MenúMientras negocia avales del Gobierno para aumentar los sueldos de los empleados judiciales, la Corte Suprema de Justicia espera recibir una batería de pedidos de per saltum para que el máximo tribunal se expida sobre la constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura que será aprobada mañana en el Congreso.
Los tiempos son escasos: el Poder Ejecutivo tiene hasta el 13 de este mes para convocar a las elecciones primarias simultáneas. El recurso que revivió a fines del 2012, cuando fue reglamentado su uso mediante una ley, como una derivación de la Ley de Medios, podría terminar como un boomerang perfecto contra el oficialismo.
El tema dominó las conversaciones de esta mañana en el Palacio de Tribunales. Los ministros siempre entendieron a la reforma judicial impulsada por el Gobierno en dos dimensiones: los aspectos judicializables (Consejo de la Magistratura, amparos, concursos) y las cuestiones relacionadas con la administración del Poder Judicial. La táctica se respetó a rajatabla: silencio absoluto sobre lo primero para evitar recusaciones y negociaciones subterráneas sobre lo segundo.
Lorenzetti no habló públicamente sobre los proyectos del Ejecutivo.
Pero la etapa del silencio parece llegar a su fin, no por la voluntad de la Corte, donde prefieren que el tema pierda temperatura en las instancias inferiores, sino por el ajustado calendario electoral que insta a presentar los candidatos a las elecciones primarias donde deberían constar los nombres de los aspirantes a ocupar cargos en el Consejo.
Esta urgencia podría hacer que el máximo tribunal se decida a aceptar recursos de per saltum. Este instrumento no tiene buena acogida en la Corte porque los jueces prefieren trabajar sobre causas completas y no sobre elementos parciales.
La reforma del Consejo, tanto en lo referido a la elección de sus integrantes como a las mayorías necesarias para la remoción de jueces, tiene altas chances de sucumbir ante el filtro de constitucionalidad que aplicará el tribunal. Jueces, abogados y dirigentes de la oposición lo saben y por eso la intención de recurrir en queja. El Gobierno también conoce esta realidad y tampoco descarta acudir a la Corte ya que aspira a lograr una definición de los ministros.
La tensión irá en aumento. El aumento del 10% para los empleados judiciales y la resolución por la apelación final de la Ley de Medios son elementos que distintos funcionarios han mencionado para llevar a una eventual mesa de negociación con Ricardo Lorenzetti.
No han tenido éxito y respecto de la causa que involucra al Grupo Clarín la respuesta fue desalentadora: “el fallo de la Cámara Civil y Comercial es tan redondo que tiene muchas chances de terminar siendo confirmado”, dijo una fuente cercana a la Corte. Traducción: la empresa no se desprendería de prácticamente nada, solo de algunas licencias radiales.
Señales de tiempos turbulentos, como la que dio el juez Eugenio Zaffaroni, el más cercano al kirchnerismo, la semana pasada, cuando cerró su despacho para partir a con destino a Roma, durante un mes, a dar clases.
