La denuncia de Elisa Carrió contra Daniel Angelici fue un terremoto en el interior del Pro. La diputada acusa al presidente de Boca de operar en los tribunales y de estar negociando el futuro de las causas de miembros del anterior gobierno.
Horas atrás el fiscal Federico Delgado imputó al binguero y pidió al juez Sebastián Casanello que lo cite a declaración indagatoria por tráfico de influencias. También pidió que cite al juez Oyarbide como testigo.
Quien está encantado con este contexto es el ministro Germán Garavano porque Carrió dice lo que el piensa pero nunca admitiría en público. Garavano se siente desplazado por Angelici, que opera como ministro sin cartera.
Es extraña la simbiosis entre Carrió y el ministro y que ya tiene un antecedente: la denuncia contra Ricardo Lorenzetti. El ministro está convencido de que el patrimonio del juez de la Corte es irregular, de hecho ya ha compartido esta inquietud con quien es su principal aliada en la Corte: Elena Highton de Nolasco.
La tercer pata es el fiscal Delgado que suele sumarse a estas movidas de Carrió. Cuando una legisladora de la Coalición Cívica denunció irregularidades en las cuentas del Consejo de la Magistratura y salpicó a Lorenzetti, quien activó el caso fue Delgado.
La situación tiene impacto en Comodoro Py. Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral están entre los beneficiados porque ambos trataron con Angelici y no terminaron bien. Bonadio lo tiene calificado como «un chusma».
Hacia el interior del Gobierno quien queda bien parado es Juan Mahíques, representante del Ejecutivo ante la Magistratura que comenzó a operar en la Casación y quiere reemplazar al Tano en los pisos de más arriba.
La indagatoria
«Trafica influencias quien las tiene. Sino, sería un vendedor de humo. En otras palabras, traficar influencias significa traficar el poder de inclinar la balanza para un lado o el otro, ya sea a través de favores, amistad o abusando de cualquier otra situación de privilegio», escribió Delgado en su dictamen.
Añadió que «la norma sanciona el mero hecho de jactarse de que la administración pública puede obrar de modo ilegítimamente direccionado y busca preservar la transparencia e imparcialidad de la función pública; siempre que, recordemos, la influencia sea real».
Para el fiscal, la declaración que prestó Carrió «en relación a los vínculos que Daniel Angelici posee con diversos miembros del sistema judicial por su condición de presidente del Club de Boca Juniors y persona de confianza al círculo presidencial, lo colocan en un lugar que lo ubica en el grado de sospecha».
Según Delgado, «la figura penal, además, no requiere un resultado específico. Basta con que se ofrezca la influencia. Finalmente puede ser autor de tráfico de influencias, tanto un particular como un funcionario público, siempre y cuando la presión no sea producto de una relación oficial sino que provenga de una relación personal, como ser, una amistad o una relación política, familiar, etc. Tal la exigencia técnica del tipo penal. Hay que desentrañar, así, si las acciones de Angelici son compatibles –o no- con dicho significado jurídico».