Por Rafael Saralegui.

Un sector de los espías de la Secretaría de Inteligencia (SI) están en pie de guerra. La muerte de un agente de la SI el martes último en su casa de La Reja durante un operativo realizado por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en una causa cuyo origen fue una investigación por narcotráfico puede traer graves consecuencias en las relaciones siempre ásperas de la fuerzas de seguridad.

El agente, apodado El Lauchón, de 59 años, fue muerto de cuatro disparos cuando los halcones ingresaron poco antes de las siete menos cuarto del martes 9 de julio en el chalet que ocupaba en la calle Rocha Blaquier al 1500, en La Reja, partido de Moreno, con una orden de allanamiento firmada por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Cullota. En esos momentos el agente se encontraba con su esposa.

Fuentes cercanas a El Lauchón dijeron que los efectivos del Grupo Halcón aprovecharon la llegada de un hijo del agente junto a su novia y que le hicieron abrir el portón. Pero cuando llegaron hasta el chalet derribaron la puerta y empezaron a los tiros.

La casa donde fue muerto El Lauchón.

“Chapa, chapa”, gritó El Lauchón cuando entraron los policías, una forma de identificarse para decir que se trataba de uno de ellos. Pero, según la misma versión, fue en vano, recibió un disparo y cuando él caía alcanzó a accionar su pistola Glock e hirió en el pie a uno de los comandos. Luego recibió tres disparos más. “Fue un asesinato”, juran sus compañeros.

Las mismas fuentes sostienen que directamente fueron a matar al agente, que si la intención hubiera sido detenerlo, se hubiera obrado de otra forma. “En un momento pensaron en matar a todos para que no hubiera testigos, a la esposa, al hijo y a la novia, pero uno de la patota dijo que no porque ya habían salido los vecinos, después de los disparos”, dijo a CyR, una fuente cercana al agente muerto.

En la causa constaba que El Lauchón era un agente activo de la SI. Por eso llama la atención que no se hubiera avisado antes a las autoridades de la Secretaría que se estaba por realizar el procedimiento o que había un agente bajo sospecha. Es una práctica habitual que cuando se arresta a un miembro de una fuerza de seguridad se avisa antes a las máximas autoridades, por una cuestión de cortesía, por eso de que entre bueyes no hay cornadas.

La investigación del juez Cullotta se inició hace dos años contra un hombre de apellido Caricaburu y durante este tiempo se incautaron cinco kilos de marihuana y uno de cocaína, una cosecha bastante modesta. En el expediente, El Lauchón aparece vinculado con un allegado a un puntero político de la zona de Moreno, que hacía maniobras inmobiliarias con terrenos fiscales. Se cree que habría participado en la compra y venta de terrenos. O que por lo menos él habría comprado un terreno.

Los allegados a El Lauchón negaron que en su casa se hubieran secuestrado drogas, lo mismo que en el domicilio de otro de sus hijos que también fue allanado. Niegan además que el agente estuviera trabajando como infiltrado en una causa de narcotráfico y mucho menos que fuera miembro de la banda, como se hizo trascender en las primeras horas. El juez ordenó ese mismo martes 17 procedimientos, que terminaron con el arresto de 13 personas.

Fuentes de la cúpula de la Policía Bonaerense confirmaron a CyR que no hubo secuestro de estupefacientes en la casa de El Lauchón y abonaron la convicción de que directamente fueron a asesinarlo. Dijeron, además, que hace quince días habría sufrido otro intento de homicidio. Esa alto jefe dijo que en la fuerza había una enorme inquietud, porque el muerto “no era un cuatro de copas”. Y le extrañaba que no hubiera ninguna palabra de los funcionarios políticos para explicar lo sucedido. También habló de la interna que vive la SI desde hace años, que responde a los mandos de dos jefes históricos: Jaime y Pocino. El Lauchón integraba las filas de Jaime.

El Lauchón, de 59 años, era un agente operativo, en actividad, y siempre usaba armas. Hace un par de años mató a dos delincuentes que quisieron robarle su camioneta, y en otros operativos había matado a dos hombres más. En sus 30 años de servicio estuvo destinado varias veces en Ciudad del Este, para investigar las actividades del Hezbollah, el grupo fundamentalista acusado de haber llevado adelante el atentado contra la sede de la AMIA; allí habría establecido buenos vínculos con agentes de la CIA y el Mossad, el servicio secreto israelí.

En la SI responsabilizan al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, por el operativo que finalizó con la muerte de El Lauchón y analizan una medida inusual, presentarse como querellantes en la causa en la que se investiga el homicidio y pedir que imputen a los funcionarios. Durante las últimas horas, hubo nerviosas conversaciones telefónicas para tranquilizar la situación.

Hace dos años, El Lauchón fue acusado por Lorena Martins, hija de un ex agente de la SIDE, de haber sido enviado por su padre a matarla. Lorena dijo que su padre Raúl Martins, regenteaba una red de prostíbulos. Hizo la denuncia en medio de un complicado trámite de divorcio entre sus padres. Dijo que El Lauchón entró en la casa que ocupaba con su novio y que hubo un intercambio de disparos con los efectivos de la Policía Federal que la protegían. Martins tenía buenos vínculos con el juez federal Norberto Oyarbide. Finalmente, la denuncia de Lorena contra su padre fue desestimada por la jueza María Romilda Servini de Cubría, ya que el Código Penal no contempla las denuncias entre familiares directos.