La reunión con los organismos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó hoy al gobierno argentino a que adopte todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Chubut desde el 1° de agosto, después de la represión de la Gendarmería a un grupo de mapuches.

La CIDH solicitó al gobierno argentino que «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal» y que además «informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar», adelantó el diario Página 12.

El expediente en la CIDH se había abierto a pedido de la organización Naturaleza de Derechos por la represión sufrida por la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 10 de enero, y las constantes acciones persecutorias contra esa comunidad en Chubut. En ese trámite se sumó la situación de Maldonado, quien está desaparecido desde la intervención de la Gendarmería en una zona de terrenos en disputa con la empresa Benetton y la comunidad mapuche.

«La medida dictada por la CIDH en las últimas horas le dice al Estado que debe responder en 10 días, contados a partir de ayer 22 de agosto, con informes periódicos sobre las acciones que despliegue para conseguir la aparición con vida de Maldonado«, añade el diario.

El Gobierno argentino respondió ante el requerimiento de la CIDH que ya tomó nota de una acción similar que se inició en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que además hay una investigación interna en curso por la suerte de Maldonado, de 28 años.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negó a considerar que el caso de Maldonado sea una desaparición forzada, porque a su juicio no hay constancias de que haya sido detenido por la Gendamería, como denunciaron tres testigos de la represión de la fuerza de seguridad a la comunidad mapuche.

Ayer hubo una reunión entre Bullrich, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario Claudio Avruj con representantes de una decena de representantes de organismos de derechos humanos, quienes le reclamaron a los funcionarios por la desaparición de Maldonado.

Pero el encuentro terminó de la peor manera. El Gobierno sostuvo que no hubo colaboración de los organismos y la respuesta fue que el Gobierno se negaba a reconocer que la Gendarmería se había llevado a Maldonado el 1° de agosto, como dijeron tres testigos de la represión.

Los testigos dijeron que Maldonado había sido llevado por efectivos de la Gendarmería y subido en una camioneta blanca de la fuerza de seguridad. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó allanamientos en destacamentos de la Gendarmería pero sin éxito.

Durante la reunión, Taty Almeyda les dijo a Garavano y a Bullrich la decepción que la embargaba porque no aceptaban considerar la situación de Maldonado como una desaparición forzada. Después, Ángela Catalina ‘Lita’ Paolin de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas les dijo que se iba con la convicción de que ellos sabían lo que había ocurrido con Maldonado.

Ese comentario fue aprovechado por Bullrich para levantarse y dar por terminada la reunión.