Servini pidió la extradición de 20 personas.

Por Javier Sinay

El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, señaló ayer que España denegará la entrega a Argentina de veinte acusados en una investigación por crímenes del franquismo, que el 30 de octubre cursó la jueza María Servini de Cubría, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 que dirige, con el visto bueno de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), apersonada en la causa. El ministro Catalá dijo que España se ampara en la Ley de Amnistía dictada en Madrid en 1977 y también en la prescripción de los delitos. Este es, sin embargo, el único proceso judicial abierto en el mundo hoy contra el franquismo.

La jueza Servini de Cubría se encarga de la investigación por crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Francisco Franco entre el 18 de julio de 1936 y el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Siguiendo el principio de “jurisdicción universal”, el mismo que en 1998 tomó el juez español Baltasar Garzón para detener a Augusto Pinochet en Gran Bretaña, la jueza Servini de Cubría dio curso a una denuncia de familiares de víctimas del franquismo, organizaciones no gubernamentales españolas (como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica) y organismos argentinos de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, APDH, Comisión Provincial por la Memoria). Todos ellos denunciaron un “plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. “El juzgado de Servini de Cubría es el último reducto judicial que les queda a las víctimas del franquismo para ser reparados”, dijo por su parte el ex juez Baltasar Garzón.

La jueza argentina viajó a España en mayo para tomar declaración a algunas de las víctimas del franquismo registradas en un proceso abierto en Buenos Aires y que, por su edad o sus condiciones, no pueden desplazarse para prestar declaración o trasladarse a un consulado argentino en España. Según la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, Servini de Cubría “tiene intención de recabar directamente pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española”.

Ahora el ministro Catalá respondió de modo negativo a Interpol, que solicitó recientemente la detención preventiva de los veinte imputados para su extradición a Argentina: entre ellos hay dos ex ministros (José Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento entre 1974 y 1975; y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976); el capitán de policía Jesús Quintana Saracibar; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra; el ex juez militar Antonio Troncoso de Castro y los policías Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Atiliano del Valle, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres y Benjamín Solsona Cortés.

Sin embargo, el ex ministro Villa aseguró que quiere declarar ante la jueza sin usar como “parapeto” el rechazo del gobierno de Mariano Rajoy a extraditarlo a él y al resto de los 20 ex funcionarios de la dictadura franquista reclamados por la magistrada. “Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la jueza, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio”, dijo.

Recientemente, grupos parlamentarios y políticos españoles como AMAIUR (coalición política soberanista y de izquierda que actúa en el País Vasco y Navarra), ERC, BNG, Compromís, GeBai e Izquierda Plural habían solicitado la presencia del ministro Catalá para que explicara las actuaciones que el Gobierno de Rajoy llevaría a cabo con el fin de cumplimentar la orden de detención y extradición cursada por Servini de Cubría. AMAIUR sostiene que la petición de la jueza argentina pone de manifiesto de forma evidente que la represión y los crímenes practicados durante aquella época no pueden considerarse como mera suma de casos individuales, sino como parte de una política de terrorismo de Estado.