El presidente de la Corte tiene la última palabra.

La Corte Suprema de Justicia ya emite señales sobre la resolución que podría tener en sus despachos la disputa por la reforma judicial impulsada por el Gobierno. El tema dominó ampliamente el acuerdo de los ministros celebrado el martes por la mañana. Las causas relacionadas con el cepo cambiario y los nombramientos supuestamente irregulares en la Procuración General de la Nación fueron meros trámites procesales en un cónclave discreto, donde la política, como sucede hace meses, volvió a desplazar al derecho.

Si bien es cierto que la reforma al Consejo de la Magistratura acumula críticas y objeciones en el máximo tribunal, la norma que dispone la creación de nuevas instancias de Casación motiva los comentarios más ácidos entre los ministros.

Ocurre que, a diferencia de las modificaciones al Consejo que llevan a los jueces al terreno de la política electoral y partidaria, los nuevos cargos implican ascensos, manejo de recursos y no pocas influencias sin alejarse del Poder Judicial.

Genera malestar en la Corte que, por ejemplo, los principales referentes de la agrupación “Justicia Legítima” ya hayan anticipado, a veces en voz no tan baja, su desembarco en las nuevas casaciones.

“No deberían entusiasmarse demasiado ya que muchas veces estas cosas terminan en la nada”, se escuchó ayer en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Un secretario letrado recordó múltiples casos en fueros nacionales en los que se realizaron los concursos en el Consejo de la Magistratura, se eligió la terna en el Poder Ejecutivo, los candidatos se aprobaron en el Senado y finalmente nunca asumieron en sus juzgados por falta de instalaciones edilicias.

La infraestructura es una de las grandes asignaturas pendientes del Consejo de la Magistratura. En muchos casos los despachos se encuentran atiborrados y todavía nada se ha hablado de adquirir nuevos inmuebles para desplegar allí las flamantes cámaras de Casación. De hecho, hace tres años el Gobierno creo una estancia de Casación Penal  para la justicia ordinaria de la Capital. Nunca se puso en marcha y siempre se alegaron problemas de infraestructura.

La compra de inmuebles es uno de los grandes temas de pelea en el Consejo ya que generalmente, en la Comisión de Administración y Financiera, suele haber fuertes cruces por los modelos de licitación y luego todo tipo de arremetidas contra las empresas ganadoras.

Ayer uno de los ministros, quizás el más ofuscado con la reforma, mostró los dientes: “aún así este el edificio, estén los concursos y los fondos económicos, nunca se olviden que la firma final para habilitar una cámara es nuestra”. Cosechó varios guiños.

La señal fue críptica: las nuevas Cámaras de Casación serán el último tema a tratar en la Corte y no será necesario un gran debate jurídico (para los jueces es inconstitucional porque le quitarían celeridad  al proceso judicial) sino la denegación de un firma tan administrativa como determinante.