Por Javier Sinay.

El 28 de agosto, la ciudad de Buenos Aires tendrá su primer juicio por jurados. Se trata de un caso real simulado, en vistas a los primeros pasos en el camino hacia la instauración oficial de un modelo procesal que, según algunos, es una vieja deuda pendiente de la justicia porteña y también de la nacional.

En este caso, el juicio se realizará en las salas de audiencias de los tribunales de Beruti y Coronel Díaz, en el Barrio Norte, y la convocatoria para los vecinos que ejercerán el rol de jurados se realizará a través de publicaciones y avisos en los CGP y en los medios. Allí se juzgará un caso de violencia de género ocurrido en Puerto Madryn, cuya imputada fue una mujer llamada Josefa González, separada de su marido y víctima de maltratos, que recibió al hombre en la fiesta de 15 años de la hija que ambos tenían. En esa ocasión, González y su marido discutieron hasta que el hombre cayó herido de bala. Poco tiempo después, murió. La señora González fue imputada y condenada. El juicio se ha repetido como experiencia piloto de jurados en varias ciudades del país: casi siempre, González resultó absuelta. Ahora, doce vecinos porteños tendrán la tarea de decidir, una vez más y en simulacro, acerca de la responsabilidad de la señora González.

La experiencia del 28 de agosto se dará al tiempo que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprueba por unanimidad dos proyectos (autoría del consejero Gustavo Letner) con miras a la instauración del juicio por jurados. Uno establece la realización de simulacros; el otro, la elaboración de un texto base para un proyecto de ley.

El juicio por jurados es una vieja deuda a nivel nacional.

“Todo viene muy bien encaminado: no se trata de una cuestión voluntarista, sino de algo bien planificado”, considera ante Crimen y Razón Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Políticas (INECIP). “El Consejo de la Magistratura inauguró una oficina de jurados y empezó por donde se tiene que empezar ante un proceso de transformación. Ahora se están investigando los costos, el rediseño de las salas, las cuestiones estructurales, los sorteos en padrones de los jurados; todas situaciones operativas muy importantes que normalmente quedan fuera de un proceso legislativo y que asegurarán que cuando finalmente sea sancionada una ley ya esté todo planificado”.

El juicio por jurados está mencionado en la Constitución Nacional de 1853, pero nunca fue implementado, salvo casos aislados. En la provincia de Córdoba, este modelo procesal funciona hace nueve años. Hace un tiempo, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia cordobés difundió un informe estadístico que señala que entre 2005 y 2011 hubo 215 procesos penales resueltos con participación popular; en 33 de esos casos (15,35%) el veredicto fue absolutorio, mientras que hubo 182 condenas (84,65%). En el sistema cordobés se selecciona un total de doce jurados por juicio (ocho titulares y cuatro suplentes), y participaron activamente de este sistema de enjuiciamiento 2580 ciudadanos, lo que implicó un gasto de 28.971 pesos por juicio durante el año 2011, incluyendo gastos de convocatoria, dieta a jurados y sueldos del personal judicial afectado a esas tareas. A la vez, en Neuquén se ha establecido recientemente la elección par a par de magistrados, la oralización completa de los procesos y el juicio por jurados.

El consejero Gustavo Letner consideró también que, aparte del basamento constitucional, “hay un renacer del juicio por jurados, que es un tema que ha vuelto a estar presente en la agenda pública, y de hecho, varias provincias han promovido diversos proyectos de ley, entre ellas Neuquén, la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Corrientes, y en ese sentido entiendo que la Ciudad de Buenos Aires no puede estar ajena a considerar su implementación”.

Para Harfuch, de la AAJJ, “el juicio por jurados es la manera que tiene el pueblo de intervenir directamente en el Poder Judicial: al no haber jurado, el Poder Judicial es el único poder en el que no interviene el pueblo y así están las cosas. No por casualidad, el 99% del pueblo no confía en la Justicia”.