Pese a las nuevas evidencias que se incorporaron en la causa, el fiscal Marcelo Colombo, se opuso hoy al cierre de la causa por el Memorándum con Irán.

Además pidió a los jueces que rechacen los planteos de inexistencia de delito de las defensas y ratificó que el caso debe llegar a juicio.

En similar sentido expuso el abogado de una de las querellas, por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Tomás Farini Duggan, quien por primera vez se presentó a la audiencia, que se extendió por seis jornadas y finalizó hoy.

En tanto uno de los procesados, el viceministro de Justicia de la Nación Juan Martín Mena, habló de manera directa al Tribunal para ratificar que hay «prueba nueva» sobre la inexistencia de delito.

Resolver la nulidad

Tras escuchar a todas las partes, los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini quedaron en condiciones de pasar a deliberar y resolver sobre el planteo de nulidad de la reapertura de la causa.

Estos es consecuencia de que se conocieron las reuniones que mantuvieron dos de los camaristas de Casación que lo decidieron, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el expresidente Mauricio Macri en 2016.

También decidirán sobre planteos de inexistencia de delito en base a lo que las defensas consideraron «hechos nuevos» que demostrarían que las circulares rojas de captura internacional a ciudadanos iraníes por el atentado siempre estuvieron vigentes, entre otros aspectos.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Colombo solicitó el «rechazo de las nuevas incidencias de excepción de falta de acción» y ratificó el «rechazo a la nulidad» de la reapertura de la causa.

Por su parte, el abogado Farini Duggan reclamó al Tribunal que se fije fecha de inicio al juicio, rechazó el cierre del caso y reiteró la acusación vinculada a la firma del Memorándum con el objetivo de hacer cesar las «circulares rojas» de Interpol.

La respuesta de Mena

Al responder a fiscalía y querella, el actual viceministro de Justicia Martín Mena, uno de los procesados en el caso, consideró «absolutamente falso» que las capturas hayan dejado de estar vigentes en algún momento.

El funcionario habló desde su despacho en la audiencia que se realizó a través de la plataforma virtual Zoom y enumeró cuatro puntos en su derecho a réplica a fiscalía y querella.

Sobre la prueba nueva, remarcó que «no se tuvieron en consideración las comunicaciones del canciller (Héctor) Timerman a Interpol ni la respuesta del director de Asuntos Jurídicos Joel Sollier donde quedó perfectamente claro cuál había sido el rol de las autoridades argentinas y cuál era la consideración jurídica de Interpol sobre el status de las alertas rojas», expresó Mena.

Respecto de los oficios de Interpol incorporados a la causa sostuvo que «esto es novedoso, es prueba nueva y es importante porque no fue ninguna de las partes, sino que fue incorporada por un organismo público internacional»

«Sobre la consideración de la querella sobre la vigencia del Memorándum, esto es absolutamente falso, no estaba vigente como dijo la querella», agregó Mena.

No es complejo

«No sólo no fue aprobado legislativamente» por Irán sino que «el propio texto preveía específicamente que la puesta en vigencia dependía del intercambio de notas verbales entre ambos Estados y eso nunca sucedió», agregó.

«En esta causa no se necesita ni siquiera una pericia muy compleja, las alertas rojas están vigentes, no necesitamos que lo diga ninguna pericia», dijo también en relación al paralelismo que hizo la fiscalía con la ya cerrada causa «dólar futuro».

A más de 9 años de la firma del fallido Memorándum, «las alertas rojas están aún vigentes» por lo cual «no hay perjuicio» al Estado, mencionó Mena quien era subsecretario de Políticas Criminales en 2013, cuando se firmó el acuerdo.

El funcionario exhibió en la audiencia la filmación de una audiencia en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados a la que acudió junto con el entonces canciller Héctor Timerman para explicar el contenido del acuerdo, que luego se ratificó por ley, remarcó.

Otros argumentos

Mena adhirió a los argumentos del defensor del procurador del Tesoro Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frías, quien lo precedió al exponer.

«Acá estamos hablando de un tratado que está facultado a hacer el Poder Ejecutivo, pasó por el Congreso que lo aprobó», sostuvo Fragueiro Frías.

La denuncia de Nisman por supuesto «encubrimiento agravado» a raíz del tratado que se firmó en 2013, la cerró por «inexistencia de delito» en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.

Esa decisión del juez de primera instancia la confirmó después por la Cámara Federal porteña y en mayo de 2016 por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que «no hubo delito»

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2016, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa.