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Los jueces dicen (de nuevo) que no pagarán impuestos

Por Alberto Bovino

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La movida de Lorenzetti es muy original. El ministro de la Corte Suprema trabaja con la AFIP (¿¿¿???), en una novedosa práctica de colaboración entre la cabeza de uno de los poderes del Estado y representantes del órgano recaudador de impuestos. Al mismo tiempo, convoca a distintos representantes de las fuerzas judiciales y de los ministerios públicos a una reunión para debatir si ellos desean pagar impuestos.

Stella Maris Martínez (Defensora General) y Alejandra Gils Carbó (Procuradora general) no pintaron. Todos los demás invitados concurrieron y dieron el presente. Los jueces, fiscales y defensores públicos rechazaron la posibilidad de ser incorporados al pago de ganancias. Nada previsible.

Los representantes de todo el sector judicial decidieron no emitir un documento explícito con su postura, pero resolvieron conformar una comisión que dará forma al criterio que prevaleció en la reunión y luego pedirá una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para oficializarla. De todas formas, la postura ya está en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Alberto Abad (ver).

Me resulta tan simpático todo esto. Ahora tenemos un poder judicial deliberante. Ellos deliberan si, como todos los demás habitantes bajo la jurisdicción de nuestro país, se sienten con ganas de pagar impuestos.

Lo que debemos reconocerle a Lorenzetti, al menos, es que dio transparencia a la presión de las fuerzas judiciales para mantener sus privilegios, y él quedó como el gran partidario de una nueva institución:

“pagaremo si queremo, pero como no queremo, no pagamo”.

No se comprende, sin embargo, cómo es que Lorenzetti tiene una opinión favorable al pago de impuestos por parte de los jueces y cree que es opcional para ellos pagarlo. Son impuestos, no imponen una obligación legal que pueda ser considerada opcional o voluntaria.

Quizá quiera hacer más interesante la cuestión y establecer, por ejemplo, los plazos “meramente ordenatorios” para el pago de los tributos. De ese modo, los jueces no deben acostumbrarse a la absurda exigencia —que los civiles debemos respetar— de esos “plazos raros” que parece que son de cumplimiento obligatorio. Los señores jueces no tienen tiempo para estas boludeces, ellos están delegando y delegando todo el día.

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Algún despistado se podrá preguntar cómo es eso de que no pagan impuestos. La obligación jurídica de pagar el impuesto a las ganancias deriva de la ley nº 24.631 aprobada por el Congreso Nacional. Para no someterse a la ley, la Corte Suprema menemista dictó una acordada, que es una resolución administrativa adoptada por los propios jueces (en un caso que los afectaba directamente) y que por supuesto, no debería poder imponerse sobre una ley del Congreso. Firmaron la Acordada 20/96 los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano y Bossert. La Corte dictó esa resolución, que declaró sin que existiera un caso judicial, es decir, sin jurisdicción (ver).

Un funcionario de la Corte Suprema nos contó extraoficialmente que las próximas reuniones de Lorenzetti serán con:

  • La Asociación de Automovilistas Civiles, para saber si están dispuestos a pagar los peajes de las rutas y autopistas por las que circulen.
  • La Asociación de Los Vencidos En Juicio De La Justicia Nacional, para determinar si están de acuerdo con cumplir con las obligaciones impuestas por sentencia judicial firme.
  • La Asociación de Jueces Electorales, para averiguar si el resultado de las elecciones legislativas y presidenciales es de cumplimiento obligatorio para las autoridades que deben dejar el poder al término de su mandato.
  • La Asociación de Civiles de las Provincias, para saber si las personas de las provincias asociadas están dispuestas a respetar voluntariamente el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal de la Nación.
  • La Asociación de Policías Nacionales y Provinciales, para saber si ellos serían tan amables de detener personas solo cumpliendo los requisitos legales y constitucionales.

¿Les parecen absurdas estas reuniones y su objeto de discusión? Ni más ni menos absurdas que la reunión con los jueces celebrada hoy en Talcahuano 550.

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¡Son tan lindos estos tipos! A veces me da la impresión de que ellos realmente creen las cosas que dicen para justificar sus privilegios. El titular de la Junta de presidentes de cámaras federales y nacionales, Javier Leal de Ibarra dijo que “la Constitución Nacional es un óbice infranqueable, el artículo 110 de la Carta Magna señala claramente que no puede ser afectada la remuneración judicial de ninguna manera”. Agregó que:

No es un privilegio, toda vez que apunta a la independencia del Poder Judicial y a la dignidad de los magistrados.

Ajá. Ahora me quedo más tranquilo. Si él dice que no es un privilegio, entonces no debe serlo. Me parece excelente idea preguntarle a los privilegiados si ellos tienen privilegios. La imparcialidad de la respuesta está garantizada.

Otro de los jueces, que parece que no se animó a decir “yo dije eso”, dijo:

Por su parte, otro de los jueces que participó del encuentro afirmó que hay una situación muy compleja para resolver, que vista superficialmente parece meramente inequitativa, y agregó que, en rigor de verdad, los sueldos judiciales siempre se calcularon con la idea de no pagar Ganancias.

Además, resaltó que los magistrados tienen incompatibilidades que le impiden generar ingresos por otra vía que no sea su sueldo. En ese sentido, aseveró «como juez yo no puedo comprar un taxi y hacerlo trabajar, yo no puedo instalar una librería o cualquier otro comercio, yo no puedo realizar ninguna otra actividad, salvo la docencia universitaria».

Ahora sí me tranquilizaron del todo. Los escasos pesos que les tiramos a los jueces, unidos al hecho que fueron ellos mismos quienes decidieron no pagar ganancias, constituyen una situación que solo “superficialmente parece inequitativa”.

Nuestro problema consiste en que tenemos una mirada superficial de estos temas, que son muy complejos. ¡Haberlo sabido antes! Encima de que somos superficiales, no somos capaces de ver que se trata de un tema muy complejo, que solo los jueces están capacitados para explicarnos. Por suerte, este juez anónimo nos explicó todo. Ellos quieren trabajar más y no los dejamos.

Otro juez (Anónimo 2) nos aclaró que si permitimos que el poder ejecutivo “audite” a los jueces a través del pago de ganancias, se abre una puerta que afecta gravemente la independencia judicial:

Esto forma parte de las garantías que tiene la sociedad para tener jueces independientes.

Ésta parece ser la clave. Hay que explicarles a todos los países en donde los jueces pagan impuestos que tienen una justicia de porquería, sin jueces independientes. ¡Pero ya! Con urgencia hay que ir a casi toda Europa y a los Estados Unidos, entre otros, y decirles que ellos no saben garantizarles jueces independientes a sus sociedades… ¡Pobres sociedades! Sus jueces no entienden nada de independencia judicial…

Fuente: Blog No Hubo Derecho.