Por Javier Sinay.

“La Justicia sólo se preocupa por las estadísticas y por cada hecho necesita un preso, por eso hay cierta desidia y cierta despreocupación por llegar a la verdad y eso, a la larga, atenta contra los casos de violencia de género”, dice Isidro Encina, el abogado de Marina y Ailén Jara. El caso de estas hermanas oriundas del barrio de Sanguinetti –de la localidad bonaerense de Moreno- se ha transformado en el último escándalo en materia de justicia y género, y su condena (con un polémico fallo que sin embargo les dio la libertad) ha sido calificada por este abogado defensor como “un truco del tribunal para quedar bien con Dios y con el Diablo”.

En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de Mercedes acaba de fallar condenando a las dos hermanas -como coautoras del delito de lesiones graves- a la pena de 2 años, 1 mes y 21 días de prisión, pero dispuso su inmediata libertad por la “prisión preventiva sufrida” de, justamente, poco más de dos años.

La historia había comenzado el 19 de febrero de 2011 a las siete de la mañana, cuando las dos hermanas, que hoy tienen 21 y 20 años, volvían de bailar y se cruzaron en una esquina con un vecino de dudoso currículum y de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, Juan Antonio Leguizamón Ávalos, que solía acosar a Ailén y que se jactaba en el barrio de haber tenido relaciones con ambas. Esa mañana Leguizamón, que tenía 35 años, ahorró palabras y se abalanzó, con un arma en la mano, sobre la mayor de las Jara –Ailén, su preferida- para abusar de ella. Pero no esperaba que Marina la defendiera y le clavara a él un cuchillo de tipo Tramontina. Entre las dos lograron defenderse y desarmar al agresor, y luego entregaron su puñal a la policía y contaron lo ocurrido, sin imaginar que iban a quedar detenidas bajo la figura de homicidio simple en grado de tentativa -figura por la que serían juzgadas dos años más tarde, después de pasar una temporada en el penal de Los Hornos.

Las hermanas fueron condenadas pero quedaron en libertad.

“Después de esto, yo tengo que hacer mucho por las mujeres porque a mí me ayudaron y porque se reconoció algo que nadie sabía”, dice Marina Jara, a poco de recuperar su libertad. “Adentro del penal hay mucha violencia, pero no sale a la luz y siempre se cuenta como algo normal”. Y su hermana Ailén agrega: “Cuando escuché que nos condenaban, me agarró una sensación rara en el cuerpo y me largué a llorar. No lo podía creer. Hay muchas mujeres que todavía están detenidas. Es una cosa re injusta, por eso quisiera hacer por ellas lo mismo que han hecho por nosotras”.

“La causa estuvo mal instruida por la fiscal Luisa Pontecorvo y mal defendida por la defensora oficial, María Celina Bereterbide”, retoma el abogado Encina. “La fiscal pidió la prisión preventiva anotando que había una persona fallecida, cuando en realidad Leguizamón conservó la vida. Ailén en algún momento dijo: ‘Yo estoy pagando por un muerto que está vivo’. Además, la fiscal tomó en cuenta un informe médico cuestionado por falsedad ideológica porque los tiempos de entrega no concuerdan con la realidad, donde se afirma que la vida de Leguizamón corrió peligro. Y esto ni siquiera fue así: el dolo homicida con el que la fiscal deja detenidas a las hermanas Jara aparece justificado por un hemoneurotórax, que en realidad, y según la historia clínica, fue un neumotórax. Es decir, a Leguizamón solamente le entró aire en el pulmón. Y eso no acarrea un riesgo de vida en una zona donde hay un hospital cerca”.

María Celina Bereterbide, la defensora oficial de las hermanas Jara, que las representó en una primera etapa desde la Defensoría Número 3, también fue cuestionada: “Por lo que me contó mi clienta, esa defensora le impidió decir en su primera declaración que Leguizamón hubiera querido violarlas”, explica Encina. “Además, en la declaración de Marina Jara consta que hubo varias puñaladas, cuando en realidad el informe forense establece una sola herida de medio centímetro por un centímetro y medio. Como todos sabemos, una declaración en contra de sí mismo viola los derechos constitucionales”.

Por último, desde la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara también denuncian el mal trabajo de la defensora oficial: “En estos años hubo tres testigos que se quisieron presentar para defenderlas y la defensora no los atendió, pero noventa días después del hecho se presentó un testigo de la acusación y lo aceptó. Es por eso que creemos que la defensora no cumplió con la obligación que tiene. Sabemos que las cárceles están llenas de pobres, pero lo más preocupante es que la defensora les proponga que declaren que ellas mismas planificaron el hecho”.