Por Oscar Oszlak

Durante la última dictadura, el intendente de Buenos Aires Dr. Del Cioppo afirmó en un reportaje: «Hay que merecer vivir en la ciudad, no cualquiera puede residir en ella». Ya su antecesor el célebre brigadier Cacciatore había iniciado la expulsión de los más de 200.000 villeros que residían dentro del perímetro de la ciudad, tarea que él completó. Desaparecieron así casi todas las villas existentes al producirse el golpe militar, y permanecieron en Buenos Aires alrededor del 5% de los pobladores villeros.

Los gobiernos democráticos no consiguieron asegurar a los sectores populares el acceso a la ciudad, y los asentamientos, villas y barrios informales volvieron a poblarse. Según el reciente relevamiento de la ONG Techo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen hoy 42 asentamientos de este tipo, en los que residen 82.585 familias. Multiplicadas por la media nacional de 4,6 miembros por familia, totalizan casi 380.000 habitantes. O sea, si la dictadura «resolvió» la cuestión villera desplazando a sus habitantes hacia el Gran Buenos Aires, las provincias del interior o sus países de origen, la democracia no sólo no les procuró un hábitat digno, sino que además promovió o hizo la vista gorda ante el veloz repoblamiento de estos barrios precarios. Hoy, uno de cada ocho habitantes de Buenos Aires reside en una villa o asentamiento popular, proporción muy superior a la registrada durante el gobierno militar.

En las áreas más marginales no existen redes de distribución de agua corriente, y la que se obtiene es escasa o se halla contaminada. Tampoco existen cloacas, desagües ni pavimentos. A veces ni siquiera luz eléctrica. El gas suele obtenerse sólo en garrafas. Los residuos se queman a «cielo abierto». No existen hospitales cercanos y las atestadas escuelas distribuyen sus aulas en varios turnos. El alumbrado público es deficiente y la vigilancia policial, casi nula. Vivir -o sobrevivir- se convierte en una fatigosa rutina. Obtener agua, hacer fuego, respirar aire puro, conservar la salud, viajar, educarse, gozar del tiempo libre, procurarse, en fin, aquellos elementos de la existencia cotidiana que definen la tan mentada «calidad de vida» pierden aquí la «naturalidad» propia de las áreas urbanas más privilegiadas.

Las políticas públicas han revelado su incapacidad para detener y, menos aún, revertir la situación de emergencia social resultante de la proliferación de estas modalidades de vivienda. Por momentos han alentado su desarrollo, ante la incapacidad para ofrecer desde el Estado soluciones habitacionales integrales y permanentes a los sectores pobres que buscan asentarse en la ciudad. En otros momentos promovieron su desalojo compulsivo, creando además fuertes restricciones de acceso al suelo urbano. En definitiva, la población residente en villas, asentamientos precarios y barrios populares ha continuado aumentando a un ritmo superior a la tasa de crecimiento vegetativo de la población.

Un primer requisito para comenzar a solucionar este grave problema, no sólo habitacional, ya que compromete todas las dimensiones de un hábitat sano y seguro, es conocer en profundidad la naturaleza y la dimensión del fenómeno. La dinámica de conformación y transformación de estos asentamientos tiene un ritmo muy superior a la de los barrios consolidados de las ciudades. Los censos nacionales de población son insuficientes para registrar y monitorear estos cambios a lo largo del tiempo y, por lo tanto, no suministran la base informativa necesaria para elaborar políticas integrales que permitan comenzar a resolver los aspectos más críticos de la cuestión.

Por eso, resulta altamente auspiciosa la aparición del Informe 2016 de Techo. Su rigurosidad metodológica y el uso inteligente de la tecnología le permitieron producir un relevamiento de la situación de villas y asentamientos informales que, por sus alcances territoriales y minuciosidad de los datos, no tiene parangón. La tarea desplegada por esta ONG permite ahora disponer de conocimiento, ya no sólo de informaciones precarias o datos aislados: acceso a energía eléctrica, agua, cloacas y eliminación de excretas, situación dominial, etcétera, Es el conocimiento profundo y sistemático de los problemas una condición ineludible para intentar su solución.

En este sentido, los gobiernos de las diferentes jurisdicciones, y sobre todo los municipios, deberían aprovechar la disponibilidad de esta nueva fuente de conocimiento sobre la penosa realidad de esta población, para poner en marcha políticas públicas necesarias para, al menos, comenzar a resolver sus aspectos más críticos. También deberían iniciar acciones destinadas a apoyar y a dar continuidad a los esfuerzos por mantener una base informativa permanente sobre la situación de estos asentamientos. Y hacerlo de manera rigurosa, creando mecanismos de coordinación y colaboración entre organizaciones públicas y privadas, comprometidas con la resolución de esta cuestión.

Si la tendencia hacia gobiernos abiertos, que hoy se está desarrollando en todo el mundo, implica una mayor transparencia de la información, una mayor participación de la sociedad civil y una mayor colaboración público-privada, la captura, sistematización y análisis permanente de los datos socioambientales de estas poblaciones, constituye un hito destacable en la dirección de una sociedad y un estado abiertos.

Investigador titular de Cedes, área política y gestión pública. Fuente La Nación