Por Maximiliano Rusconi

En los últimos días se debate qué debe hacer el Senado en relación con los Jueces que han ocupado –a mi criterio– ilícitamente lugares de trascendencia judicial para los que nunca recibieron ninguna legitimación institucional.

Vamos por partes. Primero las reglas y luego los hechos.

¿Hay alguna duda de que la legítima designación de un juez, nada menos, debe pasar por un conjunto de pasos, que, incluso, por su enorme trascendencia republicana debe reflejar una fuerte inter-institucionalidad? ¿Hay chances de que no haya perfecto consenso acerca de que estos pasos se ubican en el lugar de máximo nivel normativo, es decir, en la Constitución Nacional?

¿Puede haber alguna duda de que el artículo 99 de la CN, establece como facultad del Presidente de la Nación la de nombrar a los jueces inferiores en base a una terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado?¿Queda o no claro que si bien es facultad del poder ejecutivo la de nombrar a los jueces, él sólo puede hacerlo de esa terna que le propone el Consejo de la Magistratura, y que esta terna debe provenir de un concurso público? ¿Alguien desconoce que el Artículo 114 de la CN, dispone que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados?

¿Hay alguien que no sepa que el acuerdo del Senado es para el desempeño de un cargo en particular y concretamente definido?¿Y si sabemos todo eso, y nadie tiene -–porque no puede tenerla– ninguna duda, por qué mienten, por qué engañan a la comunidad, por qué cumplen el rol despreciable de destruir nuestra República con las armas más viles: el engaño, la mentira, la desinformación?

Así como el Consejo de la Magistratura sólo puede obtener una terna del universo de candidatos que se presentaron a un concurso y obtuvieron los primeros lugares, está claro que el poder ejecutivo sólo puede elegir un postulante del universo creado en terna por parte del Consejo de la Magistratura y también es evidente que el Senado sólo puede dar un acuerdo a un juez que llegue a los estrados de los parlamentarios luego de todo este camino, sin saltar ninguna etapa. Ahora debemos ocuparnos de los hechos, Pero hemos llegado a un punto en el cual hay que hacer algunos nombres. Para que quede claro a quienes y qué cosa defienden los que se arropan en frases rimbombantes y se autotitulan defensores de la República.

Por todo ello, quisiera referirme a algunos pliegos que en estos días se discuten en el Senado.

Veamos.

Si bien son cerca de 10 (diez) los pliegos enviados al Senado para su tratamiento y cada uno de ellos presenta particularidades, los trámites que se refieren a los Sres. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, merecen cierta consideración porque, por alguna razón que a veces preferimos desconocer, un sector de la oposición deposita en ellos una fe conmovedora en la lucha contra la impunidad y a favor de la transparencia judicial.

Hay que decir que, normalmente, por ejemplo, los traslados fueron aprobados por el Consejo de la Magistratura, en uno de los intervalos oscuros que este ciclotímico organismo expresa cada tanto tiempo, pero dicho Consejo no trató las postulaciones del dúo Bruglia y Bertuzzi. Ello no lo hizo porque en verdad no hubiera podido. Hay que recordar que durante la composición del anterior gobierno no hubo prácticamente concursos. En el caso del juez Bruglia, con buenas amistades en el gobierno anterior que, casualmente, atraviesan algunos lamentables problemas judiciales, su traslado se ordenó para cubrir la vacante del juez Freiler, removido por el Consejo de la Magistratura con un oportunismo digno de mejores causas. El juez Bruglia, provenía del Tribunal Oral Federal, nro. 4.

Según me cuentan, ya que me perdonarán que yo no me he ocupado de seguirle la carrera al magistrado, él inició su influyente camino en la justicia federal y, cuando se postulaba como secretario federal, no rindió el examen que en aquel entonces requería la Cámara Federal. Años después sería premiado directamente con la designación como juez de tribunal oral por acuerdo del Senado, luego de que su pliego fuera enviado por el poder ejecutivo cuando, claro, aún no se practicaban exámenes para lograr esa decisión del poder ejecutivo. Luego de intervenir en diversos juicios -entre ellos el caso LAPA- gestionó su pase (¿?) hasta lograrlo por vía del traslado que fue aceptado por el Consejo de la Magistratura. 

Cuando comenzó a objetarse su traslado recibió con velocidad empática la decisión de sus colegas de tomarle juramento. Lo cual logró pese a la oposición del juez Irurzun (uno de los máximos referentes de la debacle del sistema penal federal con asiento en Comodoro Py) quien, como el juez Llorens, sostuvieron que Bertuzzi y Bruglia no poseían legitimidad por carecer del específico acuerdo del Senado generado a partir del cumplimiento del reglamento para sus respectivas designaciones. El caso de Bertuzzi también es singular. Bertuzzi sí rindió examen en diversas oportunidades hasta ser designado juez de Tribunal Oral Federal de la ciudad de La Plata. Desde La Plata fue trasladado (¿?) al Tribunal Oral Federal por pedido de Bruglia.

Nunca sabremos si ello explica que Bertuzzi haya acompañado siempre a Bruglia en sus votos. Ser agradecido, en general, no está mal. En verdad, no se recuerda una sola disidencia entre Bruglia y Bertuzzi, una historia verdaderamente conmovedora. La presión inmoral al juez Ballestero posibilitó que esa linda relación entre Bruglia y Bertuzzi se transformara casi en un spa anti estrés para el gobierno anterior. El poder ejecutivo que dominó hasta el año 2019 lograba entonces, la mayoría automática en la Sala I -que se percibe a la fecha con las disidencias del magistrado Llorens. A los tildados de ex funcionarios “K” les tocaba elegir entre la persecución inmoral del señor Martín Irurzun en una sala y la entrañable historia de amistad construída por los magistrados L. Bruglia y P. Bertuzzi, como dice el refrán, había que elegir entre “Guatemala y Guatepeor”.Hay que recordar que P. Bertuzzi pasó a la cámara luego de protagonizar una absolución justa en cuanto a la imputación del estrago y el fallecimiento de las personas, pero empañada por una condena escandalosa, arbitraria e irresponsable en cuanto a la imputación de participación en el delito de administración fraudulenta en el llamado caso “Once II”.

Pero eso, señor lector, seguramente es una casualidad que para nada explica que el magistrado Bertuzzi haya sido premiado con ese lugar en la Cámara Federal y que ahora él y su amigo sean defendidos con vehemencia por algunos representantes del gobierno anterior y hoy imputados por su devoción a la hora de manipular jueces con pseudo-periodistas y el blanqueo de información fraudulenta y de origen ilícito. Luego de conocer cómo deben ser nombrados los jueces en nuestro país y cuál ha sido el exótico camino de algunos de los que tienen sus pliegos en el Senado, ¿quién levanta la mano y defiende esas designaciones?

Fuente: Página 12