Todos los integrantes de la Corte.

La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre el traslado de jueces durante el gobierno de Cambiemos, algunos de los cuáles fueron quienes convalidaron algunas de las decisiones más controvertidas.

Así lo resolvió hoy el Consejo de la Magistratura que aprobó hoy la revisión de diez traslados de jueces federales que no cumplieron con el trámite dispuesto en la Constitución, en una votación ajustada.

La Corte deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces, o por el contrario disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado estas designaciones.

El Consejo definió en el plenario, por siete votos positivos contra seis votos por la negativa, que los traslados de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata “no han completado el procedimiento constitucional”.

A partir de ahora, la Corte deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces o disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado esas designaciones.

Algunos casos

Entre los mencionados, se encuentra el juez federal de Lomas de Zamora, Villena, quien en su momento convalidó el espionaje en el Instituto Patria.

Este año Villena tuvo una de las causas por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, pero la Cámara Federal de La Plata lo sacó de la causa.

También se encuentran los casos de los camaristas Bertuzzi y Bruglia, quienes fueron trasladados desde tribunales orales federales hacia la Cámara Federal.

Ese tribunal, fue el encargado de revisar y convalidar lo hecho por jueces de primera instancia, como el fallecido Claudio Bonadio.

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La cuestión de los traslados había sido debatida en la comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

El consejero fue quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998 hasta la actualidad.

Ustarroz advirtió tres tipos de traslados en la justicia: los que respetaban lo exigido por la ley, los que habían hecho alguna salvedad en las exigencias y los que carecían del acuerdo del Senado, entre estos últimos, los diez casos que serán revisados.

Durante los últimos años

“Queremos echar luz sobre el instituto de los traslados, que entre 2015 y 2018, se hicieron muchos que no cumplen las reglas y no cumplen con el acto federal complejo que exige la Constitución”, dijo Ustarroz.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Pablo Tonelli  insistió en que el Consejo no tiene competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados.

Sostuvo que estas decisiones generaron efectos y derechos que solo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos.

“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli, en referencia al dictamen propuesto por el consejero Diego Molea.

Molea propuso que esos diez nombramientos fueran revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que preste su acuerdo.

“La Corte es muy clara, nos marca una directriz muy clara: se necesita un acto federal complejo para designar jueces”, expuso Molea.

El consejeo es representante del sector académico y fundamento su posición, ante sus pares en la reunión virtual que hoy desarrolló la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

Vista al Ejecutivo

La reunión fue presidida por la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, que habló de su incomodidad por encontrarse en la “ancha avenida del medio”.

Pero añadió que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento» y subrayó: «Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”.

Aclaró también que “jamás pondría» su voto «para poner o sacar a un juez» y explicó que sólo se está «consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.