Otranto es el juez federal de Esquel.

La decisión, que se venía analizando desde hace unos días, finalmente se concretó hoy: la familia de Santiago Maldonado recusó al juez federal de Esquel, Guido Otranto, a carga de la causa del hábeas corpus que se presenta el 2 de agosto tras la desaparición del joven en el predio mapuche del departamento Cushamen, en la provincia de Chubut.

La abogada Verónica Heredia, a cargo de la querella de la familia, pidió el apartamiento del magistrado «ante el nulo avance en la investigación sobre la situación de nuestro familiar», según dijeron en un comunicado.

La familia de Santiago pidió además:

• Resaltar la necesidad de acumular las causas donde tramita la desaparición forzada de persona de Santiago, para evitar más dilaciones y desvíos en la investigación sobre su paradero actual.
• Requerir la intervención de nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo.
• Ratificar el pedido de intervención de un Grupo de Expertos Internacionales de la ONU para colaborar en la investigación judicial. Hemos solicitado una medida cautelar a CIDH en relación a la urgente puesta en marcha de este grupo.
• Solicitar a los demás querellantes en la causa optimizar la coordinación con la familia y el equipo de investigadores que la asisten, a fin de evitar dilaciones en la tramitación de la causa.

La abogada pidió además que se acumulen las dos causas hoy en trámite: la de la desaparición forzada, a cargo de la fiscal Silvina Avila, y la del hábeas corpus que tramita el juez Otranto.

«La investigación de la presente causa debe alcanzar también, en principio y como mínimo, a los hechos que dieron origen el accionar de Gendarmería que finalizó con la desaparición de Santiago Andrés Maldonado«, dice la recusación, en referencia a la decisión del juez Otranto de ordenar el desalojo de la ruta el 31 de julio, un día antes de la desaparición de Santiago.

La querella cita la resolución del juez sobre el corte de ruta del 31, en la que asegura que «consta en varios expedientes judiciales radicados en este juzgado, que esta modalidad de protesta violenta viene siendo llevada a cabo por este grupo en la misma zona desde el año 2015, con episodios caracterizados por el alto nivel de agresividad hacia el personal de la fuerza de seguridad que concurre al lugar en reducido número y provisto únicamente con sus armas de fuego reglamentarias».

Para la querella, el mismo juez que ordenó el desalojo de la ruta el día 31 y que luego reprimió a los mapuches el 1° de agosto, ya sin orden judicial, no puede estar a cargo de la misma investigación por la desaparición de Santiago, ya que se considera que los dos hechos están vinculados.

La abogada Heredia también cuestionó que el juez Otranto haya dicho en un reportaje con varios periodistas que no pensaba citar al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pese a que el mismo funcionario estaba en la región el 31 de julio y según testigos estaba en la ruta el 1° de agosto cuando desapareció Maldonado.

«No sé qué habrán coordinado a nivel político en esa reunión del 31. A mí, en la reunión que tuve con Pablo Noceti acá, me reconfirmó lo que ya me había adelantado por teléfono el día anterior: que la Gendarmería y las fuerzas provinciales iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia», dijo el juez.

«El señor juez Guido Sebastián Otranto y la señora secretaria María Silvina Salvaré deben apartarse de esta causa. El análisis de la legitimidad de la orden impartida como sobre el control jurisdiccional que debió ejercerse en el cumplimiento del oficio 972/2017 no puede realizarse por el mismo juez que las impartió», sostuvo la querella.

La abogada recordó que el 4 y el 5 de septiembre declararon «4 personas que acreditaron la presencia de Santiago en el Pu-Lof el 31 de julio y 1 de agosto, que fue detenido por personal de gendarmería, que fue brutalmente golpeado entre tres gendarmes, que lo subieron a un camión de Gendarmería y luego traspasado a una camioneta que partió dirección sur como si fuera hacia Esquel. También quedó acreditado que desde el mismo 1 de agosto se denunció ante las autoridades que Santiago había sido detenido por Gendarmería Nacional».

Sostuvo además que esas declaraciones «se realizaron en el marco del acercamiento y confianza que los familiares hemos realizado con los miembros de la comunidad, y el gran compromiso y valentía que asumieron para encontrar a “su compañero” como llaman a Santiago».

Pero la querella advierte que el martes 12, el juez decide suspender las declaraciones testimoniales de otros testigos de la comunidad mapuche y decide citar a un grupo de gendarmes, luego de haberse reunido el domingo anterior con el secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

Para la abogada de la familia, «a la fecha hay una ausencia de investigación real que se vio facilitada ante la fragmentación de los hechos en causas diferentes y bajo direcciones diferentes, que permitió recolectar pruebas a espaldas de esta querella».

Sostuvo además que «la delegación en este caso de la desaparición forzada de Santiago fue y es totalmente inadmisible y contraria al debido proceso. La falta de dirección en este proceso permite que la autoridad denunciada como responsable de la desaparición forzada de Santiago, sea quien dirija la investigación y aporte las pruebas», en referencia a la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad.

«La Ministra de Seguridad, de quien dependen Gendarmería Nacional, en especial los Escuadrones de Gendarmería 36, 35 y 37, afirma públicamente que es esa fuerza quien aporta la prueba y que sale de su Ministerio. Los medios de información pública registran el contacto diario que tiene el juez Otranto con el enviado del Gobierno Federal. Todo, en el contexto de la negación de la desaparición forzada del Gobierno Federal», dice el escrito.

Tras la recusación, que puede ser rechazada por el juez, la querella puede recurrir a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien podrá confirmar al juez en la causa o separarlo y designar a un nuevo magistrado.