La oficina local de Amnistía Internacional se presentó como amigo del tribunal (amicus curiae) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso de abuso sexual contra una niña que “pone en juego tanto su seguridad, bienestar y sus derechos, como los de su madre”.

El máximo tribunal debe decidir sobre el destino de Arcoíris y su mamá Ana Delfina Silva Zarranz, quienes han buscado refugio en la Ciudad de Buenos Aires desde junio de 2022, escapando de una situación de alto riesgo en la provincia de La Rioja.

La organización recordó que Arcoíris, nombrada así para resguardar su identidad, es una niña que relató haber sido abusada por su abuelo paterno y su progenitor en La Rioja y desde hace 6 años, junto con su mamá, buscan la protección del Estado, algo que en la provincia le negaron sistemáticamente ya que rechazaron las denuncias.

Los padres de la niña se separaron cuando ella era muy pequeña y cuando tenía dos años la madre denunció que su abuelo paterno abusaba de ella y que el padre oficiaba como “entregador”.

Antes de su traslado a Buenos Aires, Delfina Zarranz Silva buscó medidas de protección en La Rioja, incluyendo la suspensión del régimen de cuidados compartidos que habían sido ordenado por la Justicia provincial, pero las solicitudes fueron rechazadas.

Por el contrario, desoyendo el pedido de protección, Zarranz Silva se encuentra privada de la libertad, con prisión domiciliaria hace más de un año por “desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto con el progenitor denunciado”.

Actualmente, Arcoíris y su mamá, viven en la Ciudad de Buenos Aires, en donde la niña asiste al colegio, tiene amigos y vive segura ante el alto riesgo al que se encontraba en La Rioja.

En Buenos Aires, Zarranz Silva presentó una denuncia por violencia de género y familiar contra el progenitor de Arcoíris ante la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia en que se determinó la profunda vulnerabilidad a la que la niña y su madre se encontraban expuestas.

En el marco del expediente se desencadenó un conflicto sobre la competencia, en el que la Corte de la Nación debe definir si corresponde a la justicia de La Rioja o a la justicia nacional resolver en esta causa, en función de cuál de dichas ciudades puede ser considerada como el centro de vida de la niña.

De esta manera, el Máximo Tribunal debe determinar si Arcoíris debe vivir en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde la niña dijo que desea vivir, junto a su mamá. Una decisión contraria podría significar que la nena vuelva a La Rioja y su posible re-vinculación con aquellos a quienes ha denunciado por abuso sexual.

“Amnistía Internacional expresa una profunda preocupación ante el riesgo de que su regreso a La Rioja podría implicar un daño a la integridad psico-física de una niña que busca protección judicial, así como por la criminalización de una madre que busca protegerla”, dijo la organización.

“El Estado tiene el deber de garantizar el respeto al interés superior de la niña Arcoíris, la tutela judicial efectiva, y su acceso a la justicia. Estas son condiciones fundamentales   para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Con este caso, nuestra Corte Suprema tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a todas las niñas para que puedan confiar en la administración de justicia y se atrevan a denunciar la violencia sexual”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La entidad recordó que en la Argentina las cifras sobre casos de abuso son preocupantes: durante el periodo 2017-2023 se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

En el 83,9% de los casos los agresores pertenecen al ámbito de confianza de la víctima y en el 77,6% de los casos, las víctimas son niñas. A ello se suma que hay un subregistro de casos de abuso sexual contra las infancias.

Asimismo, la organización alertó sobre el deber del Estado de respetar la voluntad expresada por Arcoíris de residir en Buenos Aires, en cumplimiento de su derecho a ser escuchada y que su voz sea tenida en cuenta al dictar medidas que afecten su vida y su bienestar, conforme lo establecen los estándares internacionales que protegen a las infancias.