El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad de Buenos Aires Leonardo Fuchi declaró hoy la inconstitucionalidad de la ley 6.289 que se aprobó en 2019 en la Legislatura local y que autoriza al Gobierno porteño a la venta del predio de Costa Salguero, en la Costanera Norte.

La resolución del magistrado hizo lugar al amparo que presentó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Cerruti y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño.

En el fallo, Fuchi declaró «la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad», lo que reglamentan los alcances de las audiencias públicas para la participación ciudadana y el proceso obligatorio para las normas sancionadas en el Parlamento denominadas «de doble lectura».

En rigor, los diputados aprobaron en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilitó a la administración porteña a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco mediante un solo debate legislativo, lo que fue objetado por la diputada Cerruti y el Observatorio ante la Justicia.

Doble lectura

Es que, para los amparistas, la iniciativa debía encuadrarse en las normas «de doble lectura», es decir, que se debe  someter a dos tratamientos en comisión y en el recinto, incluyendo la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió.

«El fallo que da lugar al amparo y declara la inconstitucionalidad de la ley que intenta vender los terrenos de Costa Salguero es fruto de la movilización de las fuerzas políticas y sociales de la Ciudad», aseguró Cerruti en su cuenta de Twitter después de conocida la resolución judicial.

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De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó en suspenso. Se estima que la medida incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura.

Ese texto a su vez avala un proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el lugar, que tiene el rechazo de organizaciones sociales y políticas que plantean que allí haya un espacio verde y público.

Los terrenos en cuestión se dieron en concesión en la década del 90 a la empresa Telemetrix, que hace pocas semanas recibió una extensión del contrato de explotación hasta mediados de año por parte del Gobierno de la Ciudad.