El expresidente Mauricio Macri declarará este jueves ante la justicia federal de Dolores luego de que se lo acusara de ordenar el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

La nave se hundió a fines de 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo con 44 marinos a bordo.

Macri tiene cita a las 12 ante el juez subrogante Martín Bava, quien hoy tuvo el respaldo de la Cámara Federal de Mar del Plata.

El tribunal rechazó hoy, a horas de la indagatoria, la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje.

Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde mesura, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación.

El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria prevista para mañana, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención.

Se va la primera

Será la primera indagatoria que afronte el expresidente Macri desde que dejó la Casa Rosada, aunque ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.

Desde Juntos por el Cambio, distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich, convocaron a través de redes sociales a movilizarse mañana a las 11 horas a la Plaza Castelli, en Dolores, para «bancar a Mauricio».

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan «desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno».

Se lo acusa de ordenar, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, «la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».

Datos personales

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», reza la imputación que leerá mañana el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Las acciones ilegales «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», se indicó en la imputación.

El expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y sostuvo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la casa militar.

Lo primero que dijo fue que el juez Bava es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».

La denuncia

A pesar de que Macri afirmara que la de mañana fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Por otra parte, Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no surgieron de  la Casa Militar sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que prohíbe la Ley de Inteligencia.

«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron», sostuvo el juez en la imputación de Macri.