Sergio y Andrea en conferencia de prensa.

Por Rafael Saralegui

El juez Gustavo Lleral es un hombre atildado, de buenos modales. Esta mañana llamó a la mamá de Santiago Maldonado, Estela, para avisarle que iba a cerrar la causa en la que se investigaban las circunstancias de la muerte del joven artesano y tatuador en Chubut sin haber encontrado ningún responsable a quien adjudicarle penalmente el deceso. Es decir, sin ningún culpable.

Según denunció la familia en un comunicado, “hoy, 29 de noviembre de 2018, alrededor de las 9.10 hs, el juez Lleral a cargo de los expedientes de habeas corpus y desaparición forzada de Santiago, se comunicó telefónicamente con Estela, madre de Santiago.

Reproducimos el diálogo entre Estela y el juez de la causa:

“La llamo primero a usted para que no se entere por los medios”, “estoy siendo extorsionado”, “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”, “por eso debo hacer esto”, “no sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos”, “los hechos no configuran delito”; “espero que ahora haga el duelo tranquila”.

Estela preguntó: “hay alguien preso por la muerte de Santiago?”

El juez contestó  “por ahora no”.

Estela le dijo: “no voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia”.

El terreno para anunciar el cierre de la causa ya se había ido preparando el día anterior a través de trascendidos publicados en Infobae y Clarín, dos de los medios que más fielmente siguieron el relato armado desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, cuyo jefe de gabinete, Santiago Nocetti, estaba en la zona cuando se produjo el operativo de Gendarmería sobre la ruta 40, en el Norte de Chubut, que derivó en la muerte de Maldonado.

“A las 9:27 hs, el juez Lleral se comunicó telefónicamente con Sergio y le informó que ya había cerrado la causa, que podría estar de acuerdo o no pero que él tenía que tomar una decisión, que no iba a explicarle todo por teléfono y que todo iba a estar en la notificación. Que “obviamente ustedes están en condiciones de hacer lo que ustedes crean conveniente”, que ya la había llamado a la madre, que él se había comportado humanamente desde el principio como todo su equipo, que esperaba que pudiera cerrar esta etapa y hacer el duelo en paz”, agrega el comunicado familiar.

Y así fue: cerca del mediodía comenzó a circular en redes sociales la decisión del juez Lleral, quien había llegado al expediente luego de la recusación de Guido Otranto, el magistrado original de la causa radicada en Esquel, luego de que hubiera dicho en un reportaje con el diario La Nación su versión de cómo habían ocurrido los hechos, cuando el cuerpo de Santiago, aún no había sido encontrado.

La familia está convencida de que detrás de la decisión de Lleral hay una directa relación con la cumbre del G 20 que se desarrolla en Buenos Aires. “Para mostrar que acá no hay desapariciones forzadas”, dijo Andrea Antico, cuñada de Santiago, casada con su hermano Sergio. Miles de periodistas viajaron a Buenos Aires y alguno se le podría ocurrir hablar del tema en una eventual conferencia de prensa con el presidente Macri, el anfitrión.

En la familia creen -dice Andrea- que el juez Lleral le dijo a Estela, la madre de Santiago, que estaba siendo extorsionado porque no habría ningún registro de la conversión. La llamada la tomó por sorpresa, tanto como cuando en su momento la llamó el presidente Macri, que nunca recibió a la familia. Es evidente que el juez sabe que los teléfonos de Sergio, el hermano de Santiago, están pinchados por lo que si hablaba del apriete podría quedar registrado. No dijo quien lo presionaba para cerrar el expediente.

Desde comienzos de año, la causa por la muerte de Santiago estaba en una meseta, luego de la oportuna aparición del cuerpo en el río, el 17 de octubre de 2017, apenas dos días antes de las elecciones de mitad de mandato de 2017, que resultaron favorables para el oficialismo de Cambiemos. Lleral le pidió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que hicieran un peritaje con un ejemplar similar al del DNI que fue encontrado entre las ropas del tatuador. La intención era determinar si el documento podía sufrir algún deterioro después de tantos días en contacto con agua fría.

Según la resolución del juez, el peritaje del INTI firmado por “el Ing. Ricardo Giménez, Director del INTI Plásticos, por la Lic. María Cristina Inocenti y el Tco. Pablo Rocci, ambos expertos del mismo organismo, y por el Lic. Oscar Livio Caballero, perito de parte del imputado Emmanuel Echazú”, determinó lo siguiente: “luego de recrear condiciones ambientales con la mayor semejanza posible respecto del contexto del lugar del hallazgo del cuerpo de Santiago Andrés Maldonado (ya que reproducir con exactitud las mismas condiciones, resulta lógica y materialmente imposible, fundamentalmente por la naturaleza cambiante del ambiente fluvial), estableció que, en definitiva, un DNI de las características del documento hallado junto a la víctima, puede soportar un tiempo de sumersión en agua idéntico al transcurrido entre la desaparición y hallazgo del cuerpo de ésta, sin sufrir degradación en su estructura”.

Para Lleral, el peritaje sobre el DNI, es clave para establecer que el cuerpo de Santiago siempre estuvo en el río, pese a que en los rastrillajes anteriores no había sido encontrado y que Sergio había pasado por el mismo sitio antes de que lo encontraran los buzos de la Prefectura. “La pericia apuntada contribuye, aún más, a aventar cualquier suspicacia respecto al supuesto traslado y “plantado” del cuerpo de Santiago Andrés Maldonado luego de su muerte. En este sentido cabe recordar que el hallazgo del DNI en buen estado de conservación, junto al cuerpo sumergido de la víctima, fue un dato con el que algunos sectores pretendieron abonar aquella hipótesis de que Maldonado había muerto en un lugar distinto y luego fue “plantado” en el Río Chubut”, escribió el magistrado.

Con ese peritaje en las manos, el juez decidió decretar el sobreseimeinto del suboficial de la Gendarmería Emanuel Echazú, quien había regresado del río con lesiones en la cara, después de haber perseguido a Santiago dentro del predio que los mapuches ocupan en el departamento Cushamen, después del desalojo de la ruta.

Andrea Antico sostuvo que Lleral no hizo lugar a ninguna de las medidas de prueba que había presentado la abogada Verónica Heredia y que van a apelar la decisión del juez en todas las instancias y que además recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De todos modos, la impresión es que la querella a cargo de Heredia no estuvo muy activa en la causa. Un trabajo con imágenes satelitales y videos para determinar la ubicación exacta de los gendarmes dentro del campo, elaborado por el perito Alejandro Inchaúrregui, nunca fue incorporado en el expediente. Podría haber sido de utilidad, por ejemplo, para pedir una reconstrucción de los hechos y establecer, en su momento, posibles contradicciones, dudas o titubeos en los protagonistas de la represión que terminó con Santiago en el río. El tatuador no sabía nadar e ingresó en el agua porque lo perseguían y temía que lo mataran. Esos instantes finales no fueron esclarecidos por Lleral y difícilmente lo vaya a hacer algún otro magistrado en el futuro.

Para el juez, no hay dudas: “Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”.