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Gonella está a cargo de la Procelac.
Por Rafael Saralegui
La mayoría de los medios prefieren contar las cosas por la mitad, que es casi lo mismo que no contarla. Algunos diarios titularon: “El fiscal Gonella, faltó otra vez a la indagatoria”. Se refieren al pedido de indagatoria ordenado por el juez federal Claudio Bonadio por presunta violación de secreto de una causa en trámite. Gonella recusó a Bonadío y esa cuestión aún está pendiente de resolución.
La mayoría de los medios no publican que la denuncia por violación de secreto la hizo la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, quien está siendo investigada por lavado de dinero, como una derivación de un causa en la que su pareja, el empresario Temes Coto, fue condenado a 20 años de prisión por el envío a España de 3,3 toneladas de cocaína escondidas en cajones de manzanas.
La jueza sostiene que la violación del secreto se produjo cuando el año pasado se publicó en la página Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación, el pedido de indagatoria contra ella y otras 30 personas, entre las que se encuentran Nelson Hinriksen y Claudio Maidana (los otros dos condenados en la causa Manzanas Blanca), además del mismo Temes Coto.
El pedido fue presentado por el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff, ante el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, a quien le pidió diversas medidas para «asegurar una efectiva dilucidación del hecho producido». La presentación se realizó a mediados del año pasado y algunas de las medidas solicitadas fueron autorizadas por el juez, quien aún no resolvió si llamará a indagatoria a los imputados, incluida la jueza Lanz.
La denuncia de Lanz fue activada por Bonadio, el juez que más teme el Gobierno debido a la causa que tramita contra la empresa Hotesur, la encargada de administrar los hoteles presidenciales. Lanz también denunció a Guerberoff que es el fiscal natural de la causa, ya que Gonella actúa en el caso como titular de la Procelac, como apoyo técnico.
Lanz sostiene que Gonella violó el secreto de la causa por haber difundido en su cuenta de twitter, la publicación en la página de la Procuración del pedido de indagatoria de la magistrada, su pareja, y del resto de los acusados. La defensa de Gonella fue asumida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostuvo que el hecho denunciado no constituye un delito, en un escrito presentado en febrero, por lo que debía cerrarse el expediente.
El organismo sostuvo que “la denuncia por “violación de secretos” pretende criminalizar la difusión de información sobre un funcionario del Estado relacionada con un asunto de interés público. Lo absurdo de la denuncia se torna evidente en el hecho mismo de que la denuncia de Lanz contra Gonella y las acciones del juzgado interviniente fueron difundidas por la página web del Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema, incurriendo en la misma conducta que la denunciante considera delictiva”.
No se trata de un caso menor. Está en juego la libertad de expresión, nada menos. Al respecto, el CELS añadió que “la restricción a las posibilidades de divulgar un contenido es un límite al derecho a expresarse. Además de la libertad de expresión, en este caso se pone en juego el acceso a la información en poder del Estado, un derecho fundamental de los individuos. De esta manera, la continuidad de esta causa sentaría un grave precedente para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro país”.
