Por Ernesto Rapa.

Entre el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso y la pueblada de Junín por el asesinato de Karen Campos, de 17 años, pasaron sólo diez días. Ese mediodía del 1º de marzo la presidenta Cristina Kircher anunció con su estilo frontal y tajante lo que sus principales funcionarios repitieron en todos los medios durante la jornada de ayer, que la Seguridad es un tema también de los gobernadores.

Karen trabajaba en un kiosco y tenía 17 años.

A la frase presidencial “hay un hacer la plancha y meter la cabeza como el avestruz para que no se den cuenta», después que una bala calibre 32 le perforó el abdomen a Karen que murió desangrada, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, le puso nombre y apellido cuando dijo: “La seguridad en Junín, como en el resto de los municipios de la Provincia, es responsabilidad del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y del gobernador Daniel Scioli a quien objetivamente le corresponde que haga un análisis con nosotros».

Algunas segundas líneas en el gobierno nacional dicen no estar dispuestos a bancar a Scioli como ocurrió cuando el asesinato de Candela Rodríguez, la chica de 11 años que apareció muerta después de pasar 9 días secuestrada en medio de la campaña electoral de 2011. La actuación de la cúpula policial bonaerense y los propios responsables políticos terminaron enfrentando serios cuestionamientos de una Comisión Investigadora en La Plata que los responsabilizó como mínimo de haber actuado con negligencia e impericia.

En la Rosada no quieren bancar a Scioli como en el caso Candela.

Antes como ahora los trágicos acontecimientos tenían como marco un año electoral y  una disputa política que esta vez presenta, al menos en este comienzo, características distintas. Cuando murió Candela quedaban escasas semanas para los comicios y un traspié del gobernador aliado de la Casa Rosada en el principal distrito electoral podía hacer peligrar el triunfo de Cristina Kiechner. El oficialismo entonces cerró los ojos y dejó que el fuerte aparato comunicacional bonaerense operara para despegarlo del escándalo. Hoy el oficialismo, con un Scioli lanzado a la carrera por la sucesión que no disimula -para el paladar K- gestos de independencia, no parece dispuesto a tolerar ese blindaje.

Volvemos a la presidenta en el Congreso «quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia. No diciendo: no tenemos responsabilidad el gobierno nacional, no; diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia».

Mientras velaban a Karen en una ciudad de vecinos y militantes alzados contra la  violencia es lo que repetía Berni: “la Policía Bonaerense es una vez y media el tamaño de Gendarmería Nacional, con la diferencia que la Bonaerense está circunscripta a tareas solamente en la provincia de Buenos Aires y Gendarmería Nacional está en todas las provincias». El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue contundente «todos sabemos que la seguridad es una competencia de la Provincia. Lo que hay que hacer es gestionar y solucionar los problemas y no echarle la culpa a otros, porque no sirve». Incluyó en sus críticas al intendente radical Mario Meoni que apuntó a la Plaza de Mayo y a quien lo mandaron -según el mismo- a que “hable con Matzkin» el jefe de la Bonaerense.

El ministro de la Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, recogió el guante y devolvió las gentilezas acusando a grupos de militantes organizados con “vínculos con organismos nacionales» de haber sido quienes incendiaron la Comisaría 2ª de Junín y atacaron edificios públicos. Junto con él otros intendentes opositores a la Rosada como el de San Isidro, Gustavo Posse, o el de Pergamino, Héctor Gutiérrez, sembraron dudas sobre el espontaneidad de la pueblada y hablaron de maniobras de “desestabilización» en suelo provincial.

Casal acusó a empleados de organismos nacionales por los incidentes.

Lo cierto es que las posiciones se tensan y los preludios de esta disputa por la responsabilidad frente a la inseguridad que atraviesa a todo el país agitan las aguas políticas. Mientras en La Plata ven maniobras kircheneristas para obligar a Scioli a ceder espacios en las listas e involucrarse de modo activo en la campaña electoral del lado oficialista, desde los despachos nacionales parecen no estar dispuestos esta vez a tolerar que el gobernador se desentienda frente a la opinión publica de los desaguisados de una fuerza de seguridad provincial perforada por sospechas de corrupción e inoperancia «mientras se saca fotos en recitales o haciendo fulbito».

Con esta lluvia de acusaciones cruzadas parece difícil que la dirigencia política asuma su responsabilidad. Es tan cierto que las provincias no han delegado en el Gobierno Central ni la seguridad ni la administración de Justicia como que el manejo de los fondos públicos es la variable de ajuste para quienes se enfrentan a la Casa Rosada.

El gobernador es el Jefe de la Policía en cada distrito, el primero en la cadena de mandos y el responsable de cada acto de la Fuerza así como el narcotráfico y el crimen organizado son delitos federales. Las dos manos de una tenaza que debieran aplastar la violencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No parece ser la idea dominante de los tiempos que vivimos en Argentina.