Por Ricardo Ragendorfer

Este episodio fue reconstruido por el realizador Constantin Costa-Gavras en su película Sección Especial (Section Speciéle/1975). Durante el verano de 1941 el marqués Fernand Brinon, delegado del gobierno colaboracionista de Vichy ante los invasores alemanes, es recibido en París por el Sturmbannführer Karl Bömelburg. El motivo: acordar el marco legal para la represalia por la muerte en manos de la Resistencia de un oficial del Tercer Reich.

El anfitrión nazi va al grano: “El atentado exige la vida de seis franceses acusados de terrorismo”. Brinon le advierte que no hay detenidos por el hecho. De modo que los ejecutados deberán ser personas capturadas con anterioridad. Y qué la ley entonces tendrá que ser aplicada en forma retroactiva.

–¿Aquí las leyes son retroactivas? –pregunta Bömelburg.

–¿De qué manera?

– Bueno… se dará instrucciones en tal sentido al tribunal.

– ¿Quién dará esa instrucción?

– El ministro de Justicia, claro está.

Cada vez más sorprendido, Bömelburg quiere saber:

– ¿Aquí es él quien instruye a los tribunales?

– No. Pero podemos hacer que lo haga.

¿Acaso en un contexto con tamaña laxitud jurídica personajes como el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, la de Seguridad, Patricia Bullrich, y el mismísimo Mauricio Macri no se hubieran sentido a sus anchas?

En este punto bien vale evocar la mañana del 10 de diciembre de 2015, cuando este último pronunciaba el discurso inaugural de su presidencia ante la Asamblea Legislativa; entonces, al enumerar sus buenas intenciones, dijo: “En este gobierno no habrá jueces macristas. ¡No serán bienvenidos!”.

Ahora, a casi once meses del fin de su gestión, los diputados del Frente de Todos (FdT) Martín Soria, Rodolfo Taihade y Eduardo Valdez ampliaron la denuncia presentada en otoño del año en curso contra la denominada “mesa judicial” del régimen de la alianza Cambiemos. Un cenáculo concebido para presionar, hostigar y disciplinar a jueces y fiscales –además de deshacerse de los más díscolos para reemplazarlos por los de su agrado– con la finalidad de impulsar procesamientos y torcer a su antojo el sentido de ciertas causas en el marco de su gesta persecutoria contra ex funcionarios kirchneristas, dirigentes opositores y empresarios rivales.

Según tal presentación, la responsabilidad de los hechos abarca a Macri, a Garavano y Bullrich; al ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; al ex procurador del Tesoro, Bernardo  Saravia Frías; al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; al ex asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”; al ex miembro del Consejo de la Magistratura (y actual fiscal general de la Ciudad), Juan Bautista Mahiques y a Daniel Angelici, el único sin cargo en el gobierno. Los delitos que habrían cometido conforman una extensa lista; a saber: abuso de autoridad, amenaza, coacción, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento, prevaricato y asociación ilícita.

Ciertos “aprietes” a jueces saltaron oportunamente a la luz, como el que padeció el doctor Juan Carzoglio al ser visitado por dos esbirros jerárquicos de la AFI –Fernando Di Pasquale y Sebastián De Stefano– para “apurar” la orden de arresto contra el sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, en la causa que investiga irregularidades en el club Independiente. O la irrupción de Mahiques al despacho de la camarista de Casación Penal, Ana María Figueroa –apenas a tres días de la asunción presidencial– con el propósito que acelerar su rúbrica para dejar firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. En ambos casos lo emisarios hicieron hincapié en el interés de Macri por tales asuntos.

Lo cierto es que no alcanzaría un solo libro para relatar las trapisondas judiciales cometidas desde el poder por esta alegre cofradía, junto a la calaña de sus hacedores. Pero, a modo de caso testigo, el doctor Garavano es un gran ejemplo para echarle el ojo. Ya de por sí su figura es notable: el tipo cumplió con dedicación hasta las órdenes más indignas, pero siempre con los dientes apretados y al borde del colapso nervioso por el maltrato que se le dispensaba desde la Casa Rosada y los continuos ataque de ciertos dirigentes, como Elisa Carrió, quien incluso solía tildarlo de imbécil en público. ¡Pobre Germán!

Tal vez este hombre sea recordado por las futuras generaciones a raíz de su participación directa en el armado de un falso testimonio para el valijero Leandro Fariña con el noble propósito de incriminar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del lavado de dinero. El rol del ministro en el asunto tuvo una gravedad institucional indisimulable dado su cargo en el Poder Ejecutivo. Pero aquel individuo en perpetua pelea con el peine no se amilanó, al punto de dejar para la posteridad un cuerpo probatorio que incluye correos electrónicos con las instrucciones argumentales al respecto e intercambios de WathsApp con la abogada Giselle Robles y él para ajustar los aspectos de la maniobra, no sin sumar el hostigamiento padecido por ella tras correrse de la escena.

A fines de agosto del año pasado, Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial predilecto del entonces presidente, ya no lucía el semblante altanero de siempre. El resultado de las PASO lo había afectado de sobremanera.

Tanto es así que por aquellos días se lo oyó decir:

– ¡Qué mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos.

Esa escena transcurría en una mesa de la confitería La Biela. Su único interlocutor era el entonces jefe de los asesores presidenciales, José Torello. Y simplemente asintió con un amargo corcoveo.

Fuente: Tiempo