Por Claudia Rocca*

Larga es la lucha contra el renovado flagelo mundial de la Trata de personas -forma de esclavitud y explotación- que atenta contra la libertad y dignidad humanas. Una violencia silenciosa, que afecta especialmente a aquellos que viven en situación de pobreza, exclusión, precarización laboral y migración forzada, particularmente, en razón de su etnia, género y edad. Dramas estos que reconocen su origen en la segregación social, económica y cultural, fuente propicia donde las redes de abuso capturan a sus víctimas.

Pero, si bien las cifras son indicadores de un status parcial en esta batalla, ellas nos dicen que aún hay mucho por hacer. Según señala la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), en su informe del año 2019, la trata de personas -fuera de otro ilícitos complejo como la evasión impositiva, la fuga ilegal de capitales o las maniobras monopólicas- se encuentra en el tercer lugar entre las actividades delictivas más rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico. Genera aproximadamente –según la última estimación efectuada por el GAFI- más de US$ 150 mil millones al año, a través de la explotación de más de 27 millones de personas, de las cuales las mujeres y niñas superan el 70 por ciento de las víctimas.

Ese universo aberrante, se sirve de la necesaria complicidad de integrantes de fuerzas de seguridad, del sistema judicial, del poder político y mediático -alternativa o conjuntamente-, según las circunstancias de tiempo y lugar.

Actualmente, la Trata es un crimen que se basa, en especial, en el acceso a instituciones financieras, que no son sólo los destinos de las ganancias de la trata, sino también los conductos para financiar cada etapa del proceso.

Bajo esta óptica, casos resonantes de los últimos tiempos, parecerían marcarnos nuevos retos en las metodologías y recursos para una efectiva desarticulación de estas organizaciones, ya sean locales o transnacionales.

En el orden internacional, merece citarse el desmantelamiento -mediante el rastreo de bitcoin– de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó en octubre del año pasado, a la detención de 337 sospechosos en 38 países, y al rescate de 23 menores víctimas de explotación sexual. Una red montada sobre una página en la dark web – fuertemente encriptada y casi imposible de regular— que “monetizaba” el abuso sexual de los niños. Ese sitio, gestionado desde Corea del Sur, contenía más de 250.000 videos de pornografía infantil, con usuarios que pagaban las “descargas” mediante bitcoin.

En el ámbito nacional, cabe recordar la investigación efectuada por la Unidad de Control Financiero (UIF) a partir del 2012, y su decisivo rol en la posterior condena de Rubén “la chancha” Ale y su grupo de 23 allegados, “cabecilla” de «una asociación ilícita dedicada a la trata de personas para explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos». Paradójicamente, trece de sus integrantes habían sido absueltos en la causa por la desaparición de Marita Verón, en un polémico fallo de diciembre de 2012.

Asumiendo este rol en forma proactiva, la UIF ha organizado un Programa de estudios sobre el tema, que se iniciará con una Jornada debate a realizarse por internet el próximo 14 de agosto. Actividad esta encaminada a abordar el flagelo de modo interdisciplinario, multidimensional y, muy especialmente, desde una perspectiva de género.

Dicho palabras de Eric Sadim “…Contra esta embestida anti humanista, hagamos prevalecer una ecuación simple pero intangible: cuanto más se espera que renunciemos a nuestro poder de acción, más debemos actuar”.

Fuente: Página 12

*Miembro de la Comisión de Trata de Personas de la Unidad de Información Financiera.