Por Rafael Saralegui.

La interna en el seno del Poder Judicial es tan fuerte, tan evidente que ya resulta imposible de ocultar. El tema coyuntural de la disputa, es la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, por la plena aplicación de la Ley de Medios, que el holding objeta al considerarla inconstitucional. El escenario de esa pelea es el fuero civil y comercial federal, donde debe dirimirse la cuestión sobre una norma que fue sancionada hace tres años ya. Pero el tema de fondo es la concepción sobre el rol de la Justicia y el papel que deben cumplir todos quienes la integran.

La manifestación más fuerte de esa división se hizo patente con la publicación de sendas declaraciones por los dos bandos en pugna. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia difundió una declaración a través del Centro de Información Judicial (CIJ), el órgano de difusión de los temas judiciales que monitorea directamente el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

El comunicado fue firmado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, en forma genérica, ya que no figura el nombre de ninguno de los titulares de cada entidad.

Los firmantes aseguran haber recibido la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país por «a) la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente; b) recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa; c) campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal; d) pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales; e) intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados».

Exhortan al Poder Ejecutivo a cubrir las vacantes pendientes, a que se respete la independencia de los tres poderes y al final, en el párrafo que más llamó la atención, solicitan «teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular de la AFSCA, que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública».

Gils Carbó encabezó la firma de la nueva declaración.

La reacción no fue inmediata, demoró varias jornadas, pero la declaración propiciada por la Corte generó indignación en jueces, fiscales y defensores que dijeron no haber sido consultados y menos sentirse representados por el tenor de la declaración, que fue divulgada por los grandes medios de comunicación, enfrentados con el Gobierno justamente por la Ley de Medios. Durante el fin de semana, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gills Carbó, y la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, se comunicaron para redactar otra declaración, que hicieron circular entre integrantes del Poder Judicial, docentes y académicos más cercanos a la línea del Gobierno.

Esta declaración fue difundida el martes por la web del Ministerio Público Fiscal que encabeza Gils Carbó, que con su firma arranca una larga lista de adherentes como la propia Martínez, seguidos por Alejandro Slokar (Juez Cámara Federal de Casación Penal), Alicia Ruiz (Ministra Tribunal Superior Ciudad de Bs. As.), Eduardo Freiler (Juez de Cámara Federal), Gustavo Bruzzone (Presidente Cámara del Crimen), Javier De Luca (Fiscal de Cámara Federal Casación Penal), Mario Kestelboim (Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires), Jorge Auat (Fiscal de Cámara), Omar Palermo (Fiscal General Mendoza), Héctor Cortes (Juez de Cámara Mendoza), Félix Pablo Crous (Fiscal de Cámara), Alejandro Alagia (Fiscal de Cámara), Daniel Erbetta (Ministro de Corte Santa Fe), Alejandro Panizzi (Ministro Corte Chubut), Carlos Rozanski (Juez de Cámara La Plata), Roberto Falcone (Juez de Cámara Mar del Plata), Mario Portela (Juez de Cámara Mar del Plata), Gabriel Ganon (Defensor General Santa Fe), entre otros.

Los firmantes dijeron que muchos de ellos integran las asociaciones que difundieron el comunicado de la Corte, pero advirtieron que «no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento». Agregan que «las autoridades universitarias, docentes y reconocidos profesionales del derecho que suscriben también el presente, expresan su rechazo a los términos del comunicado emitido por las organizaciones ya mencionadas, y manifiestan su enfático respaldo a la concepción democrática del Poder Judicial que se pone de manifiesto en este documento».

En medio de este debate, se produjo el escandaloso fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán que absolvió a los trece acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón, generando una ola de indignación que atravesó todo el país. La presidente Cristina Fernández se sumó a la críticas y abogó por una «democratización del Poder Judicial». Y como agregado a este cóctel surgieron las versiones de que el presidente de la Corte, Lorenzetti, promotor de la declaración de la discordia, aspiraba a convertirse en candidato a la Presidencia. El tema tomó tal cuerpo que Lorenzetti ordenó difundir un comunicado tras la reunión de acuerdo de los martes para desmentir la especie.

«En el acuerdo de ministros realizado el martes 11 de diciembre de 2012 he manifestado que continuaré en mis funciones como juez, y desmentido que tenga el propósito de ser candidato a algún cargo político. La declaración del Dr. Fayt no tuvo otro alcance que una expresión de amistad y de respeto, que refleja la excelente relación que existe entre los miembros del Tribunal. Hubo total coincidencia de los magistrados en señalar que este tipo de versiones no tienen fundamento alguno», dice el comunicado.

La referencia a Carlos Fayt, es porque fue el ministro más antiguo de la Corte, durante un almuerzo en el Club del Progreso quien dijo que el Poder Judicial estaba dirigido por un excelente jurista y que además podría ser un gran presidente. Pese a la enfática desmentida de Lorenzetti, se sabe que esa eventual candidatura es observada con simpatía en algunos partidos políticos que no tiene figuras más potables para ofrecer a la ciudadanía.