por los mapuches el 1° de agosto.

“Los perros no hablan castellano”, dice un funcionario judicial que participa en una de las causas y está al tanto de las controversias. Lo que quiere decir es que los perros no pueden ser instruídos para que planten una pista falsa. El 5 de agosto se realiza en el terreno el primer procedimiento con perros que siguen rastros, pertenecientes a la Unidad Canina de Trevelin, una suerte de ONG formada por varios policías en actividad que trabajan en Esquel, aunque viven en esa localidad situada a 20 kilómetros. Los perros siguen el rastro de Santiago hasta el río. Luego la polémica: para el juez el rastro se perdía en el agua y habría que haber rastrillado del lado de la otra orilla. Según un comunicado de Otranto, “el perro adiestrado siguió un rastro de manera insistente hacia el interior del río. Los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen impidieron que la búsqueda continuara del otro lado del río como sugería el personal policial a partir del rastro que seguía el perro”.

Para los mapuches los perros volvían hasta las huellas del camión donde según los testigos, había sido trasladado Santiago, después de haber sido golpeado por tres gendarmes. Para pasar en limpio, un dato clave: los perros reconocían el olor de Santiago en el terreno. Durante días, el Gobierno se empeñó en demostrar que el joven no había estado en el lugar. Ya había entonces dos pruebas: los testimonios de los mapuches y el olfato de los canes, que marcaban la presencia de Maldonado en la zona del conflicto. En esa búsqueda del 5 de agosto es cuando se encuentra una gorra blanca que Santiago pierde en la desbandada. El hallazgo de la gorra queda filmado en la cámara de uno de los guías de los canes, dijo un funcionario judicial.

Según la fiscal Silvina Avila, los mapuches no permitieron que se hiciera un rastrillaje del otro lado del río,  porque es territorio sagrado. Esa supuesta negativa,  no hizo más que alimentar la suspicacia y abonó la teoría de quienes en Esquel sostienen que Maldonado había sido escondido por los mapuches en el terreno, o llevado a Chile, donde vive desde entonces en la clandestinidad, según las versiones más delirantes. Desde entonces hubo innumerables pistas falsas que ubicaban a Santiago,  en diferentes puntos del país. La más absurda fue la que lo confundió con un payaso en la provincia de Entre Ríos. El animador tuvo que salir a aclarar públicamente que el hombre que aparecía en el video que mostraba TN era él. La más reciente fue la de un matrimonio que dice haber llevado a Santiago el 22 de agosto desde Esquel hacia la localidad de Tecka, en el centro de la provincia de Chubut. Una versión que aún genera dudas.

Una camioneta de Gendarmería con la foto de Santiago.

El 16 de agosto, el juez Otranto encabezó otro procedimiento en la Lof con efectivos de la Prefectura Naval, de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, perros adiestrados que llegaron desde Santiago del Estero, buzos, drones y helicópteros, sin ningún resultado. Santiago seguía sin aparecer. Los buzos también revisaron la otra margen del río. Los perros ya no sirvieron de nada: ningún rastro de una persona con vida permanece tanto tiempo en el terreno. Pero no todo es en vano: se encontró un collar que pertenecía a Santiago,  a cien metros de donde se había encontrado la gorra el sábado 5 de agosto.

El tiempo pasaba y el juez no tenía la respuesta: ¿Dónde está Santiago? Luego ordenó el secreto del sumario durante 20 días y cuando se levantó, el lunes 4 de septiembre, la causa seguía igual de empantanada. No es que se aprovechó ese lapso para avanzar en la investigación y se impuso una restricción al expediente para que no se frustrara alguna medida en curso. Nada de eso.

Santiago Maldonado pasó la última noche en la comunidad mapuche, según los testigos, en el puesto de guardia situado a metros de la alambrada que corre al borde de la ruta 40. En la noche del 31 compartió arroz con leche y tortas fritas con los integrantes de la comunidad con quienes había participado del corte de la carretera. Él estaba de guardia cuando los gendarmes llegaron a las 4 de la madrugada y comenzaron a hostigarlos a los gritos y enfocarlos con potentes reflectores. La mano venía pesada otra vez. Y aunque los mapuches habían resuelto levantar el corte el día anterior,  había dudas sobre cómo proceder ese trágico 1° de agosto.

Tortas fritas

La cacerola está tiznada de tantas horas al fuego. El aceite que burbujea en su interior cocina unas tortas fritas, que terminan de enfriarse en una caja de cartón. El mate se renueva una y otra vez con el agua caliente que sale de una pava,  del mismo color que la olla. Ya es la tarde y debajo de un pequeño techo de chapas un gallo canta a deshoras. Es el mismo puesto de guardia donde Santiago Maldonado pasó la última noche que estuvo en el terreno de la comunidad mapuche de Cushamen. Uno de los miembros de la comunidad con la cara cubierta y unos borcegos desatados es el responsable de cocinar las tortas fritas, mientras un resto de tira de asado se enfría en la parrilla. Un poco más tarde no quedará nada, en este lugar donde la comida no abunda. Un matrimonio que llegó desde Puerto Madryn para apoyar a la comunidad,  llevó una enorme bolsa de consorcio con ropa para donar. Uno de los chicos se prueba un pantalón y da saltos de alegría aunque es evidente que le queda muy grande. En la comunidad viven varias familias. Son ranchos precarios hechos con maderas y barro. Es difícil imaginarse cómo soportar el frío en estos parajes, donde hubo tormentas, meses atrás, que acumularon hasta un metro de nieve.

Uno de los miembros de la comunidad accede a hablar, pero sin dar su nombre. Pide que se lo identifique como vocero NN. “El 31 Santiago estaba bien. Es un chamuyo que estaba herido. Estaba en perfectas condiciones. Estaba con más adrenalina que todos nosotros, como que estaba más despierto. Llegó a la Lof el 31 a la mañana para solidarizarse por la detención de nuestro lonko, Facundo Jones Huala, y por el arresto de los compañeros en Bariloche”, explica. Durante varias semanas el gobierno sostuvo la versión, impulsada por la Gendarmería, que sostenía que Santiago había resultado herido de una puñalada durante el ataque de un grupo de integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al puestero Evaristo Jones, que trabaja en una de las estancias de los Benetton. Jones, que es pariente lejano del lonko Jones Huala, fue cambiando su versión varias veces: en la policía dijo que había lesionado a uno de los atacantes. Pero luego dijo que fue un corte superficial, quizás al advertir que podría terminar acusado de homicidio. De todos modos, esa tesis fue descartada oficialmente por el juez Otranto, al informar que los rastros de sangre encontrados en la camisa de Evaristo Jones,  no eran de Maldonado, según lo determinó un peritaje de ADN realizado por expertos de la UBA.

El vocero mapuche explica que el corte del 31 era parcial, que primero retenían a los camiones unas dos horas y que luego los dejaban seguir después de 20 minutos de demora. La Gendarmería llegó a la zona a las cinco de la tarde. “Cuando nos vamos acercando bajan diez de un camión y nos empiezan a disparar con balas de goma y de plomo. Nosotros respondemos con piedras que les tiramos con ondas de revoleo y se van. Un rato más tarde nos dicen que nos dan dos horas para desalojar la ruta. Decidimos retirarnos y nos vamos para la guardia. Nos hacemos un arroz con leche. Santiago estaba con nosotros y esa noche duerme acá en la guardia”, explica el militante mapuche.

A las 4.30 del 1° de agosto vuelve a aparecer el contingente de la Gendarmería, aunque a esa hora la ruta ya estaba desalojada. “Santiago era el que estaba en ese momento de guardia. Nos despierta y nos avisa que los gendarmes se habían ubicado en el cruce de las rutas 40 y 70, no muy lejos de acá. En un momento nos empiezan a disparar. Había nenes durmiendo. Después de los disparos se van. Poco antes del mediodía, decidimos volver a cortar la ruta”, recuerda.

Testigos mapuches en el juzgado de Otranto.

Unas horas antes, los mapuches que estaban en el predio consiguen hablar con Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad, para que fuera ella y una compañera hasta el campo para enterarse de lo que estaba pasando y denunciarlo a los organismos de derechos humanos, que actúan con sus abogados en apoyo de los miembros de la comunidad. Pero Soraya no pudo viajar hasta Esquel, al ser retenida en la ruta durante seis horas junto a Neri Garay, la compañera que manejaba el coche. Ellas dos dirán un mes más tarde, ante el juez Otranto, que mientras estaban retenidas hablaron con Noceti, el jefe de asesores de Bullrich, quien se presentó como funcionario del Ministerio de Seguridad. “Nos dijo que nos podían tener hasta seis horas retenidas. Nos sacaron los documentos y los teléfonos. Nos mantuvieron incomunicadas”, relata Neri.

Al mediodía recrudece el enfrentamiento. “Eran como cien tipos. Nos empiezan a tirar con todo. Decidimos replegarnos hacia adentro del territorio, pensando que así iban a parar. Con un camión rompen la tranquera y se meten. Retrocedemos hasta la guardia y desde allí vamos hasta el río. Santiago corre y después vuelve hasta la guardia a buscar su mochila y su campera. Después todos corremos hasta el río para cruzar. Los gendarmes seguían tirando con piedras y con plomos. Creo que Santiago se abatató y se quedó escondido entre los árboles que están en la orilla. Se metió en el agua y después vuelve para atrás. Después pudimos reconstruir que lo habían cargado en el camión y que hacen el traspaso en la ruta a una camioneta. Forman una fila de gendarmes para que no se pudiera ver”, recuerda el vocero. Un mes después, el mapuche Matías Santana declarará que tres gendarmes golpearon a Santiago y lo subieron al camión.

“Santiago es detenido entre las 13 y las 13.30 y a esa hora Noceti estaba en el lugar. El viene a eso de las dos y se pone a saludar en el lugar donde nos tenían retenidas. Nosotras no sabíamos entonces quién era. Después lo reconocimos por las fotos”, recuerda Soraya. “Cuando nos vamos de la Lof habíamos acordado que íbamos a ir hasta el pueblo para avisar. Y entonces nos detienen en la ruta. Aparece este hombre y me dice que es funcionario del Ministerio y que nos podían tener retenidas hasta 6seis horas en el lugar. Después supimos que trabajaba con la Bullrich”, cuenta Neri.

“Vuelve a pasar tipo cinco o seis de la tarde. Estuvo claramente dirigiendo el operativo. Saludó a cada uno de los gendarmes. Estaba ahí mientras las camionetas pasaban de un lado a otro. Él lo supo desde un primer momento”, asegura la vocera de la comunidad mapuche.

Noceti estaba en la región, pero no de paseo. Encabezó una reunión que se realizó en Bariloche el 31 de julio, con la presencia de jefes de las policías de Río Negro, de Chubut y Gendarmería para coordinar acciones conjuntas en contra de la RAM, según lo admitió el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, durante la interpelación en la Legislatura provincial que se llevó adelante el martes 5 de septiembre. Y el 1° de agosto estaba en la ruta cuando se llevaba adelante el procedimiento de la Gendarmería que concluye con la desaparición de Santiago. El Ministerio de Seguridad no quiso hacer comentarios,  cuando se le preguntó para esta investigación por una explicación oficial sobre la presencia de Noceti en la zona del conflicto. Noceti fue profético: en una entrevista que dio con Radio Nacional Esquel el 31 de julio informó que había participado de esa reunión con las fuerzas de seguridad y que detendrían a los integrantes de la RAM. “Hemos decidido armar un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales tanto de Río Negro como de Chubut a fin de empezar a trabajar coordinadamente para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”, dijo Noceti. El funcionario responsabilizó a la RAM por diversos hechos de sabotajes y “atentados”.

Al día siguiente se produjo la intervención de la Gendarmería en la comunidad mapuche y la desaparición de Santiago.

La causa de los siete

La pelea entre los mapuches que ocuparon las tierras en una de las estancias de Benetton y las fuerzas de seguridad no son nuevas. El 9 de enero, el juez Otranto había ordenado un operativo para desalojar las vías cortadas por los mapuches de la famosa “La Trochita”, el tren turístico que corre por la zona. El operativo fue llevado adelante por la Gendarmería y los mapuches denunciaron que, además de despejar las vías, les quemaron las carpas y destruyeron sus cosas. Al día siguiente un grupo de vecinos de El Bolsón se acercó hasta la comunidad para ofrecer su ayuda a los mapuches, pero lo que parecía una muestra activa de solidaridad se convirtió en una situación de peligro extremo cuando los efectivos de la policía provincial llegaron hasta el lugar tras una denuncia de los empleados de Benetton. Hubo disparos a las camionetas de los vecinos y siete detenidos.

El martes 5 de septiembre, caía el sol en la plaza principal de El Bolsón, donde tres veces a la semana funciona la feria artesanal. Un grupo se ha reunido en asamblea para debatir lo ocurrido durante la marcha del viernes 1° al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, cuando unas cinco mil personas marcharon por las calles del pueblo para pedir por la aparición con vida del joven. La marcha terminó con incidentes frente al escuadrón de Gendarmería. Los vecinos creen que hubo infiltrados. “Una amiga mía le sacó la capucha a uno y lo reconoció. Es un policía que vive en el barrio. Fue uno de los que empezó a tirar piedras”, cuenta una maestra. Ella es quien presenta al cronista a Gonzalo Seguí, un veterinario, protagonista de lo que aquí se conoce como “la causa de los siete”, por el número de detenidos por la policía de Chubut en el predio de los mapuches el 10 de enero último, cuando se habían acercado a dar una mano y terminaron en un calabozo.

“Yo terminé de laburar y me fui para allá,. Debo haber llegado a eso de las tres de la tarde. Había como unas 80 personas. Con mi hermano Pablo y otras personas preguntamos qué podíamos hacer. Los mapuches nos dijeron que los podíamos ayudar a buscar los animales, vacas y caballos, que se les habían dispersado. Nos separamos en dos grupos, en dos camionetas y salimos al campo. Una camioneta era la mía y la otra de Jorge Buchille, que después también fue detenido. Cuando íbamos volviendo aparece una camioneta Toyota Hilux, de los Benetton. De ahí baja el capataz de una de las estancias. También bajan varios policías. El capataz me  insulta de mil maneras, pero yo no respondo. El tipo les dice a los policías que nos lleven y quedamos detenidos. Nos acusan de abigeato [N. de R.: robo de ganado]. Nos llevan hasta la comisaría de El Maitén. Estuvimos cinco horas detenidos ahí sin que informaran nada. Mi hermana llamó varias veces y le negaron que me tuvieran detenido. A los de la otra camioneta les dieron cuatro tiros. Una de las balas no atravesó la chapa porque había una bolsa de arena en la caja. Los podrían haber matado. Los policías y los empleados de Benetton iban todos juntos. Después nos llevaron hasta Esquel y nos pegaron durante todo el viaje. Nos pateaban. La cosa se empieza a blanquear cuando aparece un abogado en Esquel. Lo insólito es que el fiscal Carlos Díaz Mayer le negaba en la puerta de la comisaría que nos hubieran detenido”, explica Gonzalo. “Ahora con lo que pasó con Santiago no me quiero ni imaginar que también nos podría haber pasado a nosotros”, se lamenta. La camioneta de Jorge Buchille terminó con cuatro disparos. Dos de pistola nueve milímetros, la oficial que usa la policía, y dos de calibre 38, de uso particular.

Esta sintonía fina entre la policía provincial y el grupo Benetton tiene su explicación. Hasta ahora el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y el presidente Macri mantuvieron una misma posición de apoyo al grupo económico italiano, que desembarcó en el país en 1991. Los hermanos Benetton les compraron las estancias de la Compañía de Tierras Sud Argentina -que históricamente estuvieron en manos de capitales ingleses- a un grupo de socios argentinos por US$ 37,5 millones, según consigna el periodista Gonzalo Sánchez en su libro La Patagonia Vendida. Medio en serio, medio en broma, acá en la región dicen que, además de las estancias, los Benetton tienen hasta una comisaría (instalada en terrenos donados por la empresa), un museo (financiado por la misma compañía) y un pueblo, El Maitén (, rodeado por los campos de Benetton). De acuerdo con el mismo libro, Benetton tiene en la Argentina 970.000 mil hectáreas, en su mayor parte en la Patagonia. Además, el grupo tiene en la región miles de ovejas, vacas y miles de hectáreas forestadas con una variante de pino canadiense. También opera en la Argentina Minsud Resources, una de sus compañías que está dedicada a la minería, con proyectos extractivos en San Juan, Santa Cruz y Chubut.

Noceti estaba en la zona desde el día anterior.

Aprietes y amenazas

“Esto es Twin Peaks”, dice una abogada de uno de los organismos de derechos humanos que viajó a Esquel, para colaborar con la querella de la familia de Santiago Maldonado. La referencia a la famosa serie de los años 90 dirigida y escrita por David Lynch, es luego de que se le relata un extraño episodio protagonizado por este cronista. “¿Qué te pasó con el coche?”, me pregunta el titular de la agencia a la que le alquilé un auto. “Nada, acá lo veo, está impecable”, es la respuesta. “Acá está la policía y dice que un señor denunció que lo atropellaste y te fuiste”, explica el agenciero. A la hora del supuesto accidente, mi auto estaba parado frente a la posada y yo estaba en mi cuarto. El hombre vuelve a llamar. “Acá está la policía en la agencia, dicen si podés venir”. Ya en el lugar, había tres efectivos de la Policía de Chubut. “Esto me parece muy raro. A la hora de la denuncia yo estaba en mi posada y el auto estaba afuera. Estoy cubriendo el caso de Santiago Maldonado y me parece que es un apriete”, les digo. Me recomiendan que fuera al fiscal de turno a realizar el descargo. Ese mismo día, pero ya a la noche, el denunciante, Manuel Luis González, un suboficial retirado del Servicio Penitenciario, se presenta en la comisaría 1a. para decir que se había equivocado y que las últimas dos letras de la patente que había dado estaban mal. Es decir, rectifica los datos. Lo extraño, según los policías, es que cuando hizo la denuncia original, aportó una foto con la patente de mi coche. En el Ministerio Público me dijeron que con esos nuevos datos la causa iría al cierre o buscarían al propietario del otro vehículo. Pero no me dejaron hacer una declaración sobre la falsedad de la denuncia y sus extrañas circunstancias.

Peor lo pasan los integrantes de Radio Alas, en El Bolsón, quienes el miércoles 6 recibieron una preocupante amenaza al número de whatsapp de la emisora comunitaria cuando en el informativo hablaban de un incidente en la calle, donde un automovilista amenazó a unos vecinos que reclamaban por la aparición de Santiago. “Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga, después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”, decía el mensaje. “Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza Che Guevara, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe”, denunció la radio en su página web.

Esteban Santamaría integra el colectivo de Radio Alas y llegó a vivir a El Bolsón hace cuatro años desde el Gran Buenos Aires, como tantos otros que desembarcaron en el pueblo en un busca de una forma de vida en sincronía con la naturaleza. “La pelea es por la tierra. Eso es lo que reclaman los mapuches. Así hicieron sus fortunas las grandes familias. Y por la tierra se ponen en marcha los grandes negociados. No se puede entender lo que pasa en la región sino se entiende el peso de los grandes latifundistas como Benetton, Lewis o Mindlin, el dueño de  de Pampa Energía”, sostiene. Macri visitó varias veces la estancia de Joseph Lewis, el millonario inglés que se apropió del Lago Escondido. “Cada vez que viene Macri se reúne con Nicolás Van Ditmar, la mano derecha de Lewis, que en realidad no está nunca por acá”, agrega Esteban. Mindlin, el declarado comprador de la empresa IECSA, a Angelo Calcaterra, el primo de los Macri, que a su su vez se la había comprado a la familia presidencial, es socio de Lewis en Pampa Energía y en Edenor. Mindlin también fue el comprador de la filial argentina de Petrobras. Lewis instaló en Lago Escondido una usina hidroeléctrica con capacidad para producir 7,5 megavatios y que debía servir para proveer electricidad a El Bolsón, pero la red nunca llegó. “En realidad se dice que la electricidad se va a utilizar para proveer a un emprendimiento que se impulsa en una zona arriba de El Bolsón y que tiene su misma superficie. Tiene previsto tener cancha de golf, pista de esquí, helipuerto y un

barrio cerrado. Compraron la hectárea a $ 60 y la venden a US$ 30 mil. Un negocio enorme”, asegura Santamaría. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, antes del Frente para la Victoria y hoy de un partido local, cuyo estudio contable trabaja para las empresas de Lewis, respalda el emprendimiento Laderas, una sociedad integrada por Lewis y Van Ditmar. Según Santamaría, Lewis tiene en la zona 12 mil hectáreas y Mindlin, el empresario preferido de Macri, 20 mil, de acuerdo con el catastro.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón en la Biblioteca de El Río, un colectivo que milita en contra de estos proyectos faraónicos y apoya la causa mapuche. Es dentro de ese marco que decide sumarse para apoyar a la comunidad del departamento de Cushamen, en la vecina provincia de Chubut, en su reclamo para pedir la liberación de Facundo Jones Huala.

Gils Carbó recibió a Ávila en su despacho.

Despacito

“Yo voy a ir pasito a pasito, como hice con el caso del espía de la AFI que terminó procesado”, le dijo la fiscal Ávila a su jefa, Alejandra Gils Carbó, en la reunión que mantuvo con la titular del Ministerio Público, en Buenos Aires. “Yo no voy a pedir una indagatoria sino tengo todos los elementos para sostenerla”, le advirtió. En la fiscalía esperan los peritajes que se realizaron en vehículos de la Gendarmería, para confirmar o descartar que Santiago haya sido trasladado en un camión y una camioneta, como dijeron los testigos. “Estaban más limpios que después del lavadero. Las ruedas brillaban”, advierte otro funcionario. Las camionetas fueron peritadas varios días después por la inexplicable demora del juez Otranto. Sin embargo, en la fiscalía confían en que los peritajes puedan encontrar restos de ADN, a diferencia de lo que ocurrió con el caso del puestero Evaristo Jones. El juez, de todos modos, ordenó un nuevo rastrillaje en el río Chubut. La lentitud de Otranto -dicen en los organismos de derechos humanos- obedece a que tiene intención de convertirse en camarista federal en Comodoro Rivadavia y para conseguir ese sillón no puede pelearse con el Gobierno nacional. Según cómo lleve adelante esta causa tendrá un futuro por delante. Ávila y Otranto actuaron en tándem en una causa en la que resultó procesado un espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acusado de haber realizado actividades ilegales de recolección de información en la comunidad mapuche y del Movimiento “No a la Mina”. La medida fue confirmada a mediados de agosto por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Otranto fue también quien el año pasado declaró nulo el juicio de extradición de Facundo Jones Huala, luego de que que se estableciera que uno de los testigos del proceso había sido torturado por la policía provincial de Chubut. Esas dos medidas le generaron el rechazo de los sectores más poderosos y conservadores de Esquel, una ciudad de 40 mil habitantes, donde se calcula que unos 4cuatro mil tienen vínculos de algún tipo con las fuerzas de seguridad. En esta localidad hay militares, gendarmes, policías de Chubut y de la Federal, agentes de la Policía de Seguridad Aeronáutica y de la Prefectura Naval, además del Servicio Penitenciario Federal. Un universo enorme por donde circulan versiones, rumores e informaciones intoxicadas. En ese mundo de códigos no escritos hay alguien que sabe dónde está Santiago Maldonado. La esperanza entre los investigadores que colaboran con la familia del joven es que alguno se apiade y diga la verdad.

Esta investigación fue publicada también en www.chequeado.com