La protesta se desactivó rápidamente.

Por Rafael Saralegui

El reciente levantamiento de un grupo de policías de la provincia de Santa Cruz fue seguido con atención por los responsables políticos de la seguridad a nivel nacional y de las provincias de cara al fin de año que se aproxima y con el recuerdo aún fresco por las violentas sublevaciones policiales de diciembre del año pasado.

Fue constante el intercambio de información entre autoridades nacionales, provinciales y del Ministerio Público para resolver la crisis. La forma en que el levantamiento fue solucionado llevo alivio a quienes pensaban que podría ser el comienzo de un efecto cascada que podría extenderse por otras jurisdicciones.

La intervención conjunta de efectivos de fuerzas de seguridad nacionales, más la actuación de fiscales federales que de inmediato identificaron con nombre y apellido a los policías sublevados fue clave para que la protesta se desactivara rápidamente y sin mayores conflictos, dijeron a CyR dos fuentes del Ministerio Público que siguieron de cerca el conflicto.

Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Nº 2 de San Isidro y de la Comisión de fiscales federales que creó la Procuraduría de la Nación, para investigar los amotinamientos advirtió en Santa Cruz: “estoy convencido que cuando se pretende negociar con una pistola en el cinturón es sedición. Es un delito que merece pena de prisión y en ese sentido hay que avanzar”.

Una de las preguntas que se hacían los ministros de Gobierno de las provincias era si lo de Santa Cruz no fue un globo de ensayo y un mensaje para que las protestas policiales se comenzaran a replicar por el resto de las provincias.

El reclamo de un bono o un suplemento salarial de fin de año es reiterado por los diversos colectivos de trabajadores y los policías no son ajenos a ese pedido. Al mismo tiempo, los pronósticos agoreros de dirigentes políticos que vaticinan un diciembre complicado también son seguidos con atención.

En el Ministerio Público creen que las causas se iniciaron en la justicia federal contra los diversos policías que se sublevaron en las provincias en diciembre de 2013, son un antecedente importante para disuadir a quienes este año tengan la intención de repetir la experiencia. En esa línea se cree que tiene que ser alguien que está con un pie afuera de la policía quien se arriesgue a participar de una protesta, en la que además del sumario administrativo o sanción corre el riesgo de terminar en la cárcel.

Este fue uno de los temas que se conversaron en la reunión que el viernes último se realizó entre los fiscales federales coordinadores de distrito con Alejandra Gils Carbó y en la que también participó el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

Antes de fin de año está previsto que comiencen juicios a policías sublevados en diciembre de 2013 en la provincia de Entre Ríos, mientras que en Tucumán hay un grupo de al menos ocho policías procesados y detenidos, en La Pampa la causa ya fue elevada a juicio y hay 14 policías en condiciones de ser juzgados, en tanto se espera que sigan avanzando las causas que se iniciaron en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Un repaso de las causas en trámite hizo pensar que este diciembre puede ser diferente al del año anterior, donde las sublevaciones dieron lugar a escenas de saqueos y robos generalizados con la complicidad de los amotinados.