El juez de instrucción penal Diego Slupski pidió informes a Panamá y Suiza sobre dos sociedades que aparecen en los «Panamá Papers» relacionadas con el ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
El juez pidió también las declaraciones juradas de Grindetti al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP, para constatar si esas sociedades están mencionadas adecuadamente.
El magistrado Slupski se hizo cargo de la investigación contra Grindetti por decisión de la Cámara del Crimen, que resolvió una cuestión de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison.

Grindetti «figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza», sostiene la denuncia.
Sobre la base de información contenida en la investigación periodística denominada «Panamá Papers«, la Cámara determinó que la investigación «es competencia del fueron de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado.
Tanto Macri como Grindetti, que fue directivo del grupo Socma, de la familia Macri, luego ministro de Hacienda en el gobierno porteño y hoy a cargo de la comuna de Lanus, fueron denunciados penalmente luego de que se difundieran documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, en el marco de un convenio con el Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ.
A Grindetti se lo investiga por no haber puesto en su declaración jurada la cuenta suiza ni las acciones de la firma Mercier International, aunque el hoy intendente explicó que no lo hizo porque la empresa no había tenido ninguna actividad.
El caso tramito en la justicia federal, en manos del fiscal Patricio Evers y la jueza María Servini de Cubria, donde se abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito, pero finalmente fue derivada al fuero ordinario porque el presunto delito se habría cometido siendo funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto no sería competencia de los tribunales de Comodoro Py 2002.