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La Corte bonaerense suspende la ley que limita las excarcelaciones

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) suspendió la aplicación de la ley 14.434, impulsada por el gobernador Scioli, que limitaba la excarcelaciones, hasta tanto se resuelva el planteo sobre su inconstitucionalidad.

Ambas medidas habían sido solicitadas  por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria (CPM), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y los defensores públicos de la provincia Julián Axat y María Fernanda Mestrín, por considerarla violatoria de la Constitución provincial y de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

El máximo tribunal provincial consideró que del texto de la ley podrá presuponerse la concesión a las fuerzas policiales de la facultad de incidir sobre la libertad de las personas, delicada potestad que sólo debe ser ejercida por un magistrado con las pruebas circunstanciadas y suficientes del caso sometido a su estudio, y que su aplicación podrá conducir en dirección contraria a la marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Verbitsky, en tanto allí se alerta a todos los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires acerca del uso excesivo de la prisión preventiva, instando a revertirlo.

La norma, que reforma el sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegitima de armas de fuego, fue promovida por el gobernador Daniel Scioli y posteriormente aprobada por la Legislatura provincial el 13 de diciembre pasado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables y que la única posibilidad de privar de libertad a un individuo sin condena es por la acreditación de peligro procesal.

Esta medida cautelar se orienta a proteger a ciertos sectores especialmente vulnerables de los barrios populares, sobre los que este tipo de legislación tiene un impacto muy profundo ya que son quienes sufren la persecución y el hostigamiento policial de forma cotidiana. La Suprema Corte envía así un fuerte mensaje a los jueces de la provincia de respeto a las garantías constitucionales y, a la vez, cumple con su primordial función de control de constitucionalidad en cuestiones de libertad.


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