Por Alejandro Bercovich

-Tenemos que hacer algo como Mercosur, Andy, porque esto nos lleva puestos. La reforma laboral que pusieron en marcha los hace mucho más competitivos que nosotros. ¡Así nadie va a querer contratar acá!

El «unicornio» Marcos Galperín, fundador de una de las cuatro empresas tecnológicas con base en Argentina que valen más de u$s 1.000 millones, charlaba el sábado con su amigo Andrés Freire, ministro de Modernización porteño y primer candidato a legislador por el macrismo. Recién llegado de San Pablo, donde mercadolibre.com levantó sus imponentes oficinas regionales, el emprendedor compartía con con su antiguo colega su perplejidad ante la reforma impuesta por Michel Temer, quien aprovechó la implosión del PT y la disparada del desempleo (del 4,8% al 13,3% en solo tres años) para barrer con buena parte de las conquistas sindicales brasileñas, incluyendo el pago de horas extras, el derecho a vacaciones en un solo tramo y hasta la simple estabilidad en el puesto.

Freire coincidió con él en la necesidad de una reforma laboral y le pidió paciencia hasta después de las elecciones. Pero el heredero de la curtiembre SADESA, en cuyo garaje de Saavedra nació hace 17 años la puntocom con sede en Delaware que se hizo gigante de la mano de eBay, llevó esa misma tarde su reflexión a Twitter: «Viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede 1) imitarla 2) salirse del Mercosur 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil», sintetizó. En solo 140 caracteres, el Mark Zuckerberg criollo catalizó así un debate que el Gobierno quería retomar recién en noviembre.

«Galperín se adelantó unos meses. Pero la verdad que estamos sintiendo la presión de Brasil como nunca», enfatizó ayer ante BAE Negocios una fuente oficial que participa de las negociaciones informales entre el Gobierno y los gremios. Las tratativas todavía no tienen un cauce ni una hoja de ruta precisos. Macri solo busca imprimirles un sentido: abaratar la mano de obra. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, volvió a verse cara a cara con la cúpula de la CGT la semana pasada. Pero en paralelo sigue negociando con sindicatos como el de la carne para que acepten flexibilizar sus condiciones de trabajo sin pasar por el Congreso.

Los empresarios que más personal emplean, a diferencia de Galperín, no recomiendan imitar a Brasil sino negociar con cada gremio evitando las imposiciones. El presidente de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, es uno de ellos. «La solución pasa por encontrar vías de diálogo para sobrevivir juntos con los gremios, independientemente de su signo político», dijo a este diario el industrial. El sindicato del neumático, con el que le toca negociar, no es especialmente concesivo. Bajo la conducción del kirchnerista Pedro Wasiejko obtuvo de las empresas una cláusula de participación en las ganancias. Ahora, con conducción trotskista, volvió a ser de los que reclamaron recomposiciones salariales más cuantiosas.

La Justicia también tendrá su rol en la primera reforma laboral del siglo XXI. No solo a través de fallos como el de la Corte Suprema que ratificó esta semana las indemnizaciones limitadas por la nueva ley de ART, sino también por el curso que sigan las causas penales que involucran a sindicalistas. Y el avance contra el fuero laboral, al que el Presidente alude abiertamente como una «mafia».

Los popes de la CGT mantienen latente la posibilidad de llamar a otro paro nacional a fin de mes, para después de las elecciones. Admiten por lo bajo que «no ven clima social» para llevarlo adelante si el oficialismo ratifica sus buenos resultados de las PASO, pero sostienen la amenaza para que cesen las intervenciones de gremios y los allanamientos de sus sedes en causas por corrupción. Macri se sabe fuerte en ese toma y daca. No en vano siguió el consejo de Jorge Triaca y echó a los dos hombres que había designado a pedido de la dirigencia sindical: Ezequiel Sabor y Luis Scervino. El exviceministro, vapuleado internamente por Triaca a raíz de su vertiginoso enriquecimiento y su ostentoso estilo de vida, negocia por estas horas la embajada que dejó vacante Miguel del Sel en Panamá.

Garantes
La Justicia tiene sus propios vericuetos. Otro fallo de la Corte que también leyó con fruición el mundo de los negocios fue el que rechazó el planteo de la familia de un chico discapacitado para que su obra social le reintegre el dinero gastado en tratamientos de alta complejidad. La decisión revirtió la que había tomado la Cámara en segunda instancia y favoreció a la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que administra indirectamente el supremo Ricardo Lorenzetti. No fue unánime, porque Horacio Rosatti votó en disidencia, pero sentó un precedente clave para las demás obras sociales, el corazón que bombea poder y dinero hacia los gremios más grandes. ¿Será parte del poroteo entre Macri y la mesa chica de la CGT?

En Tribunales, por supuesto, la desaparición de Santiago Maldonado es un tema más acuciante que la reforma laboral. Allí la comidilla fueron las declaraciones de Hernán Iglesias Illa, el comunicólogo de cabecera de Marcos Peña, quien anticipó el sábado en una entrevista radial lo que luego se volvió dogma oficial: la teoría de que «algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente» en medio de la represión del 1º de agosto. A la teoría, claro, le falta un detalle: cómo fue que el cuerpo del tatuador, si falleció en ese trance, jamás apareció.

Cultores de la ironía como pocos, jueces y fiscales seguían compartiendo hasta ayer por whatsapp el audio de Iglesias Illa. A alguien se le ocurrió ponerle de epígrafe la vieja garantía de los procesos penales: «Nadie está obligado a declarar contra sí mismo».

A quien conocen mejor que a Iglesias Illa en Tribunales es a Gonzalo Cané, el funcionario que envió Patricia Bullrich a intervenir la causa por la desaparición forzada de Maldonado una vez que Mauricio Macri le ratificó que seguiría siendo ministra. Secretario letrado de la Corte Suprema en uso de licencia, con rango de juez, Cané llegó a la cartera de Seguridad como secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. Luego pasó a manejar el área de Violencia Institucional. Él y Daniel Barberis, quien piloteó la heterodoxa «investigación interna» sobre los gendarmes que participaron ese día del desalojo de la ruta 40, son los principales blancos de la investigación por encubrimiento que pidió iniciar el fiscal Federico Delgado y que bloqueó solícito el juez Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado no discrimina: así como cajoneó durante años la causa por la manipulación de datos del INDEC que hizo el kirchnerismo, ahora ayuda a Macri a zafar del que amenaza con convertirse en el cisne negro de su campaña.

Francamente
A la llegada del halcón israelí Benjamín «Bibi» Netanyahu, quien aterrizó en Buenos Aires con empresarios de su país para hablar en público de startups pero que en privado se abocó a negocios menos disruptivos, como la venta de armas y sistemas de seguimiento, se solapó otra visita de Estado no tan llamativa pero de mayor impacto económico: la del paraguayo Horacio Cartes.

Viejo amigo de Macri del mundillo deportivo, presidente del club Libertad desde 2001 y de la Asociación Paraguaya de Fútbol entre 2006 y 2010, Cartes consiguió colarse en la candidatura argentino-uruguaya para organizar el Mundial de 2030. Al menos eso le prometió el mandatario argentino, porque Tabaré Vázquez todavía no lo aceptó.

En la reunión en la Casa Rosada que compartieron ambos presidentes también estuvieron los jefes de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, de Boca Juniors, Daniel Angelici, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Para completar el dèja vu solo faltaban Carlos Bianchi y Carlitos Tevez. A cambio de la gestión que prometió ante los uruguayos, Macri obtuvo de Cartes una concesión que espera que lo ayude a dar vuelta la derrota que sufrió en Santa Fe en las PASO. El paraguayo aceptó relocalizar la zona franca que su país tiene abandonada desde cuatro décadas atrás en la zona portuaria rosarina. Dejará lugar a espacios verdes y a nuevos desarrollos a la vera del Paraná.

No será la primera ni la última mano que le dé a Macri su antiguo socio comercial. En este año y medio ya supo colaborar con Patricia Bullrich en la muy promocionada campaña oficial contra el narcotráfico, si bien su país sigue siendo el principal productor del continente de marihuana para exportación. En ese caso, como en el de la zona franca y el Mundial, todos los intereses confluyen. En definitiva, a Cartes no se lo vincula tanto al tráfico de esa hierba como al contrabando de cigarrillos, que combate con menos ahínco y que compite con la marihuana por los mismos pasos fronterizos y las mismas barcaza.

Fuente: BAE