El empresario Cristóbal López fue trasladado hoy al hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza tras entregarse esta medianoche en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio también detenido, Fabián De Sousa, se encontraba esta mañana alojado en la cárcel de Marcos Paz.
Ambos fueron procesados con prisión preventiva por «administración fraudulenta» a raíz del desvío de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles, para financiar a otras empresas de su grupo.
Por decisión del mismo juez federal, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray sumó un nuevo procesamiento, como autor de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y a favor de la empresa Oil Combustibles SA, gerenciada por López y De Sousa.
López fue trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza mientras que su socio también detenido, Fabián De Sousa, permanecerá en la cárcel de Marcos Paz, según lo dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal.
En los casos de López y De Sousa, Ercolini sostuvo que ambos manifestaron haber vendido las acciones del grupo Indalo, sin solicitar de manera previa autorización judicial debido a la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos. Luego, ante la negativa del juez a levantar la inhibición de bienes, «no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión, lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial».
Ercolini consideró que Echegaray, en su carácter de titular de la AFIP, otorgó «de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA» en períodos fiscales comprendidos entre el 2013 y el 2015.
En la causa se investiga la evasión de 8.000 millones de pesos en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, a través de la empresa Oil Combustibles SA, que, según la acusación, se usó para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López, también procesado al igual que De Sousa, aunque ambos con prisión preventiva.
Ercolini detalló una serie de «operatorias» que permitieron que la Oil Combustibles financiara en el tiempo sus obligaciones fiscales «en forma recurrente con distintos regímenes de facilidades de pago y con una tasa mucho más beneficiosa que si hubiera seguido los canales normales y habituales de exigibilidad».
Según el juez, Echegaray posibilitó que esa empresa «no pagara impuestos en tiempo y forma y utilizara indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico».
Evaluó que se originó un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y que el Fisco «dejó de percibir la suma de algo más de cinco mil millones de pesos ($ 5.144.538.391)» y le concedió un plan de pagos «especial de 30 cuotas con un interés mensual del 1,35 por ciento».
En el expediente se estableció que tras adeudar -Oil Combustibles- tres períodos fiscales, recibió un nuevo plan de 60 cuotas con un interés mensual del 1,90 por ciento.
«Entre las irregularidades que se habrían detectado en el otorgamiento de los dos planes especiales citados, se destacan la carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera, y no especificaría (…) el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos», detalla el procesamiento.
Al prestar su declaración indagatoria, durante su descargo Echegaray sostuvo que no había cometido ninguna irregularidad y añadió que “la actual gestión de la AFIP también había permitido el acogimiento de la contribuyente a los planes en cuestión y que esos hechos no habían sido sindicados por el fiscal como ilícitos”.
López dijo en su indagatoria que jamás intervino en los pedidos de planes de pago de OIL y que tuvo injerencia en el manejo tributario e impositivo de la compañía. “Por otro lado,señaló que Oil Combustibles SA no había evadido el pago de impuestos y que a esa fecha no existía deuda tributaria exigible, ya que todos los planes de facilidades de pagos -generales o particulares- a los que se habían acogido se encontraban vigentes”, dice la resolución.
De todos modos, el juez Ercolini sostuvo que sistemáticamemte OIL retuvo el pago del impuesto a los combustibles. “Es decir que contó con la venia, en principio, del administrador federal para pagar apenas 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones”, dijo Ercolini.
El juez concluyó que OIL concedía préstamos a otras firmas del grupo Indalo cuyos montos finales coincidían casi en su totalidad con las sumas que adeudaba al fisco”, lo que constituía “una política empresaria financiera que mantuvieron y renovaron duramente más de dos años, ya que conocían el ardid que se pergeñaba dentro de la AFIP”.