Los boliches no tienen suficiente control.

Por Analía Fangano

Cerrar espacios para el esparcimiento en lugar de habilitar y controlar, es sinónimo de prohibir. Es retardatario.

Prohibir la diversión vulnera los derechos de los adolescentes, quienes permanentemente son víctimas de un aparato de represión indirecta.

Parece que molestan. Sienten que molestan, se los abandona en una pantallita de celular o computadora. Es más sencillo frustrar a un adolescente que alentarlo y acompañarlo para que sea feliz.

Si quieren tocar un instrumento o hacer música, no encuentran espacios donde se les facilite sonido y escenario, si prefieren andar en skate, no existen rampas ni pistas públicas, a los que les gusta salir a bailar, no pueden porque el poder político decide cerrar boliches mal habilitados por ellos mismos, en lugar de controlar el funcionamiento acorde a la normativa vigente, empujándolos a la calle o lo que es peor, a la clandestinidad de las fiestas privadas, donde el Estado finalmente se desentiende u opta por criminalizarlos.

Así los chicos empiezan a desarrollar la cultura de la “aceptación”, como no hay lugares para ellos, “aceptan” las condiciones de cualquier antro, covacha o sótano. Por ejemplo, si se corta la luz en un baile en un club, ellos “aceptan, y no cuentan”, por miedo a que cierren o clausuren, con la consabida certeza de que no tendrán otros lugares donde ir.

No se evitan tragedias cerrando locales por un tiempo, se evitan con personal capacitado para habilitar, verificar e inspeccionar que las medidas de seguridad y control se cumplan.

El Estado debe garantizar el derecho a la diversión de las personas en formación como los adolescentes, y en eso deben enfocarse las autoridades de cada municipio, no sólo en que “los padres duerman tranquilos mientras los chicos salen”, en esto también debe existir el control social, a traves de la participación e integración de los padres de los menores, al sistema de control.

El interés superior es el de los chicos, que tienen derecho a crecer en una sociedad que los considera parte, los integra, contiene, escucha y acompaña.

Es anticonstitucional prohibir la diversión, que es un derecho reconocido además, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989, entre otros en los Art.15, 31 y 41 los que se incorporaron a través de nuestra Constitución Nacional.

Para abordar el tema de la inseguridad que tanto preocupaba a los padres, se sancionaron distintas normativas a nivel provincial y municipal, entre las más destacables, la Ley 14050, en la provincia de Buenos Aires, que regula la actividad y establece entre otros requisitos, que los establecimientos estén obligados a tener personal de seguridad debidamente identificado, para evitar que ingresen menores de 14 años en horarios de adultos y mayores de 18 en las matinee, cuyo horario es hasta las 23.

La Ley 14050, regula la actividad y establece entre otros requisitos, que los establecimientos están obligados a tener personal de seguridad debidamente identificado, para evitar que ingresen menores de 14 años en horarios de adultos y mayores de 18 en las matinee, cuyo horario es hasta las 23, la incorporación de cámaras de filmación y monitoreo dentro y fuera de los boliches, las que deberían coordinar con las centrales de control de cada municipio.

Deben contar con un registro del personal encargado del control y la seguridad “patovicas”, debe estar a cargo de los municipios que son los que otorgan la habilitación para funcionar, donde debe constar un apto físico y psicológico, junto al certificado de antecedentes penales y debe estar acreditada fehacientemente la capacitación para desempeñarse y tratar con menores de edad.

La capacitación debe estar a cargo de cada municipio, es un requisito del municipio sin cuyo cumplimiento, ninguna persona puede desempeñarse en el ámbito de la nocturnidad y menos aún tener a cargo la vida y seguridad de menores.

La policía debe coordinar con la seguridad privada un corredor a la salida de los boliches, para evitar desorden, acumulamiento de personas en los ingresos egresos, y disipar episodios violentos.

La improvisación y el desinterés en el tema, se materializa en éste tipo de sanciones, porque cerrar las matineé, es sancionar a los adolescentes y lesionar sus derechos.

Es muy desalentador e injusto que los adolescentes no puedan proyectarse dentro de una sociedad que les reconozca el derecho a la diversión.

Divertirse no es un crimen, el delito está en la coima que cobran los funcionarios, en la ignorancia de quienes controlan y conceden habilitaciones y principalmente en la justicia contravencional, que debe actuar e intervenir alguna vez, al menos para justificar su existencia.