La pelea entre la Justicia porteña y la empresa Uber, la plataforma de alquiler de vehículos con chofer a través de los celulares, no se detiene. Mientras siguen los reclamos del Gobierno de la ciudad para que la compañía se anote como corresponde, también continúan las investigaciones judiciales.
La Fiscalía de la Ciudad denunció a Uber Argentina por los delitos de evasión tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La evasión tributaria es sancionada con una pena de 2 a 6 años de prisión, mientras que el lavado de activos es reprimido con una pena de 3 a 10 años de prisión.
“En el marco de la investigación, llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se obtuvo información financiera de la firma Uber Argentina mediante un allanamiento a la oficina de Payment Collection SRL, que realiza los movimientos comerciales de la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes”, informó la Fiscalía.
La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía realizó un estudio de los movimientos de dinero efectuados por Uber en Argentina y detectó que la operatoria financiera podría incurrir en el delito de evasión tributaria tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Nación y posible lavado de activos de origen delictivo previsto por el artículo 303 del Código Penal.
A partir del informe elaborado por la Unidad de Investigación Penal Tributaria, el fiscal de Lapadú denunció a Uber por los delitos mencionados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
“Según el informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la firma Uber Argentina podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia habría evadido el pago de tributos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de 2.089.318,53 pesos, en concepto de Ingresos Brutos. Además se detectó que la empresa debió haber declarado al menos en el ejercicio anual de 2016 la suma de $3.656.307,43 en concepto de valor agregado (IVA)”, se informó.
La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) también corroboró que Uber Argentina realiza operaciones comerciales en forma ilegal al no encontrarse inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Uber obtiene su dinero mediante el cobro de los viajes de los choferes a través de tarjetas de crédito internacionales y por diferentes sistemas de pagos on line, y esos montos “son transferidos fuera del país en un 100 por ciento”. Según la investigación, una semana más tarde, Uber introduce nuevamente en el país, el 75 por ciento de ese dinero en el mercado local a través del pago a sus socios conductores mediante una empresa tercerizada, llamada Payment Collection SRL.
“Los documentos financieros de UBER ARGENTINA que fueron periciados permitieron confirmar que las sumas de dinero que maneja la empresa exceden acabadamente el monto de 300.000 pesos, por lo que se concluyó que las maniobras que realiza UBER ARGENTINA SRL podrían configurar también lavado de activos de origen delictivo previsto por el artículo 303 del Código Penal”, sostuvo la Fiscalía.
El martes 27, el fiscal Lapadú dispuso la extracción de testimonios a la justicia en Nacional en lo Penal Económico a fin de que se investigue la presunta evasión de tributos nacionales y en su caso los hechos susceptibles de ser tipificados en los términos del artículo 303 del Código Penal.
“Con esta denuncia en el fuero penal económico se cierra el circuito de la investigación financiera de Uber Argentina que arrojó delitos tanto a nivel local como a nivel nacional”, señaló el fiscal de Cámara Martín Lapadú.
Según la Fiscalía, los imputados son los directivos de Uber en la Argentina identificados como Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera, Mariano Xavier Otero, Soledad Lago Rodríguez, Miguel Roberto Rattagan.