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La pelea entre el Gobierno y Clarín ya disputa su último round en la Corte Suprema

La pelea judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la Ley de Medios ya tiene destino inmediato en la Corte Suprema. Esta mañana el AFSCA presentó su apelación al fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que entendió como inconstitucionales los artículos de la norma que establecen un tope a la propiedad de licencias. Clarín hizo lo propio ayer por la tarde, cuando sus abogados apuntaron contra los plazos de desinversión que la Sala I consideró constitucionales.

Será el último round de una batalla procesal a todo o nada.  Desde el lunes ambas partes tendrán 10 días para responderse y luego la Cámara decidirá si eleva la causa a la Corte. Esto se descarta que será así porque es la misma instancia que autorizó los recursos extraordinarios ante la Corte cuando todavía se trataba de cuestiones cautelares. Ahora, con el expediente entero, no hay justificativo posible para no girar la causa al cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Lorenzetti tiene la última palabra sobre a ley que más le importa a Cristina.

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“Para nosotros el tema ya está ganado desde el momento que no es necesario optar entre distribuir contenidos o generarlos , por eso la verdad es que no pusimos demasiadas energías en la apelación ni la presentamos apenas conocido el fallo de la  Cámara”, comentaba ayer por la mañana, a quien quisiera escucharlo, Damián Cassino, el abogado de línea directa con Pablo Casey (ejecutivo de estrecha relación con Hector Magnetto, el CEO de Clarín).

Los camaristas Francisco De las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Gurarinoni entendieron constitucionales los plazos de transferencias (de un año) el control del espacio radioeléctrico por parte del Estado. Le concedieron a la empresa lo esencial y le dieron al Gobierno un consuelo accesorio.

Si bien Clarín apunta en la Corte contra lo primero, poco o nada ha dicho sobre lo segundo. “Es que, según la ley, con las señales de radio casi no estamos excedidos, a lo sumo deberíamos vender dos o tres señales del interior”, explican los letrados del grupo.

El Gobierno, por su parte, presentó un escrito técnico y, tal como contó CyR, evitó cualquier tipo de crítica directa a los camaristas que tienen abiertos sumarios en el Consejo de la Magistratura. El único fragmento de este tipo fue sostener que la Cámara “ha incurrido en apreciaciones ideológicas parcialmente destinadas a satisfacer los intereses del actor (Clarín)”.

“De confirmarse la sentencia de la Cámara se distorsionaría el sentido de la LSCA al situar al grupo mayoritario y más extendido en una posición de privilegio en el mercado, ya que mientras éste no tendrá que readecuarse a los fines de ajustarse a la normativa, sí lo deberán hacer los otros licenciatarios”, escribieron los abogados de la Procuración del Tesoro para cuestionar la visión “economisista” de la Cámara.  Interesante planteo si se considera que allí tramitan la causas de las grandes empresas y el Estado.

La Corte no tiene fecha para expedirse pero todo indica que ya existen cuestiones más urgentes como la reforma judicial, que la semana próxima promete novedades a partir de los Per Saltum que llegarán a la mesa de entradas. De todo modos, no se descarta que la cuestión sea resuelta antes de los próximos comicios.

 

 

 


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