La presentación de la precandidatura de Carlos Villalba a las PASO en la provincia de Salta para la intendencia de Salvador Mazza, nos sorprendió y la repudiamos. Villalba se postula sin reparos a terminar su mandato en un cargo ejecutivo del que fue separado por la Legislatura provincial luego de haber sido encontrado en un prostíbulo durante un operativo contra la trata de personas, realizado por la AFIP y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Lo que nos resulta inaudito es que la ley del Congreso salteño aprueba su destitución interviniendo la Intendencia, pero no le asigna ninguna responsabilidad. Obviamente esto no fue un error, ni un hecho casual, sino un acto premeditado para permitirle poder presentarse a esta contienda electoral. Por eso, el gobernador Urtubey dice que no hay motivo para no permitirle presentarse como candidato de su partido.
Sabemos que la trata requiere la connivencia entre autoridades provinciales, municipales y las fuerzas de seguridad con quienes trafican personas, y también otras cosas. Sin embargo, no hay conciencia de que la impunidad frente al delito de trata de personas permite que este se perpetúe y se generen nuevas víctimas. Como señaló una diputada provincial, esto no sólo pasa en Salvador Mazza, sino que está pasando un muchos lugares de la provincia de Salta, pero no se destapa. Esto es indicio de esa impunidad.
Es así como Villalba, repudiado por un importante sector del pueblo, será nuevamente candidato ahora amparado por el gobernador Urtubey, que amparándose en esa falta de marca, deja hacer. Este es un ejemplo de acción por omisión. Por eso deberá ser la ciudadanía de Salvador Mazza ahora la que deba sancionarlo al negarle su voto. Porque quienes conducen la política provincial y municipal no lo hicieron. Esta es una muestra de la hipocresía imperante.
Sabemos que el problema de la trata no se arregla solamente con leyes, sino con políticas públicas que ayuden a recuperar a las víctimas y que eviten que otras mujeres y niñas sean víctimas de estas redes. Por eso, es necesario que se reglamenten las leyes de trata del 2008 y 2012 para que puedan aplicarse plenamente, o sea se adopten esas políticas publicas. Si las leyes sancionadas no se reglamentan, no se cumplen, ni se traducen en políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal, de esta forma estamos vaciando a la democracia de contenido real para las personas.
*Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.