Ricardo Echegaray se trae entre manos una jugada que podría sorprender: anotarse en el concurso para integrar el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), organismo que depende del Ministerio de Economía. Este concurso se había activado durante el kirchnerismo pero luego quedo dado de baja.
El TFN evalúa las apelaciones a los actos administrativos y se encuentra abarrotado de litigios porque la mitad de su integración (cuenta con 21 miembros) se encuentra vacante.
Su estado es de una anarquía pasmosa ya que el exiguo personal que asiste a los vocales está contratado y aspira a marcharse tan pronto pueda conseguir algún trabajo mejor, desalentado por bajos salarios y las nulas posibilidades de incorporación a la planta permanente; las oficinas están pobladas de muebles viejos, pilas de expedientes y un equipamiento informático lamentable.
Creado en 1959 bajo la presidencia de Arturo Frondizi, es el único tribunal nacional especializado en materia tributaria y aduanera.
Para su creación se tuvieron en cuenta como modelos el Tax Court de los Estados Unidos y el Tribunal Fiscal de México. Cuando los contribuyentes apelan las liquidaciones de tributos y multas generadas por la Dirección General Impositiva o la Dirección General de Aduanas, éstas quedan en suspenso y no pueden cobrarse hasta que se pronuncie el Tribunal.
Allí es donde ahora buscaría recalar Echegaray. El concurso se abrirá en breve y no hay que rendir examen para entrar sino que solo se consideran antecedentes. Echegaray, con 10 años en la AFIP tiene una posición para nada despreciable.
El ex recaudador debió dejar la AGN por la presión de Elisa Carrió y sus causas judiciales pero el TFN sería un premio consuelo, que además vendría a confirmar el rumor de que Echegaray ha colaborado sigilosamente con el Gobierno en su plan de blanqueo y ha pasado horas asesorando al equipo de Alberto Abad.
Dicen que Echegaray sabe por qué fracasaron los blanqueos del kirchnerismo y dice estar ayudando al Gobierno «a que no se tropiecen con la misma piedra».
El concurso del TFN no paso por el Consejo de la Magistratura y la decisión recae solo en una persona, justamente el único socio de Carrió en el gabinete: el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.