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La investigación por el triple crimen pasa a la justicia federal

La causa era llevada adelante por el fiscal de instrucción Juan Bidone, quien resolvió declararse incompetente y pasar la investigación a la jueza federal María Servini de Cubría.

Fernández rechazó las acusaciones.

Fernández rechazó las acusaciones.

El juez de Garantías de Mercedes, Facundo Oliva, se declaró hoy incompetente para continuar investigando el triple crimen de General Rodríguez y consideró que ese expediente debe unificarse con el que lleva adelante su par federal porteña, María Romilda Servini de Cubría, por tráfico de efedrina.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta tras un planteo de incompetencia por declinatoria formulado por el fiscal Juan Ignacio Bidone, al que el magistrado hizo lugar hoy, por lo que el expediente será enviado a la Justicia federal de la Capital Federal patra que si allí la investigación.

En la causa que había investigado Bidone aparece como autor intelectual del triple crimen Esteban Ibar Pérez Corradi, quien se encuentra prófugo desde hace más de tres años.

En la causa que investiga Servini de Cubría se investiga el tráfico de efedrina durante el gobierno de Cristina Kirchner y entre los procesados en ese expediente se encuentra José Granero, ex titular del Sedronar, el organismo encargado de autorizar las importaciones de efedrina.

Uno de los condenados por el triple crimen, Martín Lanatta, luego de haber dado una entrevista en la televisión, declaró en la causa de Servini de Cubría y acusó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del triple crimen.

Ayer la diputada Elisa Carrió denunció a Fernández con el mismo argumento: que era el autor intelectual del triple crimen y que él había ordenado la ejecución.

Ese expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, pero debería sumarse a la que tramita Servini de Cubría, ya que se trata del mismo objeto procesal.

Durante el juicio oral en que se condenaron a los asesinos del triple crimen los jueces consideraron que hubo una cobertura política para los homicidas y que esa organización disponía de medios económicos para llevar adelante la ejecución de los competidores en el tráfico de efedrina.