La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó que se extienda la quiebra del Correo Argentino SA a las empresas del grupo Macri «Socma» y «Sideco».
El reclamo se realizó ante el temor que la firma de envíos postales no pueda hacer frente a las obligaciones que le imponga la justicia.
Para fundar su pedido, el procurador Carlos Zannini recordó que en el fallo de la jueza Marta Cirulli, que decretó la quiebra en julio de este año, se consignó que el Correo Argentino S.A. posee “un desmesurado pasivo concursal y postconcursal” y que “tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago”.
“Además –agregó la Procuración en su escrito de 82 páginas- dicha circunstancia (la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones) es reconocida por Correo Argentino, en tanto ha dejado en claro su imposibilidad de pagar el total de la deuda que tiene con el Estado Nacional”.
El organismo, que tiene como función velar por los intereses del Estado, consideró que “Socma Americana ejercía el control en la toma de decisiones de Sideco Americana y, en consecuencia, ejercía también el control sobre Correo Argentino a través de aquella”.
Un mismo grupo
Para los abogados de la Procuración “existen elementos que exhiben que las sociedades aquí demandadas (Sideco y Socma) junto con su controlada (Correo Argentino) funcionan como un grupo empresario”, por tanto solidario en las obligaciones de cualquiera de sus marcas.
En función de demostrar estos lazos, la presentación de la Procuración señaló que “Socma Americana es garante del préstamo que se tomó el 14-12-98 para atender a las necesidades financieras de la sociedad”.
“Sideco Americana respaldó financieramente a Correo Argentino mediante operaciones de préstamo que al 31-12-00 ascienden a dólares 32.587.917”, puntualizó la demanda.
El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo pagó el canon durante el primer año.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que la fiscal Gabriela Boquín rechazó por abusivos.
La quiebra
Finalmente, a principios de julio, la jueza Cirulli decretó la quiebra de la firma pero, días después, concedió una apelación con carácter suspensivo a Correo Argentino S.A. para que presente los argumentos contrarios al fallo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial falle al respecto.
La Ley de Concursos y Quiebras, en su artículo 163, establece que la extensión de la quiebras la puede pedir el síndico o cualquier acreedor, en este caso por el Estado argentino, que reclama el pago del canon por la adjudicación del servicio postal a la familia Macri y sus socios.
Citando jurisprudencia al respecto, la presentación señaló que “la extensión de la quiebra constituye uno de los medios orientados a incrementar el activo liquidable para su reparto entre los acreedores, generalmente insatisfechos a raíz de la insolvencia de su deudor”.
Correo Argentino S.A. propuso a fines de marzo pagar 1.011 millones de pesos en concepto de deuda total por el canon impago y sus intereses derivados, una cifra que la fiscal Gabriela Boquín dictaminó es cinco veces menor al monto de la deuda.
Dilaciones
En ese momento, la Procuración respondió a la oferta evaluando que «evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades (para evitar la quiebra), sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión».
En la presentación, el procurador transparentó que Socma hace unos meses compró la tenencia accionaria del Correo a Sideco, pero que, como “al momento de ocurrencia de los hechos” era parte de la conducción de la empresa, se debe extender la quiebra a ambas firmas.
“A través de variadas maniobras (todas irregulares) el Grupo Controlante ha desviado el interés social de Correo Argentino para ‘fugar’ sus activos en un progresivo vaciamiento en su beneficio, constituyéndose en la relación causal generadora de la quiebra de ésta última”, explicó el escrito presentado ante Cirulli.