Los candidatos de Cambiemos en 2017.

Por Rafael Saralegui

Después de que una investigación periodística reveló que más de 200 personas pobres o de bajos recursos aparecieran como aportantes de Cambiemos en la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires, en lo que aparenta ser un uso de nombres para justificar el ingreso de dinero para solventar los gastos de la contienda, la Justicia federal inició dos expedientes.

Uno se inició por una denuncia realizada por Lucas Schaerer, uno de los integrantes de la organización La Alameda, que lidera Gustavo Vera y que se dedica a combatir el trabajo esclavo. La otra la inició de oficio el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, luego de que trascendieran los datos de la investigación. Resta determinar si los dos expedientes se unificarán en uno y si luego pasarán a la justicia electoral con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

La investigación publicada en El Destape sostiene que se identificaron 205 casos de titulares de los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja como aportantes a la campaña de Cambiemos durante el 2017, en la que Esteban Bullrich se impuso como senador por la provincia de Buenos Aires, al derrotar a la ex presidente Cristina Kirchner. Se trata de aportes pequeños pero que suman unos 300 mil pesos, sobre todo en distritos del sur del Gran Buenos Aires.

Los denunciados son -entre otros- el actuales senadores Bullrich y Gladys González, su compañera en la fórmula, y las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, que fueron en la lista de legisladores nacionales de Cambiemos en las elecciones de mitad de mandato.

Cuando fueron consultados los supuestos aportantes, todos negaron haber realizado las erogaciones, que oscilaban entre los 300 y los 1500 pesos, debido a la delicada situación económica en la que viven: la mayor parte de ellos residen en villas y barrios precarias del Gran Buenos Aires. En la investigación periodística se decidió preservar la identidad de las personas consultadas para evitar que pudieran recibir algún tipo de represalia.

Al definir la maniobra, la denuncia de Schaerer sostiene que “pone en evidencia la constitución de una organización ilícita destinada a cometer delitos, la que ha sido cuidadosamente diseñada con la finalidad de introducir dinero que se encontraba fuera del sistema legal -y que bien podría provenir de actividades ilícitas- en el sistema de financiamiento de campaña de partidos políticos, utilizando para ello la identidad de personas que se encuentran en total estado de vulnerabilidad”.

Según el denunciante, se trató de una maniobra de lavado de dinero para ocultar el origen de los fondos con los que se cubrieron los gastos de campaña de Cambiemos.

“La finalidad de las conductas es clara: utilizar las funciones en el Estado, para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”, dice la denuncia. “Entiendo que resulta de medular importancia esclarecer el origen de los fondos involucrados, máxime cuando algunas de las personas físicas son actualmente investigadas, en otras causas judiciales, por hechos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad maliciosa en la declaración jurada”, agrega el denunciante, en referencia a otra denuncia contra Graciela Ocaña. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.