Por Rafael Saralegui

Es un dato. En medio de la feroz embestida del gobierno nacional, ordenada por el propio presidente Mauricio Macri, contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien a partir de la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli descubrió una red dedicada al espionaje ilegal, la Corte Suprema de Justicia salió a respaldar al magistrado.

El respaldo se conoce en los términos cortesanos a los que están acostumbrados quienes transitan por los pasillos del Palacio de Justicia. Esta tarde se filtró una resolución firmada por los cinco jueces que integran la Corte, en la que se dispone la creación de dos cargos solicitados por el juez de Dolores, quien la semana pasada se lamentó en la Cámara de Diputados sobre la falta de elementos para investigar.

La resolución habilita hasta el 31 de mayo a dos nuevos cargos en el juzgado que encabeza Ramos Padilla desde 2011. Los cargos son para un secretario letrado y un jefe de despacho hasta la fecha indicada. Y se ordena a la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura que se habiliten los dos contratos a partir del 19 de marzo, hasta la fecha indicada. Además, le asignaron el uso de un vehículo Chevrolet Cruze, embargado por el juez federal Sebastián Casanello –en el marco de otra causa– y que estaba disponible para su uso por parte del máximo tribunal, según consignó Página 12.

La decisión de los supremos de habilitar los cargos pedidos por Ramos Padilla se conoce en la misma jornada en la que Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, encabezó el acto de apertura del año judicial, una moda que impuso su antecesor, Ricardo Lorenzetti, años atrás, para bajar línea a los jueces de instancias inferiores. En su discurso, Rosenkrantz trazó un duro diagnóstico sobre el Poder Judicial y la falta de confianza que representa en la sociedad.

Rosenkrantz se refirió a «la sospecha de que servimos a intereses ajenos al derecho», por lo que, señaló, «para recuperar la confianza debemos esforzarnos y demostrar que respetamos puntillosamente las reglas». Una declaración que admite varias lecturas, tanto por la causa que instruye Ramos Padilla como por la de los cuadernos, en las que las defensas se quejan por los aprietes a los imputados para convertirse en arrepentidos.

Y el respaldo de la Corte al juez se conoce también al día siguiente de que el Poder Ejecutivo presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura para pedir la destitución de Ramos Padilla por haberse presentado la semana pasada en la Comisión de Libertad de Expresión que encabeza Leopoldo Moreau. Una supuesta causal de mal desempeño que difícilmente vaya a encontrar eco en los representantes de los jueces que integran el Consejo.

En esa línea, el camarista federal de San Martín e integrante del Consejo y de la Comisión de Disciplina y Acusación, Alberto Lugones, manifestó al respecto: “No me gusta que los jueces sean perseguidos por estar investigando”. En ese sentido remarcó que “hay que dejar trabajar a los jueces libremente”. “No veo causales para la remoción del Juez”, agregó “Si es cierto lo que dice Ramos Padilla, es muy grave”, consideró.

La embestida del Ejecutivo contra el juez no tiene ningún disimulo. La semana pasada, Ramos Padilla reveló en el Congreso que había solicitado trasladar desde la cárcel de Ezeiza hasta su juzgado al falso abogado y operador judicial, Marcelo D’Alessio, para ampliar su declaración indagatoria pero que desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del ministro de Justicia Germán Garavano, le habían respondido «que no tenían ni iban a tener nafta hasta el 23 de marzo» para realizar ese viaje. Garavano fue el primer funcionario del Gobierno en descalificar al juez de Dolores, que tiene en sus manos la causa que, claramente, más inquieta al Gobierno.