Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad dos planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que firmó el presidente Javier Milei el pasado 21 de diciembre.

La decisión se conoció la misma semana en que el gobierno oficializó los nombres de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar el máximo tribunal.

Uno de los planteos lo inició el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien promovió una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la “inconstitucionalidad” del DNU 70/2023.

En la acción pidió que se declare “la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución” y que de manera inmediata “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos”.

No hay causa

Sin embargo, la Corte resolvió rechazar in limine el planteo ya que entendió que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27”.

Además, los cuatro jueces no analizan el fondo del DNU sino que consideran que en la demanda “no se ha definido ningún interés propio de la provincia que se encuentre afectado de manera actual y concreta”.

“La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales”, sostuvieron y agregaron: “Sólo deben hacerlo cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada”.

“Como se ha explicado en decisiones más recientes, el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un ‘caso’ donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”, reforzaron.

El otro planteo

El otro planteo había lo presentó el abogado Jorge Rizzo, por derecho propio y en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, quien promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad integral de dicho decreto.

La acción tuvo un rechazo tanto en primera como en segunda instancia porque no se encontró la existencia de una “causa”, “caso” o “controversia” que corresponda al Poder Judicial de la Nación resolver en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional.

Rizzo presentó un recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja ante la Corte, que entendió “que el recurso extraordinario ha sido bien denegado” y  señaló que el actor (Rizzo) “no refuta la conclusión central del pronunciamiento recurrido de que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”.