La Iglesia advirtió hoy que «la Argentina está enferma de violencia» y que «los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad», por lo que reclamó «un compromiso de todos en el respeto de la ley».
«Constatamos con dolor y preocupación que la Argentina está enferma de violencia. Algunos de los síntomas son evidentes, otros más sutiles, pero de una forma o de otra todos nos sentimos afectados», enfatizaron los obispos católicos.
A través de un documento dado a conocer hoy, el Episcopado advirtió que «los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad» y que «una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio».
Asimismo, pidió «reconocer que también son violencia las situaciones de exclusión social, de privación de oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de empobrecimiento estructural de muchos, que contrasta con la insultante ostentación de riqueza de parte de otros».
Tras advertir que «la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero cáncer social causante de injusticia y muerte», los prelados señalaron que «para construir una sociedad saludable es imprescindible un compromiso de todos en el respeto de la ley».
«Frente al delito, deseamos ver jueces y fiscales que actúen con diligencia, que tengan los medios para cumplir su función, y que gocen de la independencia, la estabilidad y la tranquilidad necesarias. La lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia. Algunos profesionales suelen utilizar de modo inescrupuloso artilugios legales para burlar o esquivar la justicia: también esto es inmoral», subrayaron.
Los prelados subrayaron que «son numerosas las formas de violencia que la sociedad padece a diario» y advirtieron que «muchos viven con miedo al entrar o salir de casa, o temen dejarla sola, o están intranquilos esperando el regreso de los hijos de estudiar o trabajar».
Al término de la 107 Asamblea Plenaria del Episcopado, que realizaron en la localidad de Pilar en cabezados por monseñor José María Arancedo, los obispos también señalaron que «no se puede responsabilizar y estigmatizar a los pobres por ser tales» y agregaron que «ellos sufren de manera particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos, aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias».
«También son violencia las situaciones de exclusión social, de privación de oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de empobrecimiento estructural de muchos, que contrasta con la insultante ostentación de riqueza de parte de otros. A estos escenarios violentos corremos el riesgo de habituarnos sin que nos duela el sufrimiento de los hermanos», subrayaron.
Además, advirtieron: «hemos endurecido el corazón incorporando estas desgracias como parte de la normalidad de la vida social, acostumbrándonos a la injusticia y relativizando el bien y el mal. Es creciente la tendencia al individualismo y egoísmo, de los cuales despertamos sobresaltados cuando el delito nos afecta o toca cerca».
Tras llamar a que cada uno «sane sus propias violencias», indicó que «muchos niños y adolescentes crecen solos y en la calle provocando el debilitamiento de los vínculos sociales». «Esto también repercute en la escuela. Episodios de violencia escolar se desarrollan ante la mirada pasiva de algunos hasta que es demasiado tarde. Muchos jóvenes ni estudian ni trabajan, quedando expuestos a diversas formas de violencia», dijeron.
En ese contexto, resaltaron que «la corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero cáncer social causante de injusticia y muerte».
«Desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo provoca ineficiencia en servicios elementales de salud, educación, transporte. Estos delitos habitualmente prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad. Son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la República, y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la falta de respeto a la ley. A ello se agregan mafias del crimen organizado sin freno dedicadas a la trata de personas para la esclavitud laboral o sexual, el tráfico de drogas y armas, los desarmaderos de autos robados, etc», agregaron.
Y al reclamar un respeto de todos los sectores a las normas enfatizaron que «sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son sancionados, podremos reconstruir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad».
También abordaron la situación de las cárceles, al remarcar que los presidios generan «en la sociedad la falsa ilusión de encerrar el mal, pero ofrece pocos resultados».
«El sistema carcelario debe cumplir su función sin violar los derechos fundamentales de todos los presos, cuidando su salud, promoviendo su reeducación y recuperación. Nos duele y preocupa que casi la mitad de los presos no tenga sentencia. La mayoría de ellos son jóvenes pobres y sin posibilidades para contratar abogados que defiendan sus causas», señalaron.
También destacaron que «ningún delito justifica el maltrato o la falta de respeto a la dignidad de los detenidos».