MenúLa disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la Ley de Medios llegará a la Corte Suprema en el mes de abril. La semana próxima la Cámara Federal en lo Civil y Comercial emitirá la su fallo sobre la apelación del holding contra la sentencia del juez subrogante Horacio Alfonso. El resultado no guarda grandes enigmas en la planta baja del palacio de Tribunales y tampoco en Balcarce 50. Los camaristas Francisco De las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni revocarán la sentencia que entiende como constitucionales los artículos que regulan los plazos de desinversión de la norma.
Los criterios tampoco son secretos: al igual que en las dos ocasiones en las cuales emitieron medidas cautelares que paralizaron la aplicación de la ley (la última cuando se frustrara el tan promocionado 7D), los jueces de la Sala I sostendrán que los artículos en cuestión afectan cuestiones de derecho a la propiedad privada y a la libertad de expresión. Luego el debate pasará a la Corte, apelación del Gobierno mediante.
La postura de los jueces de la Corte está dividida.
El cuarto piso de la calle Talcahuano será el escenario de la pelea final, al menos en el plano procesal. Es por esto que el texto d e la apelación no estará a cargo de los abogados de la Jefatura de Gabinete o del AFSCA (cuyos escritos han sido defenestrados por los ministros del máximo tribunal cuando recurrieron en queja vía Per Saltum) sino de la Secretaría de Legal y Técnica que dirige Carlos “Chino” Zanini. Previsor, este ya ha armado una suerte de dream team de letrados para formular una apelación sólida a la lectura de los influyentes secretarios letrados de la Corte.
Lo que sucederá cuando el expediente llegue entero a la sesión de acuerdos (hasta ahora solo han visto cuestiones parciales) ya desata todo tipo de apuestas y especulaciones en el palacio de Tribunales pero también en los exclusivos salones del Jockey Club, donde los ministros de la Corte tienen una membrecía vitalicia desde el momento en el cual acceden al cargo.
En estos conciliábulos se puede conocer, por ejemplo, que Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni son los tres ministros más cercanos a la idea de que la norma debe implementarse. Rechazan la sucesión de cautelares que ha generado el expediente y coinciden en que una vez aplicada la ley Clarín estará en su derecho de hacer una demanda contra el Estado. Por cierto, esta ya ha sido redactada (el monto por daños y prejuicios es multimillonario).
En la posición opuesta se encuentran Carmen Argibay, Carlos Fayt y Enrique Petracchi. El pensamiento de estos no dista demasiado de la tesitura que domina el fuero Civil y Comercial. Tiene una visión común sobre el concepto de libertad de expresión pero no en lo referido a los contenidos de las empresas de medios sino en el derecho de los ciudadanos a elegir qué señal o producto consumir.
Quien despierta mayores dudas es el miembro más político: Juan Carlos Maqueda. De íntima relación con el gobernador cordobés José Luis De la Sota y con diversas objeciones a ciertos puntos de la gestión de Lorenzetti en la Corte (que encierran aspiraciones propias) etse ministro podría tener la llave para una cuerdo que se perfila más dividido de lo que los mismos jueces quisieran.
