La jueza María José Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar el pasado 29 de diciembre a una acción de amparo iniciada por el diputado nacional Manuel Garrido y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que en el plazo de 10 días hábiles judiciales entregue al legislador la información que fuera solicitada con fecha 29 de mayo de este año al presidente y gerente general, Miguel Galuccio, referida al acuerdo firmado para la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron, en los términos del decreto 1172/03.

Según la magistrada, la información brindada por la compañía “invocando ‘compromisos de confidencialidad’ y la existencia de ‘secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos’ que no se pueden divulgar, no satisface lo dispuesto en el art. 16 del Decreto, toda vez que ‘…los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública deben ser interpretados en forma restrictiva en virtud del principio de máxima divulgación de la información pública”, informó el CIJ.

El CEO de YPF, Miguel Galuccio, insistió en que no existen cláusulas secretas, sino que se trata de cuatro artículos «confidenciales por tratarse de dos compañías privadas que cotizan en bolsa». El gobierno nacional asegura que no toda la información de YPF es pública porque no se trata de una empresa estatal común y corriente, sino una sociedad anónima cuyo 51% está en manos públicas.

Si YPF cumpliera con la decisión de la jueza Sarmiento, debería entregar la información entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero. Pero lo más probable es que los abogados de la petrolera resuelvan apelar la decisión. El propio Galuccio había ya señalado en su momento que revelar esas cláusulas podría generar inestabilidad jurídica y poner un freno a la llegada de inversiones.